Prevenir un feminicidio
Desde
hace una década la violencia contra las mujeres en la capital del país
obligó al Estado a tomar acciones para salvaguardar sus vidas y evitar
que las agresiones terminaran en feminicidio, por lo que se crearon las
órdenes de protección, política que debe ser fortalecida.
El movimiento feminista advertía que la primera estrategia para
prevenir el asesinato de las mujeres a manos de sus parejas era
brindarles protección, por lo que en 2008 plasmaron esta premisa en la
Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.
En la ley se establecieron las órdenes de protección, medidas
diseñadas a fin de prevenir, interrumpir o impedir que se cometiera un
crimen en el ámbito familiar. Las órdenes son acciones que van desde
prohibir que el agresor se acerque a la víctima hasta otorgar protección
policial a las mujeres.
También existen las órdenes de carácter civil para salvaguardar el
patrimonio de las víctimas como suspender temporalmente al agresor del
régimen de visitas con sus hijos; prohibirle enajenar o hipotecar bienes
que se tengan en concubinato, y obligarlo a dar alimentos a la familia.
Estas medidas se solicitan y las emiten juzgados a la Procuraduría
General de Justicia capitalina a través del Centro de Apoyo a la
Violencia Intrafamiliar (Cavi); sin embargo lo que debería ser una
acción rápida para salvaguardar la vida de las mujeres, es una medida
que muchas veces arriesga su seguridad.
Datos de la Dirección de Estadística del Tribunal, recopilada con
base en información de los juzgados penales, indica que en 2015
ingresaron al Tribunal Superior de Justicia 2 mil 454 solicitudes de
medidas de protección, de las cuales el 85.6 por ciento fueron
concedidas.
PREVENIR LA VIOLENCIA DE GÉNERO
En principio las mujeres desconocen que tienen derecho a exigir
protección, una vez que lo saben, desconocen a qué instancias ir y si ya
están en el Ministerio Público por una denuncia de violencia familiar,
allí comienzan los obstáculos, afirmó en entrevista la coordinadora del
Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF), María de la Luz
Estrada.
Ejemplo de ello es Gloria. Hace 5 años fue amenazada por su pareja.
El padre de sus hijos le apuntó con un arma de fuego. No denunció porque
tenía mucho miedo, así que optó por divorciarse pero él siguió
violentándola.
El último incidente- contó en entrevista- fue en octubre pasado. Su
expareja intentó atropellarla cuando recogió a su hija de 8 años de la
escuela. Él le lanzó un ultimátum: “Vas a valer madres el fin de
semana”. Gloria oprimió uno de los botones de pánico que se encuentran
en los postes de las calles. No recibió respuesta.
Esa vez sintió que era hora de buscar protección y acudió al
Ministerio Público (MP) de la alcaldía de Cuauhtémoc para denunciar
violencia familiar y pedir una orden de restricción.
Acorde a la ley las órdenes de protección de emergencia son emitidas
de forma inmediata, mientras las civiles las deben dictar los jueces
dentro de las 6 horas siguientes a partir de que son solicitadas.
Ambos tipos de órdenes tienen una temporalidad de 72 horas con la
posibilidad de prorrogarse por otros 30 días y de no cesar la violencia
pueden mantenerse con una revisión trimestral para sustentarlas pero las
autoridades no siempre actúan a tiempo para atender la urgencia.
En el caso de Gloria, cuando llegó al MP en cinco ocasiones le
hicieron repetir datos como domicilio y nombre del agresor. Cuando
intentó explicarles que tenía 13 años de vivir violencia, la MP le dijo
que los otros actos no eran importantes y “no todos cabían en la hoja
de denuncia”.
Pese a su temor de perder la vida, le dijeron que regresara en una
semana pues no había personal para emitir la orden de restricción de
emergencia porque “estaban de vacaciones”. Tampoco le quisieron dar el
Código Águila (patrullajes y rondines en su domicilio) porque
consideraron que no estaba en riesgo suficiente.
Así le pasó aun cuando desde noviembre de 2011 la PGJDF firmó un
acuerdo para regular el otorgamiento inmediato de las órdenes de
protección.
Gloria regresó una semana después al MP como le ordenaron, al llegar
le revelaron que no había carpeta de investigación de su caso, por lo
que tuvo que contar otra vez todo para tener una denuncia y le dieran la
protección que pidió y que no le dieron.
ANTE EMERGENCIA LARGOS PROCESOS
Casos como el de Gloria son comunes, señaló María de la Luz Estrada,
quien explicó que cuando las mujeres solicitan estas medidas de
protección las autoridades desestiman sus testimonios y no toman en
cuenta su contexto o si éstas ya han denunciado previamente.
Cuando muestran agresiones recientes en su cuerpo o tienen evidencia
como videos, audios u otros elementos, no son consideradas como
víctimas, sino como “exageradas”, dijo Estrada.
Agregó que las mujeres que sí acceden a estas medidas de protección
se enfrentan a procesos largos y engorrosos donde constantemente son
violentadas y responsabilizadas de la violencia. A las mujeres se les
acusa de “no salirse de sus casas o separarse de sus parejas”.
En este lapso la notificación de la orden puede tardar un mes o dos
en llegar al agresor, lo que las deja a ellas y a sus hijos en un riesgo
mayor de ser atacados.
El grupo de trabajo que estudia la solicitud de Alerta de Violencia
de Género para la capital del país, detectó que las autoridades les
piden a las propias víctimas entregar las órdenes al agresor tras
argumentar que no cuentan con suficiente personal de apoyo para
notificarlas y que los policías ministeriales no les dan seguimiento; o
se condiciona el otorgamiento de éstas a la presentación de una
denuncia.
El grupo de trabajo consideró necesario elaborar un protocolo para la
emisión, implementación y seguimiento de las órdenes, el cual
especifique que éstas deberán ser emitidas aunque no exista una denuncia
previa.
Según registros de la PGJDF en promedio al día reciben alrededor de
50.3 casos de violencia familiar, de éstos se desconoce a cuántas
mujeres se facilita una medida de protección, afirmó el Grupo de
Trabajo.
En contraste la organización Fundar, Centro de Análisis e
Investigación, indica que entre 2016 y 2018, 785 mujeres solicitaron
medidas de protección, 702 de ellas fueron otorgadas, cifra muy baja si
se compara con la tasa de feminicidio, opinó la investigadora Cecilia
Toledo Escobar.
Por: Hazel Zamora Mendieta, Anayeli García Martínez, Aline Espinosa Gutiérrez y Sonia Gerth
Cimacnoticias | Ciudad de México.-
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