Con Osorio Chong al frente, Gobernación recurrió a un esquema de presunta defraudación del erario: bajo el concepto de “seguridad nacional”, contrató irregularmente a decenas de empresas privadas sin licitación. La forma de operar en esa dependencia del actual líder de la fracción del PRI en el Senado es evidenciada en documentos confidenciales reservados, donde se presumen actos de corrupción y un supuesto daño patrimonial por miles de millones de pesos
Primera parte
Clasificados como compras por “seguridad
nacional”, en los 5 años que Miguel Ángel Osorio Chong estuvo al frente
de la Secretaría de Gobernación (2012-2017) se asignaron –sin licitar y
de manera presuntamente irregular– cientos de contratos por miles de
millones de pesos a empresas privadas previamente seleccionadas por
funcionarios de esa dependencia.
Las operaciones con dinero público que
se hicieron sin transparencia y violentando la ley, están perfectamente
identificadas en documentos de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la
Secretaría de Gobernación, en la Dirección General Adjunta Penal y Civil
y en el Órgano Interno de Control (dependiente de la Secretaría de la
Función Pública), con la presunción de que hubo corrupción y complicidad
de servidores públicos que pagaron del erario bienes y servicios a
precios elevados supuestamente a cambio de comisiones y sobornos.
Esas autoridades tienen clasificados
cientos de contratos como de “riesgo alto e intermedio”, pues según los
documentos oficiales se vulneró la fracción IV del artículo 41 de la Ley
de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público
(LAASSP), porque se otorgaron sin licitación y bajo la premisa de que se
ponía en riesgo la seguridad nacional y la seguridad pública, lo cual
era falso.
Dicha información que tiene reservada el gobierno de Andrés Manuel López Obrador (ahora en poder de Contralínea),
explica cómo se abuso del poder y se hizo un mal manejo de los recursos
públicos en el gobierno anterior, lo que habría ocasionado
“responsabilidad patrimonial del Estado, un eventual daño a la imagen de
la Secretaría de Gobernación y cuantiosos pasivos laborales, lo que se
traduce en litigios en proceso para determinar la cuantía y las partes
involucradas”.
En una revisión sobre los primeros 19
contratos asignados de manera directa por Gobernación a 16 empresas
privadas, personas físicas y una asociación civil bajo el concepto de
“seguridad nacional”, el gasto público ascendió a 1 mil 415.2 millones
de pesos, pero como son cientos de contratos y convenios asignados de
manera irregular, el daño patrimonial es por varios miles de millones de
pesos.
Contralínea ha solicitado desde la
administración anterior y en el gobierno actual los contratos otorgados
bajo el supuesto de “seguridad nacional” empleado en la administración
de Enrique Peña Nieto como un esquema para beneficiar a empresas
privadas “amigas” del gobierno; sin embargo, las respuestas tanto de las
secretarías de Gobernación y Función Pública, como del Instituto
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos
Personales (Inai), siempre ha sido la misma: negar dichos contratos y
ponerlos en reserva bajo el argumento de que son asuntos de “seguridad
nacional” que no pueden ser difundidos, cuando en realidad lo único que
hacían era ocultar la corrupción que desde las oficinas de la Secretaría
de Gobernación se practicaba para desviar recursos públicos.
Por ello la importancia de que la
sociedad conozca estos informes oficiales clasificados como
confidenciales que consideran indebido y violatorio de la ley utilizar
dicho concepto de “seguridad nacional” para disponer miles de millones
de pesos de dinero público de manera subrepticia y corrupta.
Las empresas privadas, personas y
sociedades civiles beneficiadas con estos 19 contratos son: Comtelsat,
DGRM Health, Telmex, Matra Comunication de México, Efectivale, Casa
Álvarez Gourmet, King Mar Mexicana, XA Services, Marco Antonio Sandoval
Rodríguez, Pro Ayuda a la Mujer, Reisco Operadora de Servicios, Agel
Ingeniería, KE Fibertec, Viajes Premier y RCU Sistemas.
Entre las adquisiciones hechas bajo el
supuesto de “seguridad nacional” están: compra de alimentos para
empleados de Gobernación y personas externas; viajes en avión para
servidores públicos y migrantes; servicios de jardinería, aseo y
limpieza; servicio integral de voz, datos y video; diagnósticos para
Centros Federales de Readaptación Social; servicio de telefonía
convencional, largas distancias, conducción de señales analógicas,
digitales e internet; plataformas electrónicas; protección, custodia,
vigilancia y seguridad de inmuebles; apoyo, análisis, diagnóstico,
elaboración y seguimiento de apoyo tecnológico; fumigación y control de
plagas; limpieza de inmuebles, y mantenimiento de equipos de aire
acondicionado.
