Al poco avance en prevención de desastres naturales se suma la insuficiente cantidad de recursos destinados a paliarlos. Esto preocupa porque México es el tercer país más azotado por estos siniestros en el continente.
Con la tercera parte de su población directamente expuesta a la fuerza devastadora de los fenómenos hidrometeorológicos —que se anticipa pegarán más fuerte que en temporadas pasadas por el acelerado calentamiento de las aguas oceánicas—, México carece aún de un sistema de protección civil capaz de salvaguardar la vida y bienes de las personas, además de que, a diferencia de otros países, no cuenta con un fondo de previsiones suficiente para la reparación expedita de daños o reposición de infraestructura básica.
Desde 2005, cuando el huracán Wilma azotó la península de Yucatán y los estados de Veracruz, Chiapas y Oaxaca, con un saldo de 300 mil damnificados y pérdidas estimadas en más de siete mil 500 millones de dólares, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) registra un creciente número de fenómenos meteorológicos con mayor intensidad y duración. Para esta temporada se prevé la formación de 17 ciclones en el Atlántico, de los cuales cinco podrían alcanzar categorías entre tres y cinco, mientras que en el Pacífico se generarán 14 tormentas tropicales, cuatro de ellas con probabilidad de convertirse en huracanes categoría tres y cinco, lo que implica intensas precipitaciones pluviales y vientos superiores a los 180 kilómetros por hora.
MULTIMILLONARIAS EROGACIONES
La temporada inició a mediados de junio con el huracán Adrián, que aunque alcanzó categoría tres en la escala de Saffir-Simpson, no tocó las costas del Pacífico mexicano, mientras que Beatriz afectó con vientos fuertes y precipitaciones los estados de Guerrero, Colima, Jalisco, Michoacán y Oaxaca, con un saldo de tres muertos y un desaparecido.
Conforme a los pronósticos del SMN, una vez alcanzado en 2010 el máximo histórico de lluvias de los últimos 50 años, con precipitaciones de 600 milímetros, se esperan huracanes más intensos y prolongados, particularmente en el Atlántico, donde el fenómeno de La Niña está incidiendo en un calentamiento adicional de las aguas marinas.
Ante esto, el presidente de la Comisión Especial de Protección Civil de la Cámara de Diputados, Fernando Morales Martínez, urgió a que se debata y apruebe la iniciativa de Ley General de Protección Civil (LGPC), la que se espera que armonice todos los sistemas de prevención y blindaje contra eventos catastróficos que dañen a la sociedad civil y a la infraestructura básica, mediante la contratación de seguros de transferencia de riesgos a cargo de los gobiernos federal, estatales y municipales. Esto, frente a la imposibilidad de que el Fondo de Desastres Naturales (Fonden) pueda continuar asumiendo, como único instrumento, las multimillonarias erogaciones para reconstrucción y atención de damnificados, los que tan sólo en 2010 sumaron más de 980 mil, y que en gran parte no han podido recuperar sus bienes o subsisten en condiciones deplorables. Morales Martínez explicó que el seguro de transferencia de riesgos obligará a los gobiernos mencionados a adquirir una póliza para la cobertura de daños causados por un desastre natural, en tanto que el Fonden aportará hasta 50 por ciento del costo de la prima, lo cual permitirá potenciar sus recursos y establecer un fondo sustentable contra eventos catastróficos similares a los casos de Chile y otros países que han enfrentado con celeridad la devastación de huracanes, terremotos y tsunamis.
En entrevista, el legislador poblano expuso que hasta el momento el gobierno federal, a través del Fonden y el Fondo Extraordinario de Reconstrucción (FER), canaliza recursos a estados y municipios para la atención de eventos catastróficos una vez emitida y aprobada la declaratoria de desastre natural, lo que demora días y hasta semanas, además de que los recursos son siempre insuficientes y su manejo requiere de una fiscalización específica. “Este modelo de asignaciones no es del todo eficiente e implica una pesada carga para las finanzas públicas, lo que se traduce en una menor penetración de los programas sociales o retraso en la ampliación de infraestructura como escuelas, hospitales, viviendas y caminos”, subrayó.
Ejemplo de esa pesada carga al gasto federal son los 65 mil millones de pesos que este año se ejercen para labores de reconstrucción en entidades devastadas por el huracán Alex en 2010, de los cuales 55 mil millones corresponden el FER y 10 mil millones al Fonden, cuyos recursos, de acuerdo con diputados federales de Veracruz, Guerrero, Tabasco y Oaxaca, aún no llegan a su destino por el exceso de trámites y trabas burocráticas. Morales Martínez mencionó que aunque en las nuevas reglas de operación del Fonden, aprobadas en febrero de este año, se eliminó el pago de “paripasos” (aportaciones que deben hacer los estados para tener acceso a programas federales) debido a la situación de desastre, lo que se requiere es un sistema de transferencia de riesgos que atienda con prontitud las emergencias pues, al ritmo actual de gasto para atender los estragos meteorológicos, “no habrá dinero que alcance y miles de damnificados proseguirán sin la atención debida en sus necesidades básicas”.
