Denuncian 18 órdenes de aprehensión sin fundamento
Por
tercera vez, en menos de 2 semanas, integrantes de la Iniciativa
Mesoamericana de Mujeres Defensoras (IM-Defensoras) denunciaron la
violencia estatal y paramilitar contra defensoras ambientales, en
particular de Miriam Janeth Mejía Cruz y Lourdes Gómez Rodas, quienes
llevan más 82 días junto a la sociedad civil hondureña en un campamento
para defender el derecho al agua.
Desde el mes de agosto el campamento se instaló en la comunidad de
Guapinol, en Tocoa, Colón con el fin de frenar las acciones de la
empresa minera Inversiones “Los Pinares”, la cual busca explotar el agua
de los ríos San Pedro y Guapinol para extraer los minerales en las 200
hectáreas del Parque Nacional “Carlos Escaleras Mejía”, lo que pone en
riesgo la vida de más de 900 habitantes y los ecosistemas de esta
región.
Por estas acciones la población hondureña y en específico las
defensoras han sido víctimas de estigmatización, persecuciones,
criminalización y agresiones por personal de la empresa minera “Los
Pinares” en presencia de contingentes policíacos y militares hondureños,
sin que éstos intervengan, lo que ha dado como resultado la muerte de
una defensora la semana pasada, aseguraron organizaciones de este país.
Integrantes de IM-Defensoras declararon que temen por la seguridad e
integridad de las defensoras Mejía Cruz y Gómez Rodas, quienes han sido
agredidas desde antes de su participación en el Campamento Guapinol,
ejemplo de ello, dijeron es la orden de detención, sin fundamentos,
contra ellas y otras 16 personas defensoras a quienes el gobierno
hondureño amenazó con detener y encarcelar de no desalojar el
campamento.
En un comunicado, las integrantes exigieron al gobierno de este país
el cese inmediato de cualquier acción orientada a difamar o violentar a
las personas integrantes de la Fundación San Alfonso Rodríguez,
organización que participa en el campamento, de la directora de éste,
Juana Esquivel y de las defensoras Miriam Janeth Mejía Cruz y Lourdes
Gómez Rodas.
Resaltaron que harán responsable al gobierno, a cargo de Juan Orlando
Hernández y al personal de la empresa “Los Pinares” de cualquier acto
violento que les suceda a las defensoras y a las personas que integran
el campamento, además, hicieron un llamado a la comunidad internacional
para que se mantenga al pendiente del caso y brinde apoyo a la Fundación
San Alonso Rodríguez y a la resistencia del campamento.
Datos del Informe “Defender para vivir” de la IM-Defensoras, indican
que entre los años 2016 y 2017 se registraron mil 132 agresiones contra
defensoras, entre ellas uso excesivo de la fuerza, amenazas,
intimidación, detenciones arbitrarias y desprestigio a su labor, las
cuales fueron cometidas principalmente por desconocidos, policías y
militares.
CIMACFoto: César Martínez López
Por: Aline Espinosa Gutierrez
Cimacnoticias | Ciudad de México.-
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