En la fracción IV del artículo 41 de la
LAASSP, relativo a “seguridad nacional”, se precisa los criterios que se
deben utilizar para la asignación directa de contratos: “Se realicen
con fines exclusivamente militares o para la armada, o su contratación
mediante licitación pública ponga en riesgo la seguridad nacional o la
seguridad pública, en los términos de las leyes de la materia. No quedan
comprendidos en los supuestos a que se refiere esta fracción, los
requerimientos administrativos que tengan los sujetos de esta ley”.
En los informes oficiales se especifica
que en los primeros 5 años del gobierno anterior, la Secretaría de
Gobernación –a cargo de Miguel Ángel Osorio Chong, actual coordinador
del PRI en el Senado de la República–dispuso indebidamente de recursos
públicos para la compra de bienes y la contratación de servicios sin
control alguno, muchos de esos contratos son plurianuales hasta el año
2022, lo que representa una responsabilidad patrimonial del Estado y
posibles desvíos de fondos al erario.
En auditorías e investigaciones que se
han hecho al interior de la Secretaría de Gobernación, se identifican
contratos clasificados como de “riesgo alto” y “riesgo mediano” por su
nivel de corrupción en “servicios prestados, compromisos
trascendentales, servicios prestados aún no formalizados y litigios”, de
acuerdo con su “cuantía, responsabilidad patrimonial del Estado,
determinación de las partes involucradas, pasivos laborales y eventual
daño a la imagen de la Segob”.
En una primera lista de 19 contratos de
la Segob que hoy damos a conocer, seleccionamos sólo una parte de los
relacionados con “compras por seguridad nacional”, según el criterio
discrecional que funcionarios de la anterior administración aplicaron
para beneficiar a empresas privadas “amigas” y sin que algún órgano de
control del Estado vigilara el proceso y su cumplimiento.
Primera lista de contratos:
-
Contrato plurianual (2017-2020) por 539 millones 997 mil 478.41 pesos, del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social, número OADPRS/DGA/CC/029/2017 para que le proporcionaran un servicio integral de voz, datos y video en oficinas centrales de PyRS (Prevención y Readaptación Social).
De acuerdo con las autoridades
investigadoras, éste debió asignarse mediante licitación pública
nacional; sin embargo, la Secretaría de Gobernación violentó la ley al
adjudicarlo de manera directa bajo el supuesto de seguridad nacional,
establecido en el artículo 41, fracción IV, de la LAASSP.
La empresa privada beneficiada con dicho
contrato fue Comtelsat, SA de CV, y los montos anuales asignados son:
2017, 134 millones 999 mil 369.60 pesos; 2018, por 179 millones 999 mil
159.47 millones; 2019, 179 millones 999 mil 159.47, y 2020, 44 millones
999 mil 789.87 pesos.
De acuerdo con los dictámenes de la
Unidad de Asuntos Jurídicos de la Segob y el Órgano Interno de Control,
dicho contrato debió licitarse porque en el mercado hay otras empresas
mexicanas que prestan el mismo servicio, y se pudo obtener un mejor
precio y un ahorro de dinero público, además de que Comtelsat fue
inhabilitada por la Secretaría de la Función Pública en 2014 y dicha
resolución quedó firme en 2016 “por sólo un periodo de 3 meses”.
-
Contrato número OADPRS/DGA/S/28/2017, con vigencia del 1 de abril de 2017 al 31 de diciembre del mismo año, asignado directamente por el mismo Órgano Administrativo (OADPRS) a la empresa DGRM Health, SA de CV, por un monto máximo de 52 millones 756 mil 800 pesos, sustentado en la fracción IV del artículo 41 de la LAASSP.
De acuerdo con el dictamen del OIC y de
la Unidad de Asuntos Jurídicos de Gobernación, el objeto del servicio
contratado fue para diagnóstico oportuno a los Centros Federales de
Readaptación Sociales (Ceferesos) y, en su caso, debió adjudicarse bajo
la fracción III del artículo 41 de la citada Ley, si es que se tratara
de un tema de seguridad nacional, el cual precisa: “Existan
circunstancias que puedan provocar pérdidas o costos adicionales
importantes, cuantificados y justificados”.
