El clima de violencia que existe en el país afecta de
manera particular a las mujeres, como lo demuestran estudios recientes
sobre la incidencia de asesinatos con arma de fuego, desapariciones
forzadas y torturas, una tendencia que se agrava por la estrategia de
militarización de seguridad pública que se intensificó en 2006 y podría
continuar el próximo sexenio.
Así lo afirmaron integrantes de organizaciones civiles que participaron en el conversatorio Estrategias fallidas: criminalización y tortura sexual a mujeres en México,
donde se advirtió acerca de los riesgos que implica la propuesta del
presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, de crear una Guardia
Nacional formada y entrenada por militares.
Olga Guzmán, directora de incidencia de la Comisión Mexicana de
Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, dijo que el optimismo
generado con la anulación de la Ley de Seguridad Interior se vio opacado
por la iniciativa de López Obrador, mediante la cual se daría
continuidad al esquema de militarización de la seguridad pública, en vez
de apostar a la profesionalización de las policías. Recordó que de un
total de 201 recomendaciones de la Comisión Nacional de los Derechos
Humanos (CNDH) desde 2006 sobre casos de desaparición forzada, tortura y
ejecución extrajudicial, en 70 por ciento de los casos se reconoce a
integrantes de las fuerzas armadas como responsables.
En cuanto a tortura sexual, Guzmán dijo que la CNDH ha documentado 17
casos, de los cuales 13 fueron cometidos por soldados o marinos, y 36
mujeres sufrieron descargas eléctricas en senos y vagina, tocamientos,
desnudez forzada y violación.
Isabel Erreguerena, coordinadora de políticas públicas de
Equis-Justicia para las Mujeres, advirtió que este sector cada vez sufre
más agresiones en el espacio público, ya no sólo en el privado, como lo
demuestra el hecho de que hay un aumento de feminicidios con arma de
fuego.
Otro aspecto en el que se puede notar la vulnerabilidad creciente de
las mujeres es la criminalización y encarcelamiento. En los dos años
recientes el ingreso de ellas a la cárcel por delitos de tráfico de
drogas aumentó 103 por ciento, y el de los hombres, ascendió 50 por
ciento en el mismo periodo.
Fernando Camacho Servín
Periódico La Jornada
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