Vidulfo Rosales Sierra*
Con los días de julio de 2014.
Están llegando los estudiantes de nuevo ingreso a la Normal Rural de
Ayotzinapa, Guerrero. El inicio del ciclo escolar inyecta nuevos bríos a
estas escuelas asfixiadas presupuestalmente y perseguidas por los
gobiernos. Hay optimismo y algarabía de los recién ingresados que andan
en los módulos de producción sembrando la tradicional flor de
crisantemo. En Día de Muertos hay que venderla para generar un ingreso
para la escuela.
En Ayotzinapa hay tensión. Desde hace dos años existe una
confrontación con el gobierno del estado que encabeza Ángel Aguirre
Rivero tras la ejecución extrajudicial que sufrieron dos estudiantes en
la Autopista del Sol el 12 de diciembre de 2011. En ese entonces la
normal y algunas organizaciones sociales iniciaron una desigual lucha
exigiendo juicio político contra el gobernador. La demanda no prosperó,
los diputados federales la mandaron al archivo.
Aguirre salió airoso y la emprendió contra la normal rural. Dos veces
han sido brutalmente reprimidos: una en Atoyac y otra cerca de Iguala,
en Casa Verde, con saldo de varios heridos. En esta última los policías
federales dispararon al aire hasta disuadir la protesta estudiantil.
Decenas de jóvenes detenidos fueron a parar a la fiscalía. Otros
corrieron por los cerros hasta la normal.
Pese a todo, el nuevo ciclo trae optimismo a las normales rurales. Es
muestra que continúan en pie a contracorriente de la represión
gubernamental. Además, existe la posibilidad de que de estos estudiantes
recién llegados salgan dirigentes de la estatura de Lucio Cabañas y
Othón Salazar.
Es septiembre y se hacen los preparativos para la marcha del 2 de
octubre, donde se recuerda la matanza de Tlatelolco y se exige justicia.
Hay que conseguir autobuses y recursos para trasladar a los
contingentes a la Ciudad de México. La tarde del 26 de septiembre los
estudiantes salen en dos autobuses Estrella de Oro a realizar una
colecta. Enfilan hacia Iguala. En Chilpancingo no se podía porque un día
antes la policía los rechazó violentamente y ahora están bajo la mira y
esperan su llegada.
En la entrada de Iguala empiezan el boteo. Un incidente los obliga a
ingresar hasta la terminal Estrella Blanca. Lo ocurrido más tarde es
ampliamente conocido. Los estudiantes enfrentarían la peor de las
represiones. En la agresión participaron todas las corporaciones
policiacas, aun militares adscritos al 27 Batallón de Infantería de
Iguala.
La agresión fue masiva e indiscriminada, con saldos de muertos, heridos y 43 estudiantes desaparecidos.
Las pesquisas oficiales fueron irregulares. Recurrieron a prácticas
ilegales para obtener pruebas. Torturaron y violaron los derechos
humanos de los detenidos para construir una teoría del caso que le
denominaron
verdad histórica.
Por ello el 31 de mayo de 2018 el primer tribunal colegiado del 21
circuito de Reynosa, Tamaulipas, resolvió un amparo en revisión que
interpusieron varios detenidos por el caso Ayotzinapa, declarando la
ilicitud de las pruebas obtenidas por la PGR; en consecuencia, ordenó la
reposición del procedimiento y excluir del proceso las pruebas
ilícitas.
El tribunal también ordenó la creación de una comisión de
investigación que estaría formada por los representantes de las
víctimas, el Ministerio Público y la Comisión Nacional de los Derechos
Humanos.
El fallo fue acatado por la PGR, pero sólo en lo relativo a la
creación de la comisión investigadora; nada dijeron de las pruebas
obtenidas con abusos.
No se preocuparon por recomponer las investigaciones irregulares o
ejercitar acciones penales por otros delitos contra detenidos que
poseían información relevante del paradero de los estudiantes y que por
el fallo de amparo indefectiblemente obtendrían su libertad.
Se obstinaron en impedir la creación de la comisión de investigación;
aun la conferencia de procuradores se pronunció contra la resolución de
amparo, pero nadie aludió a las irregularidades cometidas. El uso de la
tortura no mereció preocupación. Se trataba de sostener a toda costa la
verdad histórica y no estaban dispuestos a que se crease un mecanismo
extraordinario de investigación que redireccionara lo que se hizo mal.
Las consecuencias: detenidos que tuvieron participación clara en la
agresión a los estudiantes están obteniendo su libertad.
La Fiscalía General de la República durante 10 meses no hizo nada
para recomponer las investigaciones. Pero lo más grave es lo que refiere
en su comunicado del 14 de septiembre pasado. Parece sostener la verdad
histórica y defiende las investigaciones ilegales en que incurrieron
sus miembros. Culpa a los representantes de los padres de los
desaparecidos por haber defendido aquel fallo, lejos de deslindarse de
los actos de tortura e investigaciones irregulares.
El anterior es un mal mensaje. Significa que no hay cambios en la
FGR. La posición es la misma que la administración anterior. Los que
montaron la mentira histórica siguen ahí incidiendo en el rumbo de la
institución y seguramente en la investigación del caso Ayotzinapa. ¿Con
esta fiscalía vamos a encontrar verdad y justicia para los 43? Lo dudo.
El Presidente deberá hacer lo conducente para remover los obstáculos que
impiden llegar a la verdad. Cuando los padres de los 43 se reunieron
por primera vez con este gobierno le advirtieron que habría obstáculos
en el camino. Ahí está, Presidente.
* Abogado de los familiares de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa
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