-
Contrato número OADPRS/DGA/S/26-A/2017, con vigencia del 1 de abril de 2017 al 31 de diciembre del mismo año y adjudicado bajo el supuesto de “seguridad nacional” a la compañía Teléfonos de México, SA de CV, propiedad de Carlos Slim, por un monto máximo de 300 millones 756 mil 800 pesos.
Como el objeto del servicio fue
telefonía convencional, largas distancias, conducción de señales
analógicas, digitales e internet, las autoridades gubernamentales
consideran injustificable su contratación directa, dado que debió
licitarse por ser un servicio donde existen otros competidores, además
de que “no encuadra en el supuesto de seguridad nacional”.
-
Contrato número OADPRS/DGA/S/25-A/2017, asignado de manera directa al proveedor Matra Comunication de México, SA de CV, y su operante: Viajes Premier, SA, representada por Junior Roberto Hernández Escamilla, por un monto de 64.1 millones de pesos. El contratante fue la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales (DGRMySG), a través de la Dirección General Adjunta de Adquisiciones, Almacenes e Inventarios y la Dirección General Adjunta de Operaciones y Servicios (DGAOS).
Este contrato cubre la reservación,
expedición, venta y entrega de boletos de pasajes de transportación
área, nacional e internacional, para servidores públicos en el desempeño
de sus funciones oficinales (sic), así como personas migrantes que por las funciones sustantivas se requieran.
De acuerdo con las autoridades
responsables de la vigilancia y control, este contrato debió licitarse o
justificarse bajo el rubro de costo-beneficio fracción III. Aunque este
contrato se pretendió ejecutar bajo las Reglas de Operación del Comité
Técnico del Consejo de Seguridad Nacional, no se cuenta con el escrito
de justificación de fecha 27 de febrero de 2018.
-
Contrato número SG/CPS/05/2017, suscrito por el entonces oficial mayor de la Segob, Jorge Márquez Montes, asignado sin licitar a la empresa privada Efectivale, S de RL de CV, representada por María Guadalupe Rojas García, por un monto de 16 millones de pesos para prestar un servicio mediante una plataforma electrónica. El área contratante es la DGRMySG y el servicio era para el Centro de Producción de Programas Informativos y Especiales.
De acuerdo con el dictamen oficial, “no
debió contratarse con base al artículo 41, fracción IV de seguridad
nacional, toda vez que es un servicio que se presta mediante una
plataforma electrónica. Agrega el documento: “En caso de los vales,
éstos se pueden utilizar en cualquier establecimiento que acepte Carnet o
dicho plástico”.
Además de haber incumplido la norma al
otorgarse de manera directa dicho contrato, tampoco cuenta con el
escrito de justificación de fecha 24 de febrero de 2017.
-
Otro contrato otorgado a la misma empresa privada: Efectivale, es el número SG/CPS/06/2017, por 3 millones de pesos, y que se asignó mediante el procedimiento de adjudicación directa con fundamento en el artículo 134 de la Constitución y la fracción III, y artículos 40 y 41 de la Ley de Adquisiciones (seguridad nacional).
El área contratante fue la DGRMySG y el
servicio era para el Centro de Producción de Programas Informativos y
Especiales (Cepropie), al servicio principalmente de la Presidencia de
la República.
Se concluyó que “no se justifica tal
asignación… pues no se precisa la fracción bajo la cual se contrata, y
en caso de fundarlo en la fracción IV del artículo 41 (como se pretendió
justificar), no procede, toda vez que es un servicio que se presta a
través de una plataforma electrónica”. Este contrato tampoco cuenta con
escrito de justificación de fecha 14 de febrero de 2017.
-
Contrato SG/CPS/43/2017, otorgado por la DGAOS a la empresa Casa Álvarez Gourmet, SA de CV, representada por Lidia Elda Álvarez Jaime, por un monto de 13 millones de pesos para “preparar, procesar y proporcionar alimentos, comidas, box lunch y coffe break a empleados de las Segob y el órgano desconcentrado Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, así como usuarios externos autorizados por parte del administrador del contrato”.
Las autoridades investigadoras
explicaron que a pesar de ser un servicio que se proporciona al interior
de la Secretaría de Gobernación, ello no justifica la fracción IV del
artículo 41 (seguridad nacional). Se añade que no se cuenta con el
escrito que justifique la contratación.
-
Convenio de colaboración abierto OADPRS/DGA/CC/003A/2017, por 13 millones 352 mil 430 pesos para el servicio de protección, custodia, vigilancia y seguridad de los inmuebles del Proyecto Academia Nacional de Administración, asignado bajo el supuesto de seguridad nacional, artículo 1, párrafo V de la Ley de Adquisiciones.
-
Convenio de colaboración abierto OADPRS/DGA/CC/004A/2017, hasta por 75 millones para el apoyo, análisis, diagnóstico, elaboración y seguimiento de apoyo tecnológico. Asignado por seguridad nacional.
-
Contrato SG/CPS/52/2017, por 1.5 millones de pesos hecho por la DGRMySG con la empresa King Mar Mexicana, SA de CV, representada por Martha Alicia Reyes Arvizu, para fumigación y control integral de plagas a inmuebles y jardines de la Secretaría de Gobernación. De acuerdo con los investigadores “no se justifica que se haya contratado conforme a la fracción IV del artículo 41, pues debió licitarse.
-
Contrato SG/CPS/53/2017, de la DGRMySG por 235 millones de pesos y la empresa beneficiada fue XA Services, SA de CV, representada por Francisco Xavier Alcocer Quijano, y trata de un “servicio integral plataforma global para la reducción de riesgo de desastres Cancún, Quintana Roo 2017” (sic).
De acuerdo con las indagatorias este
contrato asignado directamente por seguridad nacional “no se justifica y
es cuestionable su aplicación de acuerdo con el artículo 41, fracción
IV, pues el monto máximo permitido es de 200 millones de pesos”. Tampoco
se cuenta con el escrito de justificación.
- Contrato SG/CPS//66/2017, por 6 millones de pesos y firmado por la DGRMySG y por Marco Antonio Sandoval Rodríguez para trabajos de jardinería a inmuebles de Gobernación en la Ciudad de México y Zona Metropolitana.
De acuerdo con el dictamen oficial sobre
este contrato, “no se justifica invocar la seguridad nacional” para ese
tipo de trabajo y tampoco se cuenta con un escrito que lo justifique.
-
Contrato SG/CPS/70/2017, por 11.3 millones de pesos, fue asignado por la Subdirección de Adquisiciones, dependiente de la Dirección General Adjunta de Adquisiciones, a la asociación civil Pro Ayuda a la Mujer, representada por María Baños Reynaud. Se explica que debido a que no cuenta con el escrito de justificación, no se puede acreditar la exclusividad aludida en el artículo 41, fracción I.
-
Contrato SG/CPS/02/2016, por 21.9 millones de pesos y asignado directamente por la DGRMySG a la empresa Reisco Operadora de Servicios, SA de CV, representada por Fausto Rodas Ruiz.
El servicio contratado consiste en
“mantener y conservar limpios y en condiciones de salubridad e higiene
los bienes muebles, equipos de oficina, bienes inmuebles, espacios
abiertos y vialidades que ocupa la Secretaría de Gobernación”; sin
embargo, no se cuenta con el escrito de justificación.
-
Contrato SG/CPS/03/2016, de la DGRMySG y asignado a Casas Álvarez Gourmet, SA de CV, representada por Lidia Elda Álvarez Jaime. El monto asciende a 27.3 millones de pesos para “preparar, procesar y proporcionar alimentos, desayunos, comidas, box lunch y coffe break para empleados de Gobernación, así como a usuarios externos autorizados…” Las autoridades investigadoras señalan que esta contratación millonaria no está justificada y debió concursarse, además de contar con escrito de justificación.
-
Contrato SG/CPS/05/2016, asignado por la DGRMySG a la empresa Agel Ingeniería, SA de CV, representada por Guillermo Licea Reyes, por un monto de 21.3 millones de pesos.
El servicio es para “mantener
instalaciones y equipos de aire acondicionado, extracción, refrigeración
y bombas de calor en óptimas condiciones de operación… en inmuebles de
Gobernación”. En este caso tampoco hay escrito de justificación.
-
Contrato SG/CPS/06/2016, asignado por la DGRMySG a la empresa KE Fibertec, SA de CV, representada por Eric Federico de Jesús Hernández Desentis, y por un monto de 4.5 millones de pesos.
El servicio contratado consiste en “dar
mantenimiento preventivo y correctivo al sistema de plafón frio de la
Segob”, por lo que es injustificada su contratación conforme a la
fracción IV y debió licitarse. Tampoco hay escrito justificatorio ni se
menciona la fecha.
-
Contrato SG/CPS/07/2016, asignado por la DGRMySG a la empresa Viaje Premier, representada por Junior Roberto Hernández Escamilla, por un monto de 8 millones de pesos.
