Informe documentan 422 casos de violencia contra libertad de expresión
Durante
el gobierno de Enrique Peña Nieto la violencia contra las periodistas
en México aumentó 222 por ciento en comparación con la administración de
Felipe Calderón Hinojosa pero además el país atravesó un clima de
violencia que se caracterizó por la impunidad e inoperancia de las
instituciones encargadas de garantizar la libertad de expresión.
Esto es uno de los diagnósticos del informe “Herencia de un sexenio:
Simulación y desplazamiento. Violencia contra mujeres periodistas
2012-20187”, elaborado por Comunicación e Información de la Mujer
(CIMAC), el cual se presentó este 14 de noviembre en el Museo de Memoria
y Tolerancia, en la Ciudad de México.
Desde la toma de posesión de Peña Nieto, el 1 de diciembre del 2012,
hasta el 1 de septiembre del 2018, CIMAC documentó 422 casos de
agresiones contra mujeres periodistas. Once periodistas fueron
asesinadas durante el sexenio pero sólo en 6 casos se comprobó que el
crimen estuvo ligado a la libertad de expresión entre ellos el de
Miroslava Breach Valducea, de Chihuahua, en 2017 y Anabel Flores
Salazar, de Veracruz, en 2016.
En ese recuento se sabe que en 2014 la periodista María del Rosario
Fuentes Rubio de Tamaulipas, fue desaparecida pero no se ha confirmado
si fue asesinada.
Durante la presentación las periodistas Cynthia Valdez García, de
Sinaloa, Rosa María Rodríguez Quintanilla, de Tamaulipas, y Adela
Navarro Bello, de Baja California, exigieron garantías para ejercer el
periodismo y narraron cómo enfrenta las constantes amenazas que viven
por ejercer su trabajo. En el caso de las dos primeras, además contaron
qué significa el desplazamiento forzado.
La co-directora general del semanario Zeta, Adela Navarro Bello contó
las razones qué le hace seguir haciendo periodismo pese a las amenazas
del crimen organizado y de las autoridades y qué estrategias toman ante
este panorama: “Hemos construido una red de protección. Cuando somos
amenazados, sacamos un comunicado a nuestros lectores y lectoras, para
que haya ojos, personas que nos están viendo. En segundo lugar, hacemos
una carta a organizaciones como CIMAC, Reporteros Sin Fronteras, y ellos
hacen un llamado al gobierno”.
Entre las estrategias de autoprotección, expuso, las notas de
investigación no se publican con el nombre de la autora o del autor. Las
y los integrantes del equipo han aprendido a vivir con medidas de
protección, incluso con escoltas. “He perdido mucha vida pública”, dijo
Navarro, “pero por esto vale la pena. Yo si tengo esperanza, si no: me
cambio de trabajo. Tenemos que hacer periodismo apegado a la sociedad”,
agregó.
La también ganadora del Premio al Valor Periodístico por la Fundación
Internacional de Mujeres en los Medios, continuó a decir que el
periodismo tiene que recuperar la confianza que ha perdido entre
lectoras y lectores porque si ellos valoran la información que reciben
también saldrán a defender a periodistas amenazadas.
Por su parte las comunicadoras en situación de desplazamiento
indicaron que es necesario fortalecer instituciones como el Mecanismo de
Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y periodistas,
la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y la Fiscalía Especial para
la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión
(FEADLE), que depende de la Procuraduría General de la República.
La periodista Rosa María Rodríguez Quintanilla, quien en 2016 tuvo
que abandonar Tamaulipas para proteger su vida y la de su familia narró
que las mujeres viven las amenazas y el desplazamiento de forma
diferente que sus colegas hombres. “Nos atacan por todos lados:
económicamente, psicológicamente. Si atacan a nuestros hijos es peor a
que nos ataquen a nosotras mismas”, dijo.
La también coordinadora de la Red Nacional de Periodistas de México
consideró que en caso contó con medidas efectivas de emergencia. Sin
embargo, señaló que lo que vino después fue una constante lucha por ser
reconocida y por conseguir justicia. “La Fiscalía lejos de investigar te
revictimiza. Tienes que vivir el daño una y otra vez. La falta de
sensibilización es total”, opinó.
Ante la ineficacia de la institución, agregó: “Es absolutamente
inaceptable una Fiscalía que tiene una eficacia de 0.8 por ciento. Lo
mismo da que exista o no”, expresó sobre el desempeño de la
FEADLE.
A su vez la fundadora de La Pared noticias, Cynthia Valdez narró como
el periodismo investigativo en Sinaloa cambió desde el asesinato de
Javier Valdez, el 15 de mayo de 2017: “Ya no hay trabajos de
investigación. Javier fue una persona muy reconocida. Desde entonces nos
atrincheramos. No se escribe nada sobre narcotráfico y corrupción.
Ahora los compañeros salen en grupo a reportear y aun así hay amenazas.
Todo cambió a partir de Javier y no va ser igual”.
En el informe la directora de CIMAC, Lucía Lagunes Huerta, escribió:
“Ese es el legado de un presidente de la República que no quiso actuar,
que optó por la simulación y por volverse actor de la censura”.
En la presentación editorial continúo: “Enrique Peña Nieto pasará a
la historia como el presidente que no quiso frenar la violencia contra
las y los periodistas, que por el contrario dejó pasar y que actuó con
todo su poder para silenciar a quien, con la fuerza de su palabra y la
evidencia del trabajo periodístico, mostró a la población el tamaño de
su avaricia”.
Entre los hallazgos del informe se destaca que 2018, año electoral,
sea el año de mayor violencia contra la prensa porque sólo de enero a
septiembre se registraron 101 agresiones. Las entidades con mayor número
de casos registrados en lo que va del sexenio fueron Ciudad de México,
con 76 casos, Veracruz, con 58, y Puebla, con 37 casos.
La violencia más común que sufrieron las periodistas fueron
hostigamientos e intimidación, seguidos por las amenazas y la violencia
sexual. “Un componente de género en el que se puede observar claramente
las condiciones de desigualdad y discriminación de las reporteras en
comparación con los hombres periodistas, es el espacio social donde son
agredidas por su labor periodística: en la familia, en su comunidad y en
las instituciones donde actúan”, destaca el informe.
Las autoras hicieron mención especial del aumento de casos de
violencia contra mujeres periodistas en el contexto electoral, no
solamente en 2018, también durante y después de jornadas electorales de
2017 y 2016. “Los principales agresores fueron funcionarios de
instancias electorales, policías, personal de partidos políticos, y
elementos de seguridad privada de los candidatos”, escribieron.
El informe dedicó un capítulo a la situación de desplazamiento que
viven las mujeres periodistas ya que es un tema poco explorado en el
terreno de la libertad de expresión. “Las periodistas son cautelosas
para no seguir siendo perseguidas”, señalaron las autoras, por lo tanto,
los datos son escasos y las cifras de las diferentes organizaciones
defensoras de la libertad de expresión varían entre 9 y 70 personas
desplazadas en 2017.
En el informe de CIMAC se recomienda que se reconozca públicamente la
importancia de la labor de las periodistas, que se capaciten a empresas
mediáticas e instituciones con perspectiva de género y que se generen
mecanismos de transparencia y rendición de cuentas para monitorear
políticas públicas de género en la atención y prevención de la violencia
contra la prensa.
CIMACFoto: Hazel Zamora Mendieta
Por: la Redacción
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 
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