Magdalena Gómez
Como sabemos, está por
comenzar el periodo de gobierno de Andrés Manuel López Obrador y, como
también sabemos, el Congreso de la Unión ya está formalmente instalado
con amplia mayoría de Morena. Tiene sentido la distinción para colocar
la mirada en dos iniciativas del senador Ricardo Monreal, cuyo contenido
y posible destino arroja luces y sombras sobre el alcance que tendrá un
Poder Legislativo hegemónico frente a un titular del Ejecutivo que
sustenta su fuerza en los 30 millones de votos que recibió en julio y
aspira a lograr lo que ha denominado la cuarta transformación. Está en
juego el principio de división de poderes y la orientación que
prevalecerá.
El pasado 23 de octubre, el senador Monreal, en nombre del grupo de
Morena, presentó una iniciativa que propone la abrogación de la actual
Ley Agraria y la expedición de la Ley para el Desarrollo Agrario. La
exposición de motivos se sustenta en el marco constitucional vigente,
esto es, la contrarreforma salinista de 1992 al artículo 27
constitucional y su corolario peñista con la energética de 2013. El
impecable sustento jurídico confirma el mensaje de Morena de que no
tocará tan cuestionadas reformas por parte de campesinos e indígenas y a
la vez tan festejadas desde el capital nacional y trasnacional.
La Ley Agraria vigente corresponde al espíritu de la contrarreforma
de 1992. Ahora, consideró Morena, habrá que armonizar con la de 2013,
esto es, darle continuidad. Como claramente analizó y denunció el
abogado Carlos González, del Congreso Nacional Indígena (La Jornada,
3/11/18), el propósito central es reforzar los mecanismos para la
privatización de las tierras ejidales y comunales y la destrucción de la
propiedad social.
Se trata, señaló, de otra reforma estructural neoliberal que
convalida poner la producción de hidrocarburos, de energía eléctrica y
minera por encima de cualquier otra. Se reforzó el rol de la tierra como
mercancía y colocó los ejemplos respecto a los contratos de usufructo,
los derechos a la asociación, a la enajenación de las tierras ejidales,
al dominio pleno, el otorgar las tierras en garantía, así como las
modalidades para participar en proyectos de inversión pública y privada o
aportar tierras ejidales y comunales a sociedades mercantiles o
civiles.
En ese sentido se pronunció la Red Mexicana de Afectados por la
Minería, al considerar la iniciativa como amenaza para los derechos de
los pueblos, que propicia la penetración de los capitales de inversión
en los núcleos agrarios, como son las industrias extractivas, los
proyectos energéticos, la urbanización y los agronegocios.
Dirigentes campesinos, indígenas y afromexicanos del movimiento
campesino Plan de Ayala Siglo XXI presentarán en el Senado una
contrapropuesta de Ley Agraria. Resultan naturales las posturas críticas
expresadas, que también datan de tiempo atrás. Primero, con sorpresa,
nos preguntamos cuál fue el telón de fondo de dicha iniciativa y
observamos la velocidad para redactar una ley, luego vimos que se
retomaron elaboraciones previas para introducir su armonización con la
energética y colocar el tema de inversiones.
¿Cuál es la prisa? No sabemos, pero sí fue un indicador el que PRI,
PAN y PRD la respaldaran (boletín 513 del Senado), claro, pues fueron
los que aprobaron las de 2013. Parece una suerte de neopactito por
México. Lo más destacable fue, sin embargo, el silencio desde todos los
espacios del próximo gobierno: Sedatu, Sagarpa, Procuraduría Agraria y,
por supuesto, el presidente electo. ¿Respeto a la autonomía del Senado?
Queda en el aire la ausencia de postura en un tema crucial. La
siguiente iniciativa monrealista , hace cinco días, marcó el contraste:
trata de la eliminación de comisiones que cobran los bancos por
servicios financieros, las cuales representan, en promedio, 30 por
ciento de sus ingresos . El solo anuncio causó pérdidas millonarias en
el valor de los bancos que cotizan en la Bolsa Mexicana y desplomó el
mercado bursátil .
Esta vez el presidente electo declaró que respeta al Senado, pero
desde su campaña dijo que no se harían reformas fiscales los primeros
tres años.
Al presidente de la República, cuando esté en funciones sólo le
quedará el espacio del veto para no publicar la reforma si se aprueba en
ambas cámaras. Ya en el escenario de virtual deslinde y abierta
contradicción, en el Senado se ha matizado, señala que no se aprobará
sin antes dialogar con los bancos. Cuestión que debería ser previa y que
en el caso agrario e indígena también se omitió, ni diálogo ni
consulta, como apunta el Convenio 169 de la OIT. La reacción
diferenciada del presidente electo, ¿sería porque no afectan la bolsa
mexicana, o porque la tierra como mercancía favorece al capital?
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