Aun cuando el Fonden ha incrementado anualmente sus recursos por transferencias federales en su mayoría provenientes de los excedentes petroleros, las reservas financieras para atender desastres naturales sólo representan el 0.4 por ciento del Producto Interno Bruto, frente al dos por ciento en Chile, Argentina y Brasil, y hasta el cinco por ciento en países como Japón, China, Alemania y Estados Unidos. Entre 2005 y el primer cuatrimestre de este año, los recursos asignados al Fonden suman 12 mil 335 millones de pesos.
CARGO DE CONCIENCIA
Para Morales Martínez, la reticencia de otras fracciones parlamentarias a someter a debate y a aprobar la LGPC, presentada en marzo de 2010, significa una irresponsabilidad. La nueva ley implica coordinación y acciones definidas para el robustecimiento del Sistema Nacional de Protección Civil y el Centro Nacional de Prevención de Desastres, los cuales operarían bajo la directriz de un Atlas Nacional de Riesgos que ubique zonas propensas a deslaves, hundimientos e inundaciones, en las que habitan alrededor de 40 millones de mexicanos. “La no aprobación urgente de esta iniciativa destinada a prevenir y enfrentar catástrofes con mayor celeridad, deberá significar un cargo de conciencia para quienes optan por la omisión o el desdén ante problemas de seguridad nacional”, espetó el legislador.
Precisó que aunque el pasado 11 de junio el gobierno federal anunció la contratación de un seguro contra desastres por cuatro mil 800 millones de pesos con vigencia de un año, es sólo una acción aislada para proteger infraestructura y vivienda, lo que no significa un esquema integral y sustentable de aseguramiento como algunos de los que operan en otras naciones que trasladan la mayor parte de los riesgos a las compañías aseguradoras. “Por eso estamos proponiendo que el esquema de transferencia de riesgos se ponga en la ley y siempre existan los recursos necesarios para enfrentar los siniestros naturales”, añadió. Sin embargo, Claudia Edith Anaya Mota, diputada federal, señaló que antes de contratar seguros en el mercado internacional, el gobierno federal debe informar cómo se ejercen los recursos del Fonden, en los que hay mucho manoseo; prueba de ello son las acusaciones que pesan sobre Pablo Salazar Mendiguchía, ex gobernador de Chiapas, por supuestos desvíos de transferencias federales para la atención de los damnificados del huracán Stan en 2005.
ENORMES PÉRDIDAS
La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) situa a México como el tercer país en la región más afectado por los desastres naturales, luego de Haití y Chile. Precisa que tres de los 10 desastres más costosos de las últimas dos décadas ocurrieron el año pasado con los huracanes Alex, Karl y Matthew, que desbordaron más de las tres cuartas partes de los sistemas hidrológicos de Tabasco, Veracruz, Oaxaca y Chiapas, y que dejaron un saldo de casi un millón de damnificados. El organismo señala que tan sólo en la primera década de este siglo, México ha tenido que enfrentar pérdidas económicas por más de 20 mil millones de dólares debido a eventos catastróficos, e indica que esta cifra es una clara ilustración de las pérdidas que el gobierno federal ha tenido que enfrentar en ausencia de inversiones o esquemas participativos en el manejo de desastres.
La Organización de las Naciones Unidas, en su informe “Revelando el riesgo de las catástrofes naturales”, destaca que ante eventos meteorológicos atípicos de mayor intensidad, el riesgo de morir por una inundación o un huracán ha aumentado en 225 por ciento en los últimos 20 años, ya que se ha acelerado el calentamiento de la temperatura global. Consecuencia del cambio climático, detalla la ONU, es que en 2010 se registraron en la región latinoamericana 98 desastres naturales, de los cuales 79 fueron ciclones y huracanes que cobraron la vida de 225 mil personas y generaron pérdidas por más de nueve mil 840 millones de dólares.
En el caso de México, los costos para reponer infraestructura y atender a damnificados promedian siete mil millones de pesos anuales; pero se prevé que esos recursos se tengan que incrementar sustancialmente para atender daños acumulados y los embates de los nuevos fenómenos hidrometeorológicos, cuya fuerza se ha extendido a mayor número de municipios en la medida en que aumenta la deforestación y erosión de los suelos y se crean nuevos asentamientos. Con datos del Consejo Nacional de Población, la ONU señala que en México 40 millones de personas están directamente expuestas a los fenómenos meteorológicos, de las cuales 15 millones se localizan en la trayectoria de huracanes, 20 millones están asentadas en zonas potencialmente inundables, y cinco millones en laderas y zonas de escurrimiento. Otros 30 millones de mexicanos del Distrito Federal y cinco estados costeros del Pacífico están permanentemente expuestos a un evento sísmico de gran magnitud, similar a los de 1985, debido a que la Placa de Cocos no ha liberado en los últimos 26 años la suficiente energía, según expertos en sismología.
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