La noche del grito de Independencia, el presidente de la República se
dirigió a “mexicanas y mexicanos” y mencionó a Leona Vicario, Josefa
Ortiz y a las madres de la patria. Por otra parte, tanto en la escolta
de la bandera como en el desfile fue evidente la presencia de mujeres,
en un medio, el militar, todavía con predominio masculino. Este
lenguaje incluyente y la creciente participación femenina en ámbitos de
la vida pública, pueden ser señales positivas. Sin embargo, por larga
que sea la lista de heroínas o de militares y funcionarias destacadas,
poco cambiará mientras las políticas públicas sigan marginando a
millones de mujeres o pasen por alto sus necesidades. Elogiar a las
antepasadas que contribuyeron a construir el país sin mejorar hoy las
condiciones de vida de las mujeres y niñas es un homenaje vacuo.
Como ya sabemos, las políticas públicas impulsadas este año no sólo han
ignorado la urgencia de garantizar los derechos de las mujeres y niñas sino que
los han minado. La falta de recursos para estancias infantiles o refugios para
mujeres maltratadas no es un mero error sino una política ciega a una realidad
de por sí difícil para madres trabajadoras (y padres en algunos casos) y para
adolescentes y mujeres que viven en situaciones traumáticas por violencia
familiar o de pareja. Aunque pretendan justificarse como parte de la “lucha
contra la corrupción”, estas medidas se contraponen a la obligación estatal de
garantizar la igualdad y una vida sin violencia, así como a los derechos de
niños y niñas a una educación temprana en un ambiente seguro.
Por desgracia, las protestas y recursos legales interpuestos contra
estos recortes mal encaminados no han bastado para sugerir un cambio de rumbo.
El presupuesto de egresos (PEF2020) de por sí restringido, invierte la lógica
de las prioridades al otorgar, de cada 100 pesos, 50 a Pemex, 3 a salud y 2 a educación
y 4 centavos al agua (según datos de MexicoEvalúa), y recorta en los hechos los
recursos para promover la igualdad sustantiva, aun cuando aumente la suma
nominal destinada a ella.
También reduce la inversión que, sin estar etiquetada, incide en las
condiciones de vida de la población, en particular de la infancia, como la que
debería promover un desarrollo sustentable y no dejar, más pronto que tarde,
campos y ciudades contaminados, aire y ríos tóxicos o agua escasa y mala.
Como explica la economista Magdalena García Hernández en su análisis del
Anexo 13 (Igualdad) del PEF 2020, se han incluido en éste poblaciones que deben
aparecer en otro anexo, como las personas indígenas o con discapacidad, de modo
que aunque el presupuesto para educación haya aumentado, sobre todo para becas,
no se puede saber cuánto se destinará a niñas y jóvenes.
A esta ambigüedad se añaden señales negativas como la reducción de
recursos para microcréditos y, más grave en mi opinión, la “caída de 8.1 por
ciento” en salud, que empeora para la salud sexual y reproductiva (-20 por
ciento ) y la prevención y atención del VIH/SIDA y otras infecciones de
transmisión sexual ( – 8.2 por ciento).
Además de atentar contra el derecho a la salud, entre otros, este tipo
de medidas agrava problemas que requieren desde hace tiempo atención urgente,
coordinación y eficiencia, como la prevención del embarazo adolescente, la
atención a víctimas de violencia sexual o simplemente la prevención del cáncer.
Una población enferma o sin el bienestar físico y mental necesario para
desarrollarse, no puede ser feliz. Una población dependiente de “apoyos”
gubernamentales no es libre ni autónoma.
Como si esto no bastara para preocuparnos, el PEF 2020 también reduce o
limita los recursos para prevenir y sancionar la violencia contra las mujeres,
que, de nuevo, debería ser prioritaria. Aquí, por ejemplo, la CONAVIM, encargada
de las alertas de violencia de género en 18 estados, recibirá sólo 7 millones
más que en 2019, por lo que su titular llamará a los estados a invertir en este
rubro. Loable quizá pero extraña iniciativa ¿Por qué lo harían ahora si antes no
lo han hecho? ¿Cómo? si hasta ahora no se ha transparentado siquiera el uso de
recursos federales.
¿Con qué directrices? y ¿quién evaluará esas políticas? Además, seguimos
cargando con un sistema de administración de justicia ineficaz y
revictimizante. ¿Cómo y cuándo se acabará con este lastre?
En el actual contexto de violencia creciente y persistente
militarización, éstos y otros sesgos del presupuesto auguran un futuro próximo
más duro para todos, y sobre todo para las más pobres y vulnerables. El Congreso tiene la obligación de rectificar
el rumbo.
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