Magdalena Gómez
El próximo día 20 se
cumplirá un año del artero y no investigado asesinato de Samir Flores.
Este crimen marcará al actual gobierno pese a que parece no dar cuenta
de ello. Numerosos pueblos están realizando acciones en todo el país y
algunas en otros países, como parte de las Jornadas en Defensa del
Territorio y la Madre Tierra, Samir Somos Todas y Todos, que culminará
en Amilcingo, Morelos. Este movimiento es un telón de fondo, ahora que
está en curso la estrategia gubernamental del llamado Tren Maya sí o sí,
o va porque va, o su traducción más reciente y absurda como es la
declaración del titular de Semarnat, Víctor Toledo, en el foro
Naturaleza, derechos indígenas y soberanía nacional en el Istmo de
Tehuantepec, en el sentido de que la consulta indígena fue
totalmente legítima, a pesar de reconocer que
no fue técnicamente adecuada, como marcan los estándares internacionales. Agregó:
La respuesta general fue un sí condicionado.
Ya se ha escrito mucho respecto al principio de validez. Habermas, en
especial, destaca que éste es la suma de los principios de legalidad y
legitimidad. No uno u otro, ambos y en este caso ambos están ausentes,
de donde resulta inválida la consulta oficial.
Cuando hablo de estrategia me refiero a la que evidentemente está en
curso para defender la seudoconsulta a través de voces que interpelan a
quienes hemos denunciado la invalidez de la misma. Mientras, el proyecto
avanza y la gran mayoría de las comunidades que resultarán afectadas
desconocen su impacto ambiental y cultural, y en lo inmediato, en el
incremento del mercado de tierras para los polos de desarrollo que se
proyectan a partir de las estaciones del llamado Tren Maya.
No es sólo con indispensables debates mediáticos como se resolverá
este diferendo, ni a través de ellos las comunidades que no fueron
consultadas tendrán condiciones para aceptar o rechazar el referido
megaproyecto. El daño ya está hecho; la simulación de consulta ha sido
consumada. Habrá que ver la postura resolutiva del juzgado primero de
distrito con sede en Campeche (12/2020) el próximo 3 de marzo, respecto
del amparo promovido por el Consejo Regional Indígena y Popular de
Xpujil (Cripx), que cuenta con suspensión provisional. Al que
seguramente le seguirán otros, impugnando justamente la validez de un
proyecto que no se decidió con y desde los pueblos indígenas. Por lo
pronto, de parte oficial la respuesta ha sido la descalificación y
amenazas a los promotores del amparo, a través de quienes están
alineados con el proyecto. Tarea que se asemeja mucho a la llamada
ingeniería de conflictos, que consiste en el método clásico para
mantener el control de un grupo, aumentar la visibilidad de sus
diferencias internas, resaltar sus contradicciones, a fin de amplificar
sus divisiones latentes y paralizar su organización. El desafío no es
menor y las consecuencias de esa promoción serán responsabilidad
estatal.
Sin embargo, lo determinante será la resistencia de las comunidades
indígenas que han sido desplazadas en la llamada consulta y suplantadas
por autoridades ejidales y municipales en las cinco entidades por las
que cruzará el llamado Tren Maya, que como se ha insistido es más que un
tren y aun cuando fue enunciado como plan de reordenamiento territorial
ya se ha optado por no mencionar esta dimensión. El referido
funcionario llamó a los opositores a no caer en el
negacionismo simpley no ser
inmaduros. Un día después, en un comunicado (016/20), se anunció la continuidad del esquema de tomar decisiones sin consulta: “La Semarnat está organizando la formación de comités en los 84 municipios involucrados en los proyectos, en los que se van a generar ordenamientos ecológicos participativos para desencadenar procesos de diálogo permanente con el propósito de no repetir ‘el modelo Cancún’, que es presa de enormes corporaciones turísticas”.
¿Van a formar comités sin que las comunidades indígenas den su voz?
¿Seguirán con la interlocución ejidal y municipal? ¿Cómo harán para
explicar que esos comités son un mecanismo supuestamente paliativo de un
daño de origen sobre una decisión viciada en torno a un proyecto que no
ha sido analizado en la integralidad de sus impactos y que ante todo
nunca fue consultado previamente?
De Semarnat se esperaba firmeza frente a la ausencia de estudios de
impacto ambiental, ante lo cual no es suficiente con señalar que no se
tumbará ningún árbol, pues el daño ya se hizo cuando se construyeron las
antiguas vías del ferrocarril. Es evidente que todo el gobierno federal
se ha sumado con Fonatur a la defensa del llamado Tren Maya. Mientras
tanto, organizaciones, como la Asamblea de Defensores del Territorio
Maya Múuch ‘Xíinbal, pese a las amenazas contra Pedro Uc Be, continúan
su labor con las comunidades opositoras a éste y a otros megaproyectos
devastadores de su territorio.
Samir Vive es una siembra, esperen la cosecha.
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