Este gasto fue para la “contratación de
servicio integral denominado Foros de debate nacional sobre el uso de la
marihuana”, lo cual no justifica la aplicación de la fracción IV de la
citada Ley y tampoco hay escrito de justificación.
-
Contrato SG/CPS/12-1/2016-2017, la DGRMySG contrató por 28 millones de pesos a la empresa RCU Sistemas, representada por Israel González León, para proporcionar el “servicio de protección y seguridad técnica para el cumplimiento de medidas cautelares de organismos nacionales e internacionales de protección de derechos humanos”. Se refiere a defensores de derechos humanos y periodistas.
Las autoridades responsables de la
investigación señalaron que no se justifica la asignación directa de
este contrato, por tal motivo debió licitarse.
Equipo de Osorio responde por contratos multimillonarios asignados sin licitación
Consultado sobre los señalamientos en
torno a las presuntas irregularidades que se habrían cometido al abusar
del concepto de “seguridad nacional” para asignar cientos de contratos
multimillonarios sin licitación, el equipo de Miguel Ángel Osorio Chong
respondió lo siguiente por medio de una tarjeta informativa:
“Relativo a las contrataciones que
realizó la Secretaría de Gobernación en materia de seguridad nacional
por adjudicación directa, se considera relevante precisar lo siguiente:
“Estas contrataciones fueron realizadas
en apego a los lineamientos establecidos en la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios del Sector Público y documentos normativos.
“Dichos contratos han sido revisados por
las instancias fiscalizadoras: el Órgano Interno de Control, la
Secretaría de la Función Pública y la Auditoría Superior de la
Federación, dando como resultado la aprobación de las cuentas públicas.
“Estos contratos fueron cargados conforme a su normatividad al portal de transparencia de la Secretaría de Gobernación.
“Las adjudicaciones están justificadas
en el ámbito de seguridad nacional en virtud de la naturaleza propia de
la necesidad y de la protección de datos de personas, así como de
direcciones de instalaciones estratégicas.
“En todos los casos, las contrataciones
se fundamentaron en el artículo 41 fracción IV de la Ley Federal de
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, que en su
caso pueden exceptuar y facultar su adjudicación.
“Incluso la naturaleza de estos
contratos y sus objetivos llevan en forma inherente la causal total de
confidencialidad, por lo tanto, no se pueden revelar datos para no
incurrir en violaciones legales que solo una autoridad judicial puede
determinar.”
Reisco Operadora de Servicios, inhabilitada por 3 meses por irregularidades
Los 2 primeros meses del gobierno de
Andrés Manuel López Obrador, la contratista de la Secretaría de
Gobernación, Reisco Operadora de Servicios, no pudo contratarse con el
gobierno por encontrarse inhabilitada.
Beneficiada con el contrato
SG/CPS/02/2016 por 21.9 millones de pesos, gracias al esquema de
contrataciones directas que instauró la Secretaría de Gobernación
durante el periodo de Miguel Ángel Osorio Chong, esta empresa fue
sancionada por la Secretaría de la Función Pública a fines del sexenio
de Enrique Peña.
De acuerdo con la circular OICE/11186/001/18, publicada el 5 de noviembre de 2018 en el Diario Oficial de la Federación,
las dependencias y entidades de la administración pública federal, la
Fiscalía General de la República, así como las entidades federativas y
los municipios debieron abstenerse de aceptar propuestas o celebrar
contratos con dicha persona moral –“cuyo administrador único es el
ciudadano Fausto Rodas Ruiz”– entre noviembre del año pasado y enero de
2019.
Ello, luego de que el Área de
Responsabilidades del Órgano Interno de Control en Educal, SA de CV,
resolvió el expediente SANC-01/2018 de sanción administrativa incoado a
la persona moral Reisco Operadora de Servicios.
La resolución ordenó que a partir del día siguiente en que se publicó la circular en el Diario Oficial de la Federación
deberán abstenerse de recibir propuestas o celebrar contrato alguno
sobre las materias de adquisiciones, arrendamiento, servicios, obras
públicas y servicios relacionados con las mismas, con dicha persona
física de manera directa o por interpósita persona, por el plazo de 3
meses.
Ello, con fundamento en los artículos
134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1,
fracción V, 11, 59, 60, fracción III, 61, fracciones I, II, III y IV de
la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público;
2, 8 y 9, primer párrafo, de la Ley Federal de Procedimientos
Administrativo, de aplicación supletoria; 99, fracción I, del Reglamento
Interior de la Secretaría de la Función Pública.
