Editorial La Jornada
El rector de la
Universidad Nacional Autónoma de México, Enrique Graue Wiechers, expresó
ayer su enérgico rechazo a la iniciativa del diputado Miguel Ángel
Jáuregui Montes de Oca para
democratizarla elección del rector y de los directores de las facultades, escuelas e institutos de investigación de la máxima casa de estudios. En un mensaje dirigido a los titulares de los principales órganos de la cámara baja, Graue calificó la propuesta de
intento de intromisión en la vida universitariay denunció la existencia de una
escaladacontra el principio
básico e irrenunciablede autonomía de las instituciones universitarias.
La iniciativa presentada el martes por el legislador de Morena, la
cual ya fue retirada por el grupo parlamentario de dicho partido,
consideraba modificaciones a la ley orgánica de la UNAM a fin de que las
autoridades universitarias fueran elegidas por sus propias comunidades
(profesores, alumnos y trabajadores)
por medio de elecciones abiertas, equitativas, competitivas y transparentes, a través de voto libre y secreto.
Como dejan patente tanto la reacción del rector como la ausencia de
apoyo de sus correligionarios, la propuesta del diputado Jáuregui
constituye un despropósito porque pretende trasladar de manera mecánica
los postulados de la democracia representativa a una institución cuya
naturaleza y razón de ser obligan a conformar direcciones expertas,
elegidas mediante mecanismos específicos, pero también porque resulta
poco responsable presentar un planteamiento de tal calado en momentos en
que la UNAM atraviesa un delicado conflicto interno, cuya resolución
exige toda la voluntad de la comunidad universitaria.
Dicho lo anterior, es innegable que desde tiempo atrás se han
instituido en la máxima casa de estudios cotos de poder académicos y
administrativos, cuyas prácticas gravitan en contra del sano
desenvolvimiento de la propia universidad, que operan de manera opaca en
el desempeño de sus funciones y que no necesariamente se manejan en
función de los intereses académicos ni de las necesidades de la
comunidad universitaria; por el contrario, perjudican la consecución de
los propósitos institucionales. Por todo ello, es difícil poner en duda
la necesidad de democratizar y abrir los órganos universitarios a fin de
que éstos respondan a las demandas de actualización postuladas por
diversos actores en el seno de la propia universidad.
Lo que debe quedar claro a los legisladores, así como a cualquier
otro actor político o económico, es que la revisión de las formas de
gobierno de la UNAM compete de manera exclusiva a la comunidad
universitaria, la cual deberá decidir en el marco de su plena autonomía
acerca de la pertinencia de su régimen interno.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario