AGN: paso a la transparencia

Editorial La Jornada

Ayer tuvo lugar un acto de protesta frente a las instalaciones del Archivo General de la Nación (AGN), donde investigadores, académicos, activistas, ex presos políticos y familiares de desaparecidos exigieron la apertura total e irrestricta de los archivos y expedientes de los casos de la guerra sucia y de los actos cometidos por el Estado en contra de los derechos humanos. En un documento leído por la historiadora Aleida García Aguirre, los manifestantes señalaron que el acceso a los expedientes ya abiertos sigue siendo paulatino y lleno de trabas; asimismo, recordaron que no basta con abrir los archivos de la extinta Dirección Federal de Seguridad (DFS) y una parte de los correspondientes a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), pues fueron muchas más las instancias participantes en episodios de violaciones graves a los derechos humanos como la masacre cometida el 2 de octubre de 1968.

El acto realizado en el Palacio de Lecumberri se suma al comunicado dado a conocer el pasado viernes 7 por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) en el cual el organismo exhortó a que se hagan del conocimiento público hechos de nuestra historia que deliberadamente se han mantenido ocultos, recordó que el derecho a la verdad es un derecho humano que no puede restringirse con el pretexto de la protección de datos personales, y calificó de inadmisible que un régimen democrático mantenga por 70 años fuera del alcance de la sociedad los acervos de las procuradurías de justicia o de las fuerzas armadas.

De entrada, es obligado reconocer que el actual gobierno federal ha dado pasos significativos hacia la apertura de unos archivos que se han mantenido ocultos por mucho más tiempo del que podrían justificar las consideraciones de seguridad nacional o de cualquier otra índole razonable. Ejemplo de ello es la desaparición del impresentable Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), y la apertura de los documentos custodiados por esa oficina de control político y social, sucesora y heredera de las peores prácticas de la DFS. Por otro lado, no se puede obviar que tanto el volumen como la naturaleza de los expedientes, reservados a lo largo de décadas, demandan un arduo trabajo técnico de clasificación, catalogación y preservación, labor que de manera inevitable retrasa su presentación al público.

Pero, por comprensibles que sean los factores de dilación, la sociedad ha esperado demasiado por el cumplimiento efectivo de su derecho a conocer la verdad acerca de las responsabilidades de funcionarios públicos en episodios lamentables del pasado reciente. El hecho de que el propio Ejecutivo federal lo haya reconocido así en reiteradas ocasiones debería acelerar los procesos administrativos faltantes para poner fin al encubrimiento prolongado por las administraciones pasadas.