Ricardo Monreal Ávila
Me quiero referir, de manera respetuosa, al artículo titulado
Iniciativa de Ley para el Desarrollo Agrario: nueva reforma estructural, publicado en este diario el pasado 3 de noviembre por Carlos González García, integrante del Congreso Nacional Indígena.
En él, se afirma que la iniciativa, presentada recientemente en el
Senado de la República, tiene como finalidad armonizar las disposiciones
legales en materia agraria con las reformas estructurales en materia
energética y de hidrocarburos –así como con los privatizadores regímenes
de concesiones mineras, de aguas y de bienes nacionales– y al mismo
tiempo expresa que se trata de una reforma estructural neoliberal.
Esto no es preciso; por el contrario: el propósito esencial de la
iniciativa es el reconocimiento de la personalidad jurídica de ejidos y
comunidades con capacidad de ejercicio, ampliándose las facultades de la
asamblea como órgano supremo, con la finalidad de crear,
voluntariamente, áreas para la conservación; aprobar sus estados
financieros; formular propuestas de políticas de desarrollo y fomento, y
actualizar trimestralmente el padrón de sujetos con derechos vigentes.
Asimismo, crearía el Fondo para el Desarrollo Agrario, con créditos
para que ejidos y comunidades aprovechen de manera sostenible tierras de
uso común.
Por primera vez, se dedica un título al reconocimiento de las tierras
de las comunidades de pueblos indígenas; se plantea presentar el
peritaje antropológico y de amicus curiae, como pruebas para
acreditar el estado comunal, a fin de que personas expertas en la
materia proporcionen mayores elementos a las y los juzgadores, y se
reconozca la legitimación de las autoridades tradicionales, conforme al
artículo 2 constitucional.
También establece que, cuando las comunidades indígenas estén en
posesión de terrenos presuntamente nacionales, la Sedatu se abstendrá de
titularlos y, en cambio, les brindará asesoramiento para solicitar su
reconocimiento como propiedad ancestral ante el Tribunal Agrario,
tomando en consideración las recomendaciones contenidas en el informe de
la Relatora Especial Sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas de la
ONU, del 28 de junio de 2018.
A diferencia de la actual Ley Agraria, que permite la celebración de
contratos para ceder temporalmente el usufructo de tierras de uso común,
mediante la celebración de una asamblea de mayoría simple, la
iniciativa propone que todo contrato debe ser aprobado por mayoría
calificada, previa evaluación de su impacto ambiental, algo que la
legislación vigente no contempla.
El proyecto tiene un enfoque ambiental: mantiene la prohibición de
parcelar bosques y selvas, así como cualquier cambio de destino de uso
común a parcelas o asentamientos humanos, condicionándolo a un dictamen
de impacto ambiental, mismo que, actualmente, no se considera.
Por otra parte, no incorpora figuras nuevas para:
1. Asociación
2. Enajenación de derechos parcelarios
3. Adopción del dominio pleno
4. Otorgamiento de tierras en garantía
5. Aportación de tierras de uso común a las sociedades mercantiles
En cambio, determina que en toda inversión en propiedad ejidal y
comunal debe existir la debida diligencia, en la que se analizan los
derechos de propiedad y el impacto social y ambiental, proponiendo que
ejidos y comunidades conozcan el proyecto y sus impactos, así como
ejercer el derecho a la consulta cuando se trate de población indígena,
obteniendo, en su caso, el consentimiento previo, libre e informado.
En la enajenación de derechos parcelarios a otros ejidatarios,
avecindados y posesionarios, propone incorporar –como requisito de
validez– la existencia de un avalúo, para promover relaciones justas con
la tierra, y distinguir si el contrato incluye sólo tierra o también
agua. Sobre los servicios públicos, se plantea que haya oficinas en
zonas remotas y en comunidades indígenas.
En cuanto a lo que el autor del artículo afirma respecto a que la
iniciativa no prohíbe la asistencia de mandatarios a las asambleas de
mayoría simple y calificada, le expreso que, en la Ley Agraria, están
autorizados a asistir a las asambleas de mayoría simple, pero no a las
de mayoría calificada.
Aprovecho el espacio para convocar al Congreso Nacional Indígena a
personas interesadas en enriquecer la iniciativa e incorporar sus
aportaciones; estoy convencido de que sólo con un amplio diálogo social
se fortalecerá el Estado constitucional y democrático al que aspiramos.
Bienvenidas las propuestas.
Twitter: @RicardoMonreal
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