Aunado a ello, la Auditoría Superior de
la Federación ha emitido dos advertencias a la administración pública
para que no sean contratados los servicios de esta empresa.
Las empresas beneficiadas
| RCU Sistemas, SA de CV |
| Dueño: Israel González León Empresa con casi 2 décadas de existencia en el ramo de la seguridad y comunicaciones.
De acuerdo con el Informe estadístico
de la Secretaría de Gobernación en junio de 2016, existe un contrato
con el Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos
Humanos y Periodistas que comenzó su vigencia a partir del 27 de febrero
de 2014. No encontré copia de ese contrato.
|
| KE Fibertec, SA de CV |
| Dueño: Eric Federico de Jesús Hernández Desentis
Ofrece soluciones de ingeniería
especializada para el confort térmico en edificaciones del sector
hospitalario, comercial, industrial, cuartos limpios, aeropuertos y
cualquier recinto que requiera las nuevas tecnologías para la filtración
electrostática de alta eficiencia, balanceo certificado de sistemas
HVAC, soluciones de confort para movimiento de aire mediante ductos
textiles, confort y ahorro de energía mediante enfriamiento por
radiación.
|
| Agel Ingeniería, SA de CV |
| Dueño: Guillermo Licea Reyes |
| Casas Álvarez Gourmet, SA de CV |
| Dueña: Lidia Elda Álvarez Jaime
Empresa de catering. Cuenta con
la certificación “H” que otorga y audita la Secretaría de Turismo, con
exámenes de higiene y manipulación de alimentos. Su equipo de trabajo
está conformado por más de 500 empleados y proveedores.
|
| Reisco Operadora de Servicios, SA de CV |
| Dueño: Fausto Rodas Ruiz |
| Viajes Premier, SA de CV |
|
Sociedad anónima fundada en 1968,
inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de la
Ciudad de México. Se dedica a la reservación de viajes de negocios y
apoyo en la planeación y desarrollo de viajes de incentivos para
empresas. Puede realizar reservación y venta de boletos de vuelos
nacionales e internacionales, boletos de autobús, reservación en
hoteles, elaboración de itinerario, seguros de viajeros, etcétera.
Adicionalmente se encargan de organizar juntas de trabajo, congresos,
conferencias y convenciones.
|
| Teléfonos de México, SAB de CV |
| Dueño: Carlos Slim Domit, presidente del Consejo de Administración
Proveedor de telecomunicaciones y
tecnologías de la información. Proporciona servicios de redes
corporativas, acceso a internet, administración de redes, venta de
equipo telefónico, venta de equipo de cómputo y servicios de
interconexión con otros operadores. Cuenta con una red de servicios
múltiples en la que una parte sustancial de nuestras líneas tienen la
capacidad de proveer transmisión simultánea de voz y datos.
|
| Comtelsat, SA de CV |
| Dueño: Manuel Arroyo R, presidente y CEO
Provee soluciones de alta tecnología y especialización en los mercados de broadcast & telecom, dedicada a la integración de soluciones tecnológicas en México, centro y Sur del Continente Americano.
|
| Matra Communication de México, SA de CV |
|
Compañía francocanadiense. Según Reporte Índigo,
se le ha investigado por supuestos actos de corrupción al obtener
contratos de forma directa, sin licitar, el contrato para instalar el
Sistema Nacional de Radiocomunicaciones entre 1998 y 2000.
Actualmente esta compañía se llama EADS Telecom México, SA de CV. |
| DRM Health, SA de CV |
|
Dedicada a suministrar tecnología,
herramientas y servicios que apoyan las mejores prácticas médicas.
Ofrece desde materiales reciclables hasta nuevas estructuras de
investigación. Sus productos están certificados con la norma ISO 13485
(Sistema de Calidad Standard 2003 para dispositivos médicos), así como
registros sanitarios avalados por la Comisión Federal para la protección
de riesgos sanitarios y certificación de la FDA.
Esta empresa se cambió el nombre de DGRM Health a DRM Health |
| Efectivale, S de RL de CV |
|
La compañía estadunidense Fleetcor es su
dueña desde el 2011. Tiene siete sedes en México y se dedica a los
pagos especializados por medio de vales, principalmente de gastos de
combustibles (vales para despensas, comidas y bonos navideños).
Entre 2013 a 2016, la empresa obtuvo al menos 65 contratos con distintas entidades del gobierno federal.
|
| King Mar Mexicana, SA de CV |
| Dueña: Martha Alicia Reyes Arvizu Empresa de fumigicación y control de plagas. |
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