Directivos
de Pemex. Fotos de izquierda a derecha Miguel Dimayuga, Germán Canseco,
https://www.elsegundero.com, Víctor Hugo Rojas / Procesofoto
CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Hasta ahora, la
corrupción tan aludida, periodísticamente expuesta y mayoritariamente
impune, de las pasadas administraciones federales, así como de las
empresas productivas del Estado, destacadamente en Pemex, no había
llegado a procesos internacionales.
En apariencia cuidadosos, los directores de Pemex y su consejo de
administración habían sorteado la atención de tribunales extranjeros o
instancias multilaterales, debido a que parecían atender normatividades y
prácticas exigibles en el comercio exterior.
Pero finalmente el desaseo que en más de un sentido traspasó fronteras, está bajo investigación. De acuerdo con un audaz reportaje publicado por el reportero Mathieu Tourliere, en la edición 2237 del semanario Proceso,
que está en circulación esta semana, las malas prácticas están bajo
revisión de un equipo de expertos convocado por la Comisión de Bolsa y
Valores de los Estados Unidos (SEC, por sus siglas en inglés). La razón
es que, Pemex colocó bonos de deuda en el mercado estadunidense y con
ello, quedó sujeta a la llamada ley antisoborno.
El procedimiento alcanza a las administraciones de Felipe Calderón y
de Enrique Peña Nieto, recorriendo el desempeño de la petrolera durante
las últimas cuatro direcciones a cargo de Juan José Suárez Coppel,
Emilio Lozoya Austin, José Antonio González Anaya y Carlos Alberto
Treviño Medina. Y es que, las presuntas irregularidades detectadas
ocurrieron a partir de enero de 2012, el último año del presidente
surgido del PAN.
El asunto es sensible: más allá de la corrupción que tendría que
sancionarse en el ámbito nacional, las previsibles conclusiones de dicha
investigación estadunidense tendrán consecuencias para México en la
administración de Andrés Manuel López Obrador, al grado de frustrar o al
menos entorpecer la realización de su apuesta por el desarrollo basada
en aumentar la inversión en Pemex. Es así porque de imponerse sanciones
económicas, este gobierno tendría que pagar los platos rotos del pasado.
Por lo expuesto en el citado reportaje –cuya lectura es recomendable
para entender a detalle la trascendencia del asunto–, la investigación
es realizada por un equipo de 26 especialistas en delitos financieros,
entre quienes destacan aquellos que investigaron para la misma SEC el
caso Braskem-Odebrecht que devino en la imposición de una multa por 3
mil 500 millones de dólares en 2017.
El objetivo de ese grupo es verificar si en las operaciones de Pemex,
la novena petrolera más grande del mundo, se incurrió en delitos
bursátiles de la legislación estadunidense, principalmente, en relación a
la falsificación de información financiera, el famoso “maquillaje” de
cifras tan frecuente en los informes de presupuestales mexicanos, y se
concentra en indagar exactamente los mismos ilícitos que en el caso
Odebrecht.
La investigación de la SEC respecto a la mencionada brasileña
Odebrecht, repasó las anomalías en 11 países, incluido México, donde
dicha empresa tuvo una presencia destacada y, aunque existe amplia
información al respecto, no hay investigación nacional concluyente.
En general, ese ni algún otro de los muchos asuntos de corrupción en
Pemex ha tenido consecuencias mayores, si bien, hay casos abiertos por
la Fiscalía General de la República (FGR) cuyo desenlace es incierto.
Entre esos casos, está el de la compra-venta de Agronitrogenados y la
denuncia –cuyos avances se desconocen– de la operación con Fertinal, las
empresas de fertilizantes inservibles y adquiridas a sobreprecio según
declaraciones presidenciales, ambos incluidos en la investigación que
ahora realiza la SEC.
El lío es gordo. Quizás por eso hay un silencio de la actual
administración respecto al asunto. La opacidad con que suele manejarse
el director de Pemex, Octavio Romero Oropeza, quien sólo es capaz de
presentar modestas gráficas en power point en “las mañaneras” a
las que lo convoca el presidente López Obrador ha incrementado las
dudas en el sector, en un momento en el que su posición es necesaria
para enviar señales de confianza a inversionistas en los que se cifra en
parte el éxito del plan de reactivación petrolera de la autollamada
“Cuarta Transformación”.
Con procesos estancados en México, la indagatoria y sanción de actos
de corrupción e ilegalidad de pasadas administraciones no es opcional.
No se trata sólo de lo que robaron o dilapidaron los gobiernos pasados
sino de las consecuencias a futuro que los malos gobiernos siguen
provocando.
Visita www.notassinpauta.com
No hay comentarios.:
Publicar un comentario