John M. Ackerman
CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- La próxima llegada de cuatro nuevos consejeros electorales al Instituto
Nacional Electoral (INE) constituye una oportunidad de oro para
equilibrar la integración del máximo órgano de decisión de esta
importante institución del Estado mexicano. Desde la creación en 1990 de
su predecesor, el Instituto Federal Electoral, este instituto ha
contado con muy pocos consejeros con un compromiso irrestricto con la
defensa de la justicia social y una verdadera democratización de la vida
política del país.
Entre 1994 y 1996 Miguel Ángel Granados Chapa, José Agustín Ortiz
Pinchetti y Ricardo Pozas Horcasitas fueron quienes pusieron de pie al
nuevo instituto electoral al defender con fuerza su autonomía, aun en
condiciones muy adversas. Entre 1996 y 2003 los consejeros Jaime
Cárdenas y Jesús Cantú libraron una batalla heroica contra el sistema
autoritario de aquella época, tal y como exponemos a detalle en el libro
Organismos autónomos y democracia: el caso de México (IIJ-UNAM/Siglo
XXI, 2007). Y más recientemente el consejero Roberto Ruiz Saldaña ha
demostrado gran valentía al defender la institucionalidad democrática
contra las triquiñuelas de Lorenzo Córdova y Ciro Murayama.
Todos los otros consejeros nombrados a lo largo de las últimas tres
décadas han jugado un papel de cómplices, en mayor o menor medida, del
viejo sistema de corrupción estructural. Existen casos particularmente
escandalosos, como el de Luis Carlos Ugalde, quien fue directamente
responsable por el fraude electoral de 2006, o Marco Antonio Baños,
quien siempre se ha considerado a sí mismo un fiel soldado del PRI.
También ha habido muchos consejeros cuya obsesión con la supuesta
“neutralidad”, malentendida como “llevarse bien” con absolutamente
todos, incluyendo los fraudulentos, los sujetó a los chantajes del viejo
régimen. Es el caso, por ejemplo, de José Woldenberg, Leonardo Valdés,
Alfredo Figueroa y Pamela San Martín, entre otros.
Hay también casos de consejeros que se presentan en sociedad como
paladines de la transformación democrática, pero en realidad operan
sistemáticamente a favor de sus intereses personales y políticos dentro
de la institución electoral. Córdova y Murayama son los ejemplos más
claros de este fenómeno. Estos dos militantes del dispendio y el
derroche son los equivalentes de Aurelio Nuño y Emilio Lozoya dentro del
gobierno de Enrique Peña Nieto. De hecho, fue precisamente Nuño quien
operó desde la Oficina de la Presidencia de la República el nombramiento
de Córdova como consejero presidente del INE en 2014.
Es importante recordar y repetir, una y otra vez, que la victoria
ciudadana de 2018 no la debemos a los consejeros electorales actuales
sino a la enorme dignidad del pueblo mexicano, que logró derrotar al
viejo régimen a pesar de la implementación de las muy conocidas
estrategias de fraude electoral. En lugar de defender la democracia, los
consejeros evidenciaron la misma indolencia y complicidad de siempre
con las viejas prácticas del PRIANRD.
Y la persecución de parte del INE a Morena por el fideicomiso Por los
demás, junto con la más absoluta impunidad para la Operación Berlín,
constituye solamente un botón de muestra de la falta de autonomía e
imparcialidad de la mayoría de los actuales consejeros electorales. Para
una revisión integral de las irregularidades cometidas en la más
reciente elección presidencial se puede consultar el informe
universitario sobre Los Claroscuros de las elecciones de 2018 (véase:
https://bit.ly/39zW8y6).
Ahora bien, si queremos cambiar el modus operandi del INE habría que
asegurar que los cuatro nuevos consejeros electorales electos en las
próximas semanas por la Cámara de Diputados tengan un perfil totalmente
diferente a los anteriores.
En primer lugar los nuevos consejeros deben tener experiencia directa
en las luchas ciudadanas contra el viejo régimen. Los candidatos deben
poder demostrar con hechos concretos su compromiso irrestricto con los
principios democráticos y su valentía frente al sistema autoritario y
los poderes fácticos, preferentemente desde las organizaciones populares
o comunidades en lucha.
Segundo, se debe seleccionar a personas que no tienen relación alguna
con los consejeros actuales. Sólo evitando este tipo de conflictos de
interés tendrá el nuevo grupo de consejeros la independencia y la
autonomía necesarias para poder transformar al INE desde dentro. De lo
contrario, se repetirá el viejo modelo de negociaciones en los oscurito
para acomodos y prebendas institucionales.
Tercero, es importante, desde luego, que los integrantes del máximo
órgano de dirección del INE tengan una formación técnica y profesional
básica. La fracción 1. d) de la Ley General de Instituciones y
Procedimientos Electorales (LGIPE) establece que los consejeros deben
tener título de licenciatura y “contar con los conocimientos y
experiencia que les permitan el desempeño de sus funciones”.
Sin embargo, más allá de este requisito básico e importante, los
diputados no deberían dejarse deslumbrar por aquellos candidatos que
tengan muchos posgrados o hayan memorizado cada letra de la LGIPE.
La abultada estructura del INE está llena de expertos y expertas en
la legislación electoral y al llegar a sus cargos, los nuevos
consejeros contarán con un amplio presupuesto para contratar a todos los
asesores necesarios para resolver asuntos técnicos.
Lo más importante no es la formación académica de los nuevos
consejeros, sino su compromiso irrestricto con luchar sin tregua desde
sus nuevas posiciones para arrancar de raíz el sistema de corrupción
estructural y establecer por fin una verdadera democracia en nuestro
país.
En este sentido, es recomendable que los diputados dejen a un lado
las instrucciones que un grupo de académicos y empresarios cercanos a
los consejeros actuales pretenden girar a la Junta de Coordinación
Política. El documento Diez buenas prácticas para asegurar un proceso de designación de Consejeros Electorales transparente y equitativo,
firmado por Ricardo Becerra, María Amparo Casar y Gustavo de Hoyos,
entre otros, no tiene otro propósito que intentar presionar a los
diputados para que nombren nuevos consejeros que sigan en la misma línea
que los anteriores.
Es hora de que el INE recupere su vocación original de servicio a la sociedad civil y a la plena participación democrática.
www.johnackerman.mx
Este análisis se publicó el 16 de febrero de 2020 en la edición 2259 de la revista Proceso
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