Entregan resultados de la cuenta pública 2018
Se trabaja con la FGR para presentar las denuncias por daño al erario
▲ En la Cámara de Diputados, el auditor superior de la Federación, David
Colmenares Páramo, entregó los resultados de la fiscalización a la
cuenta pública de 2018.
Durante el último año de gobierno del priísta Enrique
Peña Nieto –marcado por el proceso electoral– la Auditoría Superior de
la Federación (ASF) observó que presuntamente se utilizaron de forma
irregular 144 mil 430 millones de pesos del gasto federalizado
(presupuesto dirigido a los estados, que para la cuenta pública 2018
ascendió a más de un billón 700 mil millones de pesos). Las cuatro
entidades con mayor monto observado son: estado de México, 22 mil 414
millones de pesos; Tamaulipas, 13 mil 326.7; Puebla, 10 mil 89.6, y
Chihuahua, 8 mil 361.1 millones.
Así lo planteó ayer en la Cámara de Diputados el titular de la ASF,
David Colmenares Páramo, al realizar la Tercera Entrega de Informes
Individuales y el Informe General Ejecutivo del Resultado de la
Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2018.
En el salón Legisladores, ante integrantes de la Comisión de
Vigilancia de la Cámara de Diputados, el auditor superior de la
Federación indicó que
con relación a los beneficios económicos de la fiscalización, hasta el día de hoy las recuperaciones operadas de la cuenta pública del año anterior ascienden a 9 mil 808 millones de pesos.
Agregó que cuando la instancia a su cargo ha detectado indicios de corrupción,
no ha vacilado en denunciarlos, coordinándose eficazmente con la Fiscalía Anticorrupción de la Fiscalía General de la República (FGR), para que se procure justicia efectiva y, de ser el caso, se sancione a los responsables con todo el peso del estado de derecho.
Colmenares Páramo subrayó que la ASF trabaja de manera coordinada con
la FGR en diversas denuncias por daño al patrimonio público, en los
procesos judiciales que se siguen por las presuntas irregularidades
cometidas en el sexenio pasado por ex servidores públicos de las
entonces secretarías de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano
(Sedatu) y de Desarrollo Social (Sedesol), caso conocido como la estafa maestra, y por el que está siendo procesada la ex titular de esas dependencias, Rosario Robles.
De igual forma, el órgano fiscalizador ha trabajado en auditorías de
administraciones anteriores de Petróleos Mexicanos (Pemex), donde
han surgido casos que han ofendido a todos los mexicanos por las graves señales de malos manejos, de abusos y corrupción, indicó.
La semana pasada fue detenido en España el ex titular de la empresa
del Estado Emilio Lozoya Austin, quien enfrenta un cúmulo de acusaciones
por probables actos de corrupción cuando estaba al frente de ésta, y
quien se econtraba prófugo de la justicia mexicana desde mayo de 2019.
Indicó que respecto de la cuenta pública 2018, se realizaron 872
informes individuales que, aunados a los rendidos en las primeras dos
entregas (la de junio pasado, con 268, y la de octubre, con 668), suman
un total de mil 808.
Adicionalmente, se practicaron ocho auditorías derivadas de
solicitudes y denuncias sobre ejercicios fiscales en curso o anteriores,
al amparo del título cuarto de la Ley de Fiscalización, así como ocho
estudios y seis evaluaciones de políticas públicas.
También se refirió al proceso de renovación y actualización de la
ASF, en particular con el uso de nuevas tecnologías, a fin de adecuar su
estructura de acuerdo con los nuevos desafíos y con ello agilizar los
procesos de fiscalización e, incluso, realizar auditorías en tiempo
real, es decir, antes de que se cometan irregularidades e ilícitos.
Adelantó que respecto de la cuenta pública 2019 –la del primer año de
gobierno de Andrés Manuel López Obrador– se han firmado convenios por
ejemplo con la Secretaría de la Defensa Nacional para revisar de manera
preventiva grandes proyectos de interés, como el nuevo aeropuerto civil
de Santa Lucía.
De igual forma, agregó, se verificarán el proyecto de desarrollo en
el Istmo de Tehuantepec, la refinería de Dos Bocas, el Tren Maya, las
compras realizadas por la Oficialía Mayor de la Secretaría de Hacienda,
el programa de estancias infantiles, el Consejo de la Judicatura
Federal, la Comisión Federal de Electricidad y el Instituto Nacional de
Migración, entre otros.
Foto Guillermo Sologuren
Roberto Garduño y Enrique Méndez
Periódico La Jornada
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