Ciudad de México. Aumentar las penas para
feminicidas no garantiza erradicar la violencia contra las mujeres en
México; cumplir con lo que establece desde 2007 la Ley General de Acceso
de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (LGAMVLV), sí.
El pasado 18 de febrero, presionados por una jornada de cinco días
consecutivos de protestas feministas en todo el país, el pleno del
Congreso federal aprobó la propuesta del Partido Encuentro Social de
aumentar de 60 a 65 años la pena de cárcel y una multa de 130 mil pesos
para quien cometa el delito de feminicidio: asesinar a una mujer por
razón de género.
Sin embargo, al participar este 19 de febrero en la conferencia “La
violencia feminicida y el feminicidio” en el Instituto Nacional
Electoral (INE), la antropóloga feminista Marcela Lagarde y de los Ríos,
y la abogada Andrea Medina Rosas, coincidieron en que aumentar las
penas no sirve, lo que se requiere es cumplir la Ley General de Acceso
de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (LGAMVLV) creada desde
2007.
Tanto Lagarde como Medina Rosas son impulsoras del marco normativo
que se creó en México para entender y generar acciones encaminadas a
erradicar el feminicidio. La primera es la creadora de ese término y
principal impulsora de la Ley General de Acceso de las Mujeres; la
segunda, fue litigante del caso Campo Algodonero, que sentenció al
Estado mexicano como responsable del asesinato de mujeres en Chihuahua.
Al respecto de la reciente reforma para aumentar la sanción a
agresores, la antropóloga Marcela Lagarde, exdiputada federal por el
Partido de la Revolución Democrática (PRD), enfatizó que elevar penas a
los agresores no sirve porque las autoridades no han respondido a los
mandatos y acciones que ellas estipularon en la también llamada Ley de
las Mujeres para erradicar el feminicidio; de hecho, esa ley no es
punitiva ni establece sanciones.
La Ley General de Acceso, detalló, define, delinea y propone la
política democrática de Estado. Lo que plantea son mecanismos de
coordinación y obligaciones específicas para cada autoridad y para cada
orden de gobierno, expresó en su turno la abogada Andrea Medina.
La abogada dijo que precisamente la coordinación entre instituciones
de los tres órdenes de gobierno y el cumplimiento de lo que les toca
hacer para erradicar el feminicidio es precisamente en lo que ha fallado
el gobierno.
Por ello, dijo, si el Congreso quiere legislar al respecto, en lugar
de aumentar las penas deberían garantizar recursos para la igualdad y no
para más armas, vigilar el cumplimiento de la Ley y pedir a las
autoridades la información que no han dado a la ciudadanía. También
llamó a revisar las condiciones laborales de quienes operan la Ley
General.
Medina Rosas explicó que la Ley General de Acceso armoniza lo que
establece la Convención Belém do Pará, un instrumento internacional
sobre violencia contra las mujeres que es de cumplimiento obligatorio
para México.
Esa Convención, ratificada por nuestro país hace 20 años, contiene
indicadores de cumplimiento muy puntuales para evitar la simulación y
avanzar en la erradicación de la violencia. Por ejemplo, dice que para
poner fin a la violencia antes debe haber igualdad y no discriminación
para todas las mujeres, acceso a la justicia, información y mecanismos
de participación. Si no hay información, por ejemplo, no podemos decidir
y entonces no puede haber libertad real, dijo Medina.
Los indicadores para evitar la simulación son de estructura, de
proceso y de resultado, pero en México –observó la abogada– nos siguen
dando datos que sólo son de estructura y lo que estamos experimentando
son los resultados.
La abogada llamó a las mujeres a conocer esta norma para hacerla
exigible y justiciable. “Nosotras creamos las leyes, hicimos todo un
proceso de consenso, de pacto, de densidad para comprender todos estos
elementos, pero si no le damos vida a esa ley y dejamos que quienes la
operan pongan ahí su subjetividad y valores que no corresponden con la
Constitución, entonces sí hay un conflicto (de valores). El conflicto es
de ellos, que no comprenden cuál es la Constitución que tenemos, que
estamos buscando la igualdad, que estamos buscando la libertad”.
La Ley de las Mujeres se creó en 2007 durante la LIX Legislatura del
Congreso de la Unión como parte de las acciones de la Comisión Especial
que se conformó para conocer y dar seguimiento a las investigaciones
relaciones con los feminicidios en la República mexicana.
La presentaron conjuntamente las exdiputadas Lagarde y de los Ríos,
Angélica de la Peña y Diva Hadamira Gastélum bajo el argumento, de
acuerdo con su exposición de motivos, de que “ningún Estado que se
considere democrático debe ignorar que la violencia contra las mujeres
es muestra clara de la falta de civilidad y desarrollo de un país, dado
que las limita a ejercer con plenitud su ciudadanía y su desarrollo”.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario