Editorial La Jornada
Tatiana Golikova,
viceprimera ministra encargada de Salud de Rusia, anunció que a partir
de mañana los ciudadanos chinos tendrán prohibido ingresar a Rusia, sin
importar que viajen por motivos de negocios, privados, de estudios o
turísticos. La drástica medida se suma al cierre de la frontera
sino-rusa de más de 4 mil kilómetros, la suspensión de los enlaces
ferroviarios y las restricciones de vuelos con que Moscú intenta
contener la propagación del Covid-19, patógeno que ha causado alrededor
de mil 900 muertes desde su aparición en la ciudad china de Wuhan a
finales de diciembre pasado.
Como ya se ha indicado en este espacio, la Organización Mundial de la
Salud (OMS) desaconseja este tipo de restricciones, pues no sólo tienen
un impacto limitado en la contención efectiva de la epidemia, sino que
dejan graves secuelas sociales y económicas. En este sentido, ayer mismo
la instancia de las Naciones Unidas hizo un llamado a la calma y
recordó que la letalidad del Covid-19 se ubica en 2.3 por ciento de las
personas infectadas, muy por debajo de otras enfermedades respiratorias
de origen viral. Asimismo, la OMS señaló que 81 por ciento de los 73 mil
pacientes presentan infecciones leves, mientras la Comisión Nacional de
Salud de China informó que 85 por ciento de las personas pueden superar
la enfermedad si reciben los cuidados adecuados.
Tal como se presenta, la medida anunciada por Moscú carece de sentido
en términos del control epidemiológico, pero además constituye un acto
de racismo institucionalizado: al prohibir la entrada no a personas
procedentes de China con independencia de su nacionalidad, sino a
ciudadanos chinos vengan de donde vengan, se insinúa el absurdo de que
éstos son genética o nacionalmente portadores del virus.
Lo anterior resulta preocupante por una serie de razones. En primer
lugar, porque es una política en todo punto contraria a consideraciones
básicas de derechos humanos; en segundo, porque contribuye a reforzar la
tendencia global a la xenofobia y el cierre compulsivo de fronteras,
cuyo máximo representante es el mandatario estadunidense, Donald Trump;
por último, porque el territorio ruso es un importante lugar de tránsito
para las comunicaciones entre China y Europa, además de residencia para
gran cantidad de ciudadanos chinos que sufrirán un “ apartheid
epidemiológico” y se verán en riesgo de padecer ataques por parte de
sectores de la población rusa susceptibles a la desinformación y el
pánico.
Además de preocupante, el anuncio de las autoridades rusas tiene un
aspecto sorpresivo, pues durante los años recientes Moscú y Pekín han
estrechado sus relaciones hasta conformar una robusta asociación
estratégica en los ámbitos económico, geopolítico y militar, y cabría
pensar que dichos lazos disuadirían al Kremlin de adoptar medidas tan
nocivas como la que se comenta.
En suma, la epidemia exige que todos los estados adopten medidas de
prevención y control, tales como la revisión e interrogatorio a los
pasajeros procedentes de zonas de contagio, las cuarentenas a
embarcaciones donde se detecten brotes de la enfermedad o la sugerencia
de no viajar a menos que resulte indispensable, entre otras. Pero dichas
medidas no deben incluir la prohibición de tránsito a toda una
ciudadanía, la cual resulta tanto irracional como inhumana.
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