Miguel Concha
Siete años después del
límite constitucional para contar con una Ley General de Aguas centrada
en los derechos humanos, la semana pasada la energía ciudadana y de los
pueblos desbordó el Congreso de la Unión, al presentar una iniciativa
ciudadana para el nuevo marco legal.
Su propuesta cumple cabalmente con la reforma al artículo 4 de la
Constitución de febrero 2012, que mandata una ley que siente las bases
para el acceso equitativo y sustentable al agua, a través de la
participación de la ciudadanía, respetando la autodeterminación de los
pueblos. Está naciendo una nueva etapa en la gestión del preciado
líquido en México. La actual Ley de Aguas Nacionales, de 1992, buscó
sujetar los bienes de la nación a las fuerzas del mercado, en el
contexto del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Estableció
la Comisión Nacional del Agua (Conagua) como
autoridad del líquido, sin contrapesos, vulnerable a los incentivos y presiones de los
intereses.
Desde entonces esta institución ha repartido más de 537 mil
concesiones de aguas nacionales. Objetos de compraventa, en violación de
vedas, disponibilidades y derechos de los pueblos. Enfrentamos ahora el
saldo de esta política fallida: 70 por ciento de nuestras aguas
concesionadas están en manos de 2 por ciento de los titulares,
incluyendo 77 mil concesiones otorgadas a terceros en territorios
indígenas, sin consultar ni informar a los afectados.
El presupuesto federal asigna sólo 4 mil millones para obras locales
de agua y saneamiento, mientras gastamos 70 mil millones anuales en agua
embotellada y 34 millones de mexicanos reciben agua en sus hogares sólo
tres veces por semana, en ocasiones menos.
Además, 60 por ciento de nuestros cuerpos de agua están contaminados.
La iniciativa ciudadana propone remplazar el actual ejercicio
arbitrario de la autoridad con planes rectores aprobados en consejos
mayoritariamente compuestos por representantes de asambleas de pueblos
originarios, afectados/as hídricoambientales, investigadores, sistemas
comunitarios, juntas municipales, agricultores para la autosuficiencia
alimentaria, defensores de derechos humanos y ambientales y empresas
sustentables.
Los funcionarios de los tres órdenes de gobierno se convertirían en
“ejecutores“ de los planes y decisiones de los consejos, bajo la
vigilancia de la Contraloría Social del Agua. Se reconocería el derecho
de los pueblos a administrar el líquido en sus territorios y los
sistemas comunitarios autogestionados contarían con personalidad
jurídica y serían reconocidos como sujetos colectivos de derecho
público.
La iniciativa ciudadana no sólo prevé instancias democratizadas,
además propone los instrumentos requeridos. Cualquier obra o proyecto
que pudiera vulnerar el derecho humano o de los pueblos al agua
requeriría de un dictamen de impacto sociohídrico favorable, que tendría
que demostrar que este derecho básico no sería violado y que la
población potencialmente afectada haya dado su consentimiento previo,
libre e informado, en cumplimiento de la observación 15 del Pacto
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.
No se permitiría la compraventa de concesiones y se disolverían los
bancos del agua. Para poner fin a la sobrexplotación, el acaparamiento, la contaminación y la impunidad, los consejos regionales se enfocarían en los grandes concesionarios, esto es los que se beneficien con volúmenes mayores a mil millones de litros anuales.
Estas concesiones serían bianuales (actualmente son hasta por 30
años) y su renovación sería automática, con ajustes por disponibilidad, y
siempre que el titular compruebe que haya cumplido con sus obligaciones
de medición, pago de derechos y la eliminación progresiva de
contaminantes en sus descargas.
Una defensoría del agua contaría con recursos públicos y abogados
especializados para interponer litigios estratégicos y hacer que los
grandes concesionarios violadores de la normatividad cubran el costo de
la restauración a las comunidades y ecosistemas que hayan dañado. Lograr
esta ley será una lucha en sí: los
intereseshan compenetrado la legislatura, y los principales cargos en Conagua están ocupados por funcionarios coludidos desde los tiempos de Calderón y Peña Nieto, salvo la directora general, quien intenta mantener la ley actual hasta 2023.
Mientras tanto, miles de luchas por el agua en todo el país se están
articulando para lograr una ley general que potencie sus esfuerzos en
favor de la vida y frene los abusos de poder. A través de acuerdos de
asamblea para proteger los territorios de la minería tóxica y el fracking;
de acciones para revertir el derroche de recursos públicos en megaobras
cuestionables; la elección de gobiernos locales mandatados para
desprivatizar los servicios municipales; la oposición a cerveceras en
zonas de estrés hídrico; de acciones de presión desde las vastas zonas
populares que se han quedado en secas; la formación de comités de
microcuenca; la elaboración de planes hídricos y las luchas por
democratizar los distritos de riego, el proceso de construcción del buen
gobierno del agua no se detendrá.
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