CIMACFoto: Angélica Jocelyn Soto Espinosa
Ciudad de México. El viernes 14 de febrero, mientras
decenas de mujeres organizaban protestas para manifestar su indignación
por la publicación de fotografías y detalles del asesinato de Ingrid
Escamilla, ocurrido en 9 de febrero, la Fiscalía General de Justicia de
la Ciudad de México presentó una iniciativa para castigar la filtración
de información y de imágenes de víctimas.
La fiscal
general de Justicia, Ernestina Godoy, entregó la propuesta a la
presidenta de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México, Isabela
Rosales Herrera y a diputadas y diputados, quienes la próxima semana la
presentarán en el pleno. La iniciativa es para reformar el capítulo de
“Delitos en el ámbito de la procuración de justicia”, del Código
Penal Capitalino.
El planteamiento de
la Fiscalía capitalina es adicionar el Artículo 293 Quater al Código Penal para
castigar a quienes filtren imágenes, archivos o información de una carpeta
de investigación en trámite, con agravantes, cuando se lesione la
dignidad o memoria de las víctimas directas o indirectas de un aparente
delito, y cuando sea cometida por un servidor público de una institución
de seguridad.
Esta iniciativa propone que, a quien indebidamente difunda, entregue, revele,
publique, transmita, exponga, remita, distribuya, videograbe, audiograbe,
fotografíe, filme, reproduzca, comercialice, oferte, intercambie o
comparta imágenes, audios, videos o documentos del lugar de los hechos o
del hallazgo, indicios, evidencias, objetos, instrumentos relacionados con
el procedimiento penal o productos relacionados con un hecho que la ley
señala como delito, se le impondrá de dos a ocho años de prisión y multa de 500
a mil unidades de medida.
También se señala que si se trata de imágenes, audios o videos de
cadáveres o parte de ellos, de las circunstancias de su muerte, de las
lesiones o estado de salud, las penas se incrementarán hasta en una
tercera parte.
Tratándose de imágenes, audios o videos de
cadáveres de mujeres, niñas o adolescentes, de las circunstancias de su
muerte, de las lesiones o estado de salud, las penas se incrementarán
hasta en una mitad. En la propuesta advierte que cuando el delito sea
cometido por persona servidora pública integrante de alguna institución
policial, las sanciones se incrementarán hasta en una mitad.
La fiscal general de Justicia de la Ciudad de México, Ernestina
Godoy, explicó a las y los diputados que esta iniciativa está hecha para
castigar filtraciones, como la ocurrida con Ingrid. “Es una respuesta a
un problema de nuestra institución y de las instituciones de
seguridad”.
“El feminicidio de Ingrid nos conmociona, nos
indigna, fue un crimen atroz que nos llena de tristeza y enojo. La
publicación de imágenes de Ingrid ha sido un acto de irresponsabilidad,
que ha causado un dolor a familiares y amigos, y a la sociedad entera.
Es inadmisible y no podemos permitir su repetición”, indicó.
Como
Fiscal General de Justicia dijo asumir su responsabilidad
institucional. “Exhibir a las víctimas sin reparar en sus derechos y en
el dolor que provocan es un acto de profunda irresponsabilidad”, por lo
que les hizo un llamado a abstenerse de publicar imágenes o información
confidencial de las víctimas que violenta sus derechos y los de sus
seres queridos.
Al respecto,
la diputada Isabela Rosales Herrera, celebró la propuesta porque aseguró
que es en beneficio de las víctimas, de su nombre, su imagen y la de su
familia. La propuesta se dio después de la indignación por la filtración de
imágenes del cuerpo de Ingrid Escamilla, las cuales se publicaron en
periódicos de circulación local y nacional.
La diputada recordó que no es la primera vez que se filtran datos,
imágenes o videos que lesionan la dignidad de las personas. Otros casos
conocidos son el asesinato de cinco personas en la colonia Narvarte en
julio de 2015, cuando las autoridades dieron a la prensa datos sobre las
víctimas y sus supuestas rutinas diarias, cuatro de ellas mujeres.
También está el
feminicidio de la joven Lesvy Berlín Rivera Osorio, asesinada el 3 de mayo
de 2017 en Ciudad Universitaria, donde personal de la entonces Procuraduría
también filtró información. Estos casos dieron origen a recomendaciones de la
Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, que llamó a respetar los
derechos de las víctimas y resguardar la confidencialidad de las carpetas
de investigación.
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