La Cámara de Diputados desempolvó un dictamen que tenía
listo para votación desde el 30 de octubre de 2019, con el cual se busca
endurecer las penas contra el feminicidio, y lo aprobó en la sesión de
este martes, con la finalidad de sancionar ese delito hasta con 65 años
de prisión, cinco más que la pena vigente.
La reforma, aprobada con 415 votos en favor y uno en contra, de Ana
Lucía Rojas, se avaló sin discusión y se turnó al Senado, en un contexto
en que se han incrementado las protestas por feminicidios como el de la
niña Fátima. En su más reciente reunión con diputadas, el fiscal
Alejandro Gertz Manero propuso una pena de 70 años de cárcel.
También se aprobó incrementar la pena de prisión para quienes cometan
el delito de abuso sexual contra menores de 15 años o personas que no
tengan la capacidad de comprender el significado del hecho. La sanción
vigente es de seis a 13 años de cárcel y se aumentó de 10 a 18.
El pleno aprobó imponer una multa equivalente a entre mil y mil 500
días de salario mínimo a quien cometa el delito de feminicidio; la multa
actual es de 500 a mil 500 días.
Se avaló prisión de seis a 10 años –en la actualidad es de tres a
ocho– al funcionario que retarde o entorpezca maliciosamente o por
negligencia la procuración de justicia a víctimas de feminicidio o abuso
sexual.
A lo largo de la sesión ordinaria la mayoría coincidió en condenar la
violencia de género y los feminicidios que sufren las mujeres mexicanas
y guardaron un minuto de silencio por la muerte de la niña Fátima
Cecilia Aldrighetti Antón.
En el pleno, al pronunciarse acerca de un acuerdo que presentó la
Junta de Coordinación Política, que rechaza y condena todo tipo de
violencia contra mujeres y niñas, las representantes del PAN llevaron el
tema a la arena política. Mientras el resto de las fuerzas
representadas en San Lázaro demandaron unidad y trabajo conjunto entre
sociedad y poder público.
Ana Patricia Peralta (Morena) preguntó:
¿Qué más es necesario que pase para aceptar que la violencia contra las mujeres es una epidemia?Afirmó que no hay lugar en México donde las mujeres
nos sintamos seguras; ni siquiera después de muertas se nos trata con dignidad, y adujo que más que nunca el Estado debe mandar un mensaje claro de
cero tolerancia.
Martha Tagle, de Movimiento Ciudadano, manifestó:
Lo que demandamos son acciones urgentes para acabar con esta violencia que está matando cada día a 10 mujeres. Planteó reunirse con el secretario de Seguridad y Participación Ciudadana con el fin de saber qué hará, y convocar a un encuentro con los fiscales de todo el país con el propósito de saber qué medidas emergentes van a emprender para investigar los feminicidios.
La priísta Laura Barrera consideró que enfrentar el flagelo de la
violencia de género no forma parte de colores, partidos y culpas, es de
responsabilidades y políticas públicas en protección de la niñez. No
obstante, cuestionó la respuesta gubernamental:
Adónde se dirige México, en qué momento la autoridad decidió que la popularidad vale más que garantizar una vida libre de violencia. El caso de Fátima exige no ser una cifra más, clama a la unidad nacional y pide a las autoridades responder con altura.
Roberto Garduño y Enrique Méndez
Periódico La Jornada
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