Aseguran que el Tribunal rechazó una prueba clave
Integrantes
del Parlamento Europeo se mostraron preocupadas por el juicio contra
los presuntos asesinos de la defensora de Derechos Humanos indígena
lenca, Berta Cáceres. Este 13 de noviembre dirigieron una carta abierta
al presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, al Fiscal General de
la República, y a las y los integrantes del Tribunal de sentencia que
revisa el caso, entre otras autoridades.
En su misiva, las y los parlamentarios lamentaron que en el juicio
contra ocho personas imputadas como autores materiales del asesinato de
la defensora y el intento de homicidio del ambientalista mexicano
Gustavo Castro, quien estaba visitando a Berta el día de los hechos y
sobrevivió, hay faltas de debida diligencia y transparencia.
Las y los diputados se refirieron en parte al informe emitido en
noviembre 2017 por el Grupo Asesor Internacional de Personas Expertas, y
en parte a nuevos acontecimientos desde el inicio de las audiencias
orales, el 17 de septiembre 2018.
Entre las vulneraciones graves del debido proceso destacaron que se
negó a la familia acceder a las pruebas recabadas porque el Ministerio
Público negó el acceso a la investigación en más de treinta y cinco
ocasiones; así sucedió aun cuando el Tribunal ha ordenado a esta
institución que se entregue dicha prueba.
Además, desde 2016 el Ministerio Público decomisó pruebas importantes
(entre teléfonos, tablets, computadoras y un arma) pero en agosto de
2018, a un mes de iniciar el primer juicio, reconoció que no había
analizado la mayoría de estos elementos.
Las y los diputados consideraron que hay prueba disponible sobre las
cuales no se conoce su contenido. Pese a este incumplimiento, el
Tribunal a cargo del proceso no ha obligado al Ministerio Público a
rectificar sus actuaciones.
Otra vulneración al debido proceso es que el Tribunal que analiza el
caso rechazó considerar como víctima al Consejo Cívico de Organizaciones
Populares e Indígenas de Honduras (Copinh) pese a que los hechos
demuestran que el asesinato de Berta tenía como objetivo debilitar a la
organización. Aun así el Tribunal alegó que no hubo ningún daño
financiero a la organización.
“Está decisión contraviene estándares internacionales”, denunciaron
las y los políticos europeos, quienes además criticaron los límites a la
publicidad del proceso, ya que el Tribunal negó a la familia de Berta
la autorización para que las audiencias fueran transmitidas
públicamente, “contraviniendo principios fundamentales en un Estado de
derecho”.
En la carta recriminaron al Tribunal que rechazó una prueba clave: La
representación legal de las víctimas aporto una prueba relevante que
comprobaría el funcionamiento de la estructura de poder que ordenó el
asesinato de Berta, así como hechos previos al asesinato que
constatarían los ataques, actos de hostigamiento y amenazas en contra
del Copinh y de Berta. “Esta prueba no ha sido admitida por el
Tribunal”, concluyeron.
Como otra vulneración al debido proceso, enlistaron el rechazo de la
ampliación de los cargos contra los imputados, ya que el plazo máximo
de prisión preventiva para cinco de los acusados venció el 2 de
noviembre y el juicio se pospuso una y otra vez.
La representación legal de la familia Cáceres presentó otra acusación
por el delito de asociación ilícita, contra las personas imputadas
debido a las evidencias de los múltiples actos delictivos previos y
posteriores al asesinato por parte de socios, directivos y empleados de
las empresas DESA. El Ministerio Público hubiera podido prolongar la
prisión preventiva por este otro delito pero no lo hizo.
Las y los diputados se mostraron preocupados por la exclusión de la
representación privada de las víctimas del proceso. Esto pasó el 21 de
octubre cuando a pesar de un amparo presentado, el Tribunal inició la
audiencia oral. Acto que fue considerado ilícito por los representantes
de las víctimas que no se presentaron a la audiencia.
Sin embargo, el Tribunal procedió declarando que éstos habían
abandonado el proceso e imponiendo al Ministerio Público como único
representante de las víctimas. “La decisión del Tribunal de imponerle a
las víctimas al Ministerio Público como su representante no respeta la
garantía del debido proceso”, advirtieron las y los integrantes del
Parlamento Europeo.
Es por lo tanto que invocaron a las autoridades hondureñas a
garantizar la transparencia y publicidad de juicio, garantizar el
derecho de las víctimas a ser representadas por una acusación privada,
garantizar que el MP de acceso a la información, y asegurar el
procesamiento de los autores intelectuales del asesinato de Berta
Cáceres.
Cabe señalar que según medios locales, la Secretaría de la Corte
Suprema de Justicia (CSJ) de Honduras determinó el pasado 5 de Noviembre
que ninguno de los imputados podía salir libre porque “aún no concluye
el tiempo de prisión establecida”.
El Ministerio Público solicitó a la Corte hacer el cálculo final de
los días que los imputados habían pasado en prisión preventiva, ya que
este periodo presuntamente vencía el 2 de noviembre. La CSJ concluyó que
deberían de permanecer en prisión y no precisó ninguna otra fecha para
que
CIMACFoto: César Martínez López
Por: la Redacción
Cimacnoticias | Ciudad de México.-
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