El acuerdo migratorio

Jorge Durand

La Jornada

Se cumplió el segundo plazo del acuerdo migratorio (más bien el chantaje) y el gobierno mexicano libró con las justas la prueba de las estadísticas. El flujo de migrantes se redujo en 56 por ciento y falta muy poco para lograr el objetivo.

De hecho, la cifra de aprehensiones en la frontera bajó de 140 mil en mayo a menos de 50 mil en agosto. Un índice todavía un poco alto con respecto a las cifras de años anteriores que en esas épocas estaba en 40 mil personas. Según Marcelo Ebrad Casaubón se cumplió en 90 por ciento del objetivo en cuanto a contención de migrantes, avalado por cifras estadunidenses, lo que aleja la posibilidad de una crisis arancelaria.

México respondió con cifras, el mismo lenguaje que había utilizado Donald Trump para emitir su amenaza sobre su imposición de aranceles. En ese sentido, fue la respuesta adecuada a un ultimátum, que se había justificado con datos estadísticos. No obstante, las medidas de esa contención han tenido importantes costos humanitarios, sociales, políticos y económicos.

Los costos humanitarios están a la vista. Los principales afectados han sido los migrantes perseguidos, apresados o deportados. También los varios miles que esperan una solución en los centros de detención, a sus casos de refugio, solicitudes de visas humanitarias o permisos de salida.

La situación de los migrantes africanos es particularmente grave y conflictiva, sin que se vislumbre una solución adecuada. El tránsito legalizado, como permiso de salida, al parecer ya no es una opción para ellos.

Las repercusiones de esta política han tenido impacto internacional, con la llamada de atención de la alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet Jeria, quien se refirió explícitamente a las políticas migratorias de Estados Unidos, México y Centroamérica que ponen en riesgo a los migrantes, familias y niños.

Por otra parte, el impacto social de los bandazos en política migratoria ha polarizado las opiniones en la sociedad mexicana sobre el asunto migratorio. El discurso trumpista de la migración como amenaza ha permeado en algunos sectores de la población. Lo que resulta paradójico en una nación de migrantes, con 12 millones de mexicanos viviendo fuera y con tan sólo medio millón de inmigrantes.

La polarización se ha dado con especial énfasis en las redes sociales, donde se ha desatado la xenofobia y el racismo. En tanto, las organizaciones de la sociedad civil, que desde hace décadas, apoyan y defienden a quienes viajan hacia Estados Unidos en busca de refugio se han visto acosadas y desprotegidas porlas nuevas políticas de contención y por errores garrafales de las fuerzas de seguridad que han acosado a defensores y casas de migrantes.

El impacto político del llamado acuerdo migratorio ha sido evaluado por algunos analistas y políticos como una debilidad y una concesión excesiva. No le han encontrado el modo a Trump, quien ataca de manera intempestiva e inesperada.

Lo más grave es la falta de autocrítica por parte del gobierno. No se analizaron posibles escenarios para la aplicación de políticas migratorias aperturistas y supuestamente humanitarias. La Secretaría de Gobernación fue incapaz de manejar adecuadamente la política migratoria y quedó totalmente rebasada. Tampoco hay claridad sobre cuándo, cómo y con qué personal esta dependencia habrá de retomar sus funciones en asuntos migratorios.

La contención no sólo se da en la frontera sur, ocurre a lo largo de todo el territorio, la llamada frontera vertical y especialmente en la norte, donde los migrantes llegan, intentan cruzar, esperan audiencia y los regresan para esperar una segunda cita.

El trabajo sucio en favor del imperio, que siempre se había realizado, recordemos el Plan Frontera Sur de Peña Nieto en 2014, era un asunto de alta diplomacia, con posibilidades de negociación y acuerdo, no se manejaba por tuit y con plazos perentorios. Las maneras actuales ponen en entredicho al gobierno mexicano y lo colocan en una situación muy incómoda.

Por lo pronto, todos los gastos de este mega esfuerzo de contención corren por cuenta del erario mexicano. No se sabe si hubo ofrecimientos económicos por parte de Estados Unidos. En el caso de Europa, para que Turquía aceptara ser tercer país seguro, se ofrecieron 6 mil millones de euros.

Para remate, en el caso nuestro, un funcionario de tercer nivel, el secretario interino de seguridad interna, Kevin McAleenan, se da el lujo de presionar públicamente al gobierno mexicano exigiendo más y más contención migratoria y vuelve a plantear el tema de tercer país seguro.

En realidad, si se analiza el caso de los africanos en Tapachula, Chiapas, estamos actuando prácticamente como tercer país seguro, pero son los migrantes africanos los que no quieren aceptar el refugio en México, lo que es una figura totalmente inédita ¿Qué se hace en estos casos?

Como quiera, la negativa mexicana a aceptar formalmente la propuesta de tercer país seguro es muy importante, Guatemala y Honduras ya doblaron las manos. Aunque nadie sabe realmente qué van a hacer y quién esté dispuesto a pedir refugio en esas naciones.