Una circunstancia,
entre otras, marca hoy las complejas condiciones relativas al mercado
laboral en el país y, así, las de una parte relevante de los ingresos de
las familias.
Al final de 2019, según se registra en un informe del Inegi, había
más de 1.9 millones de desempleados, es decir, personas que activamente
buscaron un trabajo en el último trimestre de 2019 y no lo encontraron.
Este número fue el más alto para un periodo similar desde 2015.
Significó un aumento de más de 114 mil personas con respecto al año
anterior.
Al mismo tiempo, se informó que el alza del salario mínimo, junto con
la menor tasa de inflación, que mide el mismo Inegi, o sea, lo que
puede considerarse como un equivalente al salario real, creció el año
pasado.
Lo anterior condujo a que se redujera en casi 2.7 millones el número
de personas que reciben un ingreso derivado del trabajo que está por
debajo del costo de la canasta alimentaria, según la consideración que
hace al respecto el Coneval. Se calcula que el valor de la canasta al
inicio de 2020 es de mil 615 pesos en la zonas urbanas y de mil 149 en
las rurales.
Por eso, se estima que la tasa de pobreza laboral, que muestra la
proporción de personas que no puede adquirir dicha canasta con el
ingreso de su trabajo, pasó de 39.8 a 37.3 por ciento de la población.
Una cuestión ineludible para cualquier aproximación a las formas de
funcionamiento de la economía mexicana y, por lo tanto, de las
condiciones de trabajo, salariales y de bienestar de las familias es la
relativa a la informalidad laboral.
Esta situación da cuenta de más de la mitad del producto anual que se
genera y del número de la gente que trabaja. Es difícil estimar con un
suficiente nivel de confianza las condiciones sociales que prevalecen en
ese segmento de la población, que es muy diverso.
Lo que sí puede decirse es que los incentivos para estar en la
informalidad son suficientemente fuertes como para preferir mantenerse
en esa condición y no afiliarse al mercado formal. Por la vía fiscal ha
sido claramente inviable.
El empleo formal, evidentemente, no crece de manera suficiente. Esa
es una cuestión asociada con la estructura productiva, con los medios y
los incentivos para generar utilidades de la inversión y con las
políticas públicas.
Por su lado, las políticas aplicables al mercado laboral no llegan de
modo directo al segmento informal de la población que trabaja.
La cifra de la informalidad se mantiene muy elevada desde hace muchos
años y está muy relacionada con la naturaleza general de las políticas
públicas que se han aplicado desde hace varios sexenios.
La consideración realista de las condiciones de la generación del
empleo y los ingresos del trabajo son la base para integrar un plan
coherente de fomento al crecimiento del producto.
El asunto es el sustento para replantear la política laboral, los
diversos esquemas de apoyo al bienestar y, también, de los ingresos del
gobierno. En eso, precisamente, está enfrascado ahora el gobierno
federal. La manera en que lo resuelva será clave para el fomento del
crecimiento productivo, así como de las remuneraciones, monetarias y de
otro tipo, al trabajo.
Es un punto de partida para fijar las medidas de promoción del
empleo, del salario y de las formas de la contratación de los
trabajadores. Lo es para establecer las necesidades de protección social
aplicables y los mecanismos más eficaces para acercarlos a la gente.
Implica las medidas de corte fiscal que inciden en los ingresos
laborales y, también, en las inversiones productivas y su rentabilidad.
El empleo es el sustento principal de los ingresos laborales: salario
y prestaciones. Es la manera esencial para generar corrientes de
ingresos directas e indirectas al trabajo. El gobierno no puede
satisfacerlas plenamente. Los incentivos a la inversión productiva son
claves para generar más empleo y mejorar las condiciones de una parte
significativa de los trabajadores.
Se ha debatido sobre la necesidad de flexibilizar la política de
tasas de interés para elevar el gasto en inversión. Hoy es mucho más
relevante un acuerdo en torno a asuntos como la cuestión laboral.
La política financiera enfrenta sus propios dilemas. Las tasas están
amarradas a la entrada de capitales, que mantiene la estabilidad
relativa del tipo de cambio. El límite en ese ámbito es muy rígido. Ese
es un aspecto que se expresó en la reciente rebaja de 0.25 puntos
porcentuales en la tasa de referencia del Banco de México. Eso dice el
voto unánime de su junta de gobierno.
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