CIUDAD DE MÈXICO (apro).- El 10 de
septiembre, el canciller Marcelo Ebrard rechazó en la Casa Blanca la
posibilidad que México se convirtiera en tercer país seguro. La semana
pasada, en anticipación a la reunión, Ebrard declaró que “aceptar ese
tratado sería injusto, inequitativo”. México lleva negando tal acuerdo
desde hace meses, a pesar de la presión de Estados Unidos, alegando que
usaría la Guardia Nacional para reforzar la frontera sur. Su estrategia
ha disminuido la entrada de migrantes dirigiéndose a Estados Unidos por
un 56% en 90 días.
Al rechazar la propuesta como “inequitativa”, Ebrard se desvía del
punto fundamental: acercarse a las fronteras para pedir asilo es un
derecho bajo las leyes estadunidenses e internacionales, representando
el consenso sobre la importancia de proteger a las personas de las
peores atrocidades.
Estas negociaciones se asemejan a un tratado reciente. En julio,
Guatemala firmó un acuerdo bilateral — y controversial — con Estados
Unidos. El documento establece que todas las personas migrantes de
Honduras y El Salvador tendrían que tramitar su proceso de asilo para
Estados Unidos en Guatemala; en otras palabras, Guatemala se convertiría
en un tercer país seguro. Como una clase de trueque, Estados Unidos
prometió triplicar el número de visas de trabajo temporal agrícola a
Guatemala.
No resulta sorprendente que la administración del presidente Donald
Trump, cuya retórica se distingue por un tono antimigrante, se ha
enfocado en presionar a países centroamericanos a controlar la migración
desde países de origen y de tránsito. Con este tipo de acuerdos,
Estados Unidos busca deslindarse de sus obligaciones bajo tratados
internacionales negándose a que personas tramiten asilo al llegar a sus
fronteras y en lugar vivan en un limbo en países de tránsito que son
notablemente inseguros.
En medio de estas negociaciones, vale la pena usar el acuerdo
bilateral entre Guatemala y Estados Unidos como una advertencia; México
no debe convertirse en tercer país seguro y debe descalificar las visas
de trabajo temporal como una concesión de parte del gobierno de Trump.
Estas visas no son una alternativa al asilo; son una receta para la
explotación laboral.
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Recién comienza la temporada de cosecha, y como integrantes de una
organización binacional que se dedica a defender los derechos laborales
de personas migrantes, nos dirigimos a un destino poco intuitivo:
Monterrey. A pesar de su clima perversamente árido, Monterrey juega un
rol fundamental en la migración laboral; es la ciudad que procesa el
mayor número de visas de trabajo temporal a nivel mundial.
En tan solo tres días en Monterrey, conocimos a mil 172 trabajadores
que se dirigían a Estados Unidos con una visa H-2A para trabajo temporal
agrícola. Iban a piscar manzana en NY, tabaco en Louisiana, calabaza en
Pennsylvania, el chile en Michigan y camote en Florida. Muchos no
sabían qué harían o en qué estado trabajarían; la mayoría iba a Estados
Unidos por primera vez.
El programa de visa H-2A, un legado del afamado programa Bracero,
permite a personas de distintos países trabajar en Estados Unidos por
temporada. Actualmente, más de 200 mil personas procesan su visa H-2A
cada año; aproximadamente el 94% de estas personas son mexicanas. Y
aunque el uso del programa se ha triplicado en los últimos 10 años, las
protecciones laborales están más que estancadas.
A nosotras nos toca contestar sus llamadas y atender sus
preocupaciones a lo largo de su camino. Hablan a nuestra oficina para
verificar ofertas de trabajo cuando reclutadores llegan a sus
comunidades cobrando cifras extremadamente altas — de $500 a $70 mil
pesos — a cambio de trabajo en Estados Unidos. Aunque las cuotas de
reclutamiento son ilegales en México y en Estados Unidos , en un sistema
de migración laboral que beneficia a empleadores y reclutadores y que
pone toda carga económica sobre el trabajador, estas leyes no suelen ser
más que espejismos de justicia. No es raro que estas ofertas sean
falsas.
El proceso de reclutamiento es un espacio oscuro. El Departamento de
Trabajo de Estados Unidos tiene un portal con certificaciones de empleo
que causa más problemas que beneficios; defraudadores en México lo
utilizan para sacar partido de buscadores de empleo en todo el país. El
año pasado, publicamos un informe sobre la problemática de fraude en el
que documentamos que falsas ofertas de trabajo para a Estados Unidos
costaron más de $60 millones de pesos a buscadores de empleo en México
desde el 2005.
Los abusos pasan, aunque las ofertas sean verdaderas. Como
confirmamos en Monterrey, es común que los trabajadores H-2A nunca vean
su contrato y desconozcan sus salarios, horas y lugar de trabajo
designados. Aunque es requisito que los empleadores bajo el programa
proporcionen una vivienda digna y gratuita a los trabajadores, nos
llegan incontables reportes de tráileres infestados con pestes y sin
servicios básicos donde se alojan decenas de trabajadores. Sus
documentos son retenidos y sus salarios robados. Como los trabajadores
llegan endeudados tras pagar cuotas de reclutamiento, dejar el trabajo
no es una opción. Y como la contratación está en las manos de
empleadores en Estados Unidos, es prácticamente imposible que una
persona bajo el programa cambie de trabajo si enfrenta abusos.
Las visas de trabajo temporal agrícola no son una opción viable ante
el asilo. Sin importar cuántas temporadas trabaje en Estados Unidos, una
persona con visa H-2A nunca tendrá acceso a un camino a la ciudadanía,
ni a prestaciones justas, ni a protecciones laborales fuertes. De hecho,
entre más vulnerable sea la persona que toma la visa, más propensa será
a sufrir violaciones a sus derechos laborales.
Aun con las pocas protecciones con las que cuentan las y los
trabajadores bajo el programa H-2A, México no está haciendo lo que le
corresponde. La falta de rendimiento de cuentas en el proceso de
reclutamiento, que comienza en México, desencadena una serie de abusos:
trata de personas, explotación y acoso. El sistema está diseñado para
tener una mano de obra desechable.
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Se aproxima otro plazo importante; hace un par de años, México jugó
una parte importante en el Pacto Mundial para la Migración Segura,
Ordenada y Regular de Organización de las Naciones Unidas. En las
negociaciones mostró un compromiso a subscribirse a un enfoque en
derechos humanos al abordar el tema de migración. Las noticias relatando
a la Guardia Nacional atacando a personas defensoras y migrantes en
albergues, así como el incremento en detenciones en la frontera sur,
muestran justamente lo contrario.
El peligro a firmar un acuerdo bilateral con Estados Unidos parecido
al de Guatemala sería dar dos pasos hacia atrás — pondría en riesgo a
personas migrantes al negarles su derecho a asilo bajo leyes federales e
internacionales y abriría las puertas a explotación laboral legítima de
personas mexicanas por medio de la expansión del programa H-2A.
Le toca al gobierno mexicano reivindicarse — no expandiendo programas
laborales fallidos, ni apoyando a Estados Unidos al socavar sus
obligaciones a proveer asilo — si no cumpliendo con sus ciudadanos y
sometiéndose al pacto enfocado en todas las personas migrantes que
orgullosamente lideró.
Evy Peña es directora de comunicaciones en el Centro de
los Derechos del Migrante, Inc. (CDM), una organización binacional con
sede en CDMX
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