La Jornada
El juicio que se desarrolla en Nueva York en contra de Joaquín El Chapo Guzmán Loera, señalado como principal jefe del cártel de
Sinaloa, ha cobrado fuerza de espectáculo mediático con sus supuestas
revelaciones que involucran a la cúpula del poder con el narcotráfico,
sobre todo con la facción del acusado, y testigos protegidos que hablan
de sobornos a presidentes de la República, procuradores, jueces, mandos
militares y policiales, y otros funcionarios. Particularmente llamativos
han sido los testimonios de Jesús El Rey Zambada acerca de los
presuntos vínculos entre la criminalidad organizada y las más altas
esferas de la institucionalidad política y del funcionamiento y el
poderío de la organización delictiva a la que confesó haber pertenecido.
Es sabido que las afirmaciones de testigos protegidos y de reos que
colaboran con las fiscalías a cambio de reducción de penas se
caracterizan por un déficit de fiabilidad, por cuanto, con tal de lograr
reducciones de penas, liberaciones anticipadas o exoneraciones, los
declarantes son capaces de decir cualquier cosa. Por desgracia, no
existe la menor posibilidad de que juzgadores mexicanos determinen la
veracidad o la falsedad de los dichos referidos porque, aunque abordan
asuntos de suma gravedad y trascendencia para la vida institucional de
México, están siendo ventilados en un tribunal estadunidense y no es
posible determinar cuánto hay en ellos de cierto y cuánto de falso ni
conocer los términos negociados entre los declarantes y la parte
acusadora.
Al margen de la credibilidad que puedan tener las declaraciones de
Zambada y de otros, lo más alarmante de este episodio judicial es que se
desarrolla en el extranjero y al margen de las instancias nacionales de
procuración e impartición de justicia. Tal circunstancia resulta
demoledora para el ejercicio de la soberanía y coloca al gobierno
mexicano y a la nación en general en una condición de suma
vulnerabilidad.
Debe reconocerse, por otra parte, que si varios capos del
narcotráfico han terminado en cárceles y en tribunales del país vecino,
ello se debe a la incapacidad de las instancias nacionales para
someterlos a proceso y para garantizar su estancia en prisión, como lo
ilustran las fugas que protagonizó el propio Guzmán Loera. Esa
incapacidad llevó a una falla incluso mayor: la renuncia de las máximas
instituciones políticas a ejercer las funciones que les confiere la
Constitución y su decisión de desentenderse del problema mediante
extradiciones que han llegado a ser una práctica casi rutinaria.
Los hechos comentados llevan a una conclusión inevitable: los
posibles delitos cometidos en México deben ser juzgados en el país mismo
y, para ello, se requiere reconstruir los sistemas de procuración e
impartición de justicia y penitenciario, a tal grado devastados por la
corrupción y la inoperancia que no son merecedores, hoy por hoy, ni de
la confianza de las propias autoridades. Ciertamente, ello representará
un desafío acuciante para el gobierno que iniciará dentro de dos
semanas.
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