Foto: Germán Canseco
MÉXICO, D.F. (apro).- Durante un año, los generales Ezequiel Hernández Mendoza y Jaime Juárez, del Estado Mayor la Defensa Nacional, cabildearon en la Cámara de Diputados los cambios a la minuta del Senado de la República sobre la Ley de Seguridad Nacional.
Dicha minuta abría la posibilidad de que las fuerzas armadas fueran sometidos a la justicia civil cuando, en la lucha en contra del criminen organizado, se cometiera un delito en contra de la población. El documento del Senado no era explícito pero sí dejaba una rendija que un buen abogado podía utilizar a favor de los ciudadanos.
Para revertir el tema y garantizar que los militares, nunca, en ningún momento serían juzgados por civiles, los generales Ezequiel Hernández y Jaime Juárez, subjefe de Doctrina Militar y jefe de Asesoría Jurídica de la Sedena, respectivamente, trabajaron durante un año y aceleraron el paso a finales de 2010 cuando entró el abogado y diputado del PRI, Alfonso Navarrete Prida, a negociar los cambios a la minuta.
Finalmente, en abril de 2011 y luego de más de un encuentro entre altos mandos de la Sedena con diputados y senadores del PRI, éstos terminaron cediendo a las presiones de la Sedena y se canceló la posibilidad de juzgar a los militares en juzgados civiles. Habían ganado los de verde olivo.
De no ser por la irrupción del poeta Javier Sicilia en el activismo social, el predictamen que elaboraron militares y legisladores priistas hubiera sido aprobado sin reparos. Luego del asesinato de su hijo Juan Francisco Sicilia, el poeta Javier Sicilia se convirtió en la voz de miles de madres, padres, hermanos o hijos de las víctimas de la guerra antinarco impulsada por Felipe Calderón, a las cuales, llama sin pudor algunos “daños colaterales”.
La fuerza de Sicilia y más de una veintena de viejos activistas sociales en defensa de los derechos humanos como Miguel Concha o el sacerdote Alejandro Solalinde, alcanzó su punto más alto justo cuando el PRI estaba a punto de aprobar –con su mayoría en la Cámara de Diputados y el respaldo del PAN–, los cambios a la Ley de Seguridad Nacional.
La ya emblemática reunión de Sicilia y el grupo de defensores de los derechos civiles, el 27 de abril, con diputados federales dio al traste con la reforma. Para ese momento la citada ley se había convertido en una papa caliente, la cual nadie quería hacer suya, lo mismo ocurría con los priistas que con los panistas, el gobierno o las fuerzas armadas. Así es que la solución fue enviarla al cajón del olvido y dejar para un mejor momento los cambios.
En tanto, en el Senado de la República tampoco se atrevían a enfrentarse a los militares, pues nunca se dictaminó la reforma del Código de Justicia Militar que envió Felipe Calderón el 18 de octubre de 2010, en acatamiento a una recomendación de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Coidh).
La iniciativa calderonista, que proponía someter ante la justicia civil a los miembros de las fuerzas armadas estaba acotada, pues únicamente podrían ser juzgados por tres tipos de delitos: tortura, desapariciones forzadas y violación. Aunque corta, comparada con la recomendación que hizo la Coidh, la iniciativa calderonista nunca fue abordada por los senadores. No querían enfrentarse con “los de verde”.
De ahí que los generales de la Sedena pusieron todo su empeño en que también esa posibilidad fuera cancelada en la minuta que el Senado envió a los diputados sobre la Ley de Seguridad Nacional y aceleraron el cabildeo con los priistas en San Lázaro.
Sin embargo, en días recientes el presidente de la Comisión de Gobernación, el panista Javier Corral, sorprendió a todos cuando dijo que ya estaba el predictamen de la Ley de Seguridad Nacional; destacó que el principal cambio era, justamente, la especificación de que los militares sí serían sometidos a la justicia civil cuando cometieran cualquier tipo de atropello en contra de la población.
Para ese momento de nada valieron los arduos trabajos de cabildeo que los generales Hernández y Juárez habían realizado a lo largo de un año. Pero aún así, había una ligera esperanza para las fuerzas armadas de echar atrás las propuestas de Javier Corral, pues el dictamen no había sido aprobado, incluso se tiene como fecha el 17 de agosto para ello, por lo cual sería difícil que se realizara un periodo extraordinario para ello.
Los generales de Sedena tenían aún esperanzas.
Sin embargo, la reciente definición de los magistrados de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en torno al fuero militar y en donde establecen que por cualquier violación de los derechos de los “paisanos” (civiles) se debe juzgar a las fuerzas armadas en juzgados civiles, hizo que el trabajo de los generales se esfumara en definitiva.
Ahora, con la resolución de la Corte, el Congreso de la Unión, no podrá seguir evadiendo más su responsabilidad ni sus acciones serán producto de un cabildeo o negociación entre partidos políticos.
Por obligación y en consonancia con lo dicho por la SCJN, el Senado deberá modificar el Código de Justicia Militar y nada tendrá que ver la propuesta de Felipe Calderón. Igualmente, en la Cámara de Diputados, se deberá integrar a la Ley de Seguridad Nacional el tema y abrogar, en definitiva, el fuero militar, tratándose, claro, de acciones en contra de la población civil en el combate a la inseguridad nacional.
Sin duda, a la Corte hay que aplaudirle su resolución pero también que esté obligando a los diputados y senadores a hacer lo que tanto temen, definir el trabajo y responsabilidades de los militares en el tema de seguridad.
Hasta el momento lo único que se sabe es que en las fuerzas armadas, están verdes de coraje por la resolución de la Corte y el albazo que pretendió dar el panista Javier Corral.
Dato:
¿Cómo le hará Marcelo Ebrard para sacudirse el inadmisible abuso en contra de la estudiante Mariel Solís, a quien sin tener las pruebas suficientes se le acusó y juzgó de ser cómplice de un asesinato? ¿Cómo le hará para resarcir el daño psicológico que, sin duda, marcará la vida de la joven estudiante? ¿Cómo justificará el error de darle valor a una persona consignada sin antes haber corroborado su dicho? Marcelo Ebrard le debe a la joven no sólo una disculpa, sino reparar el daño psicológico. Aunque recientemente lo escuché decir que no se le compensaría con dinero u otra cosa, que bastaba con la liberación. Nada más absurdo de quien está dando muestras de que no respeta las garantías individuales y pretende ser presidente de la República.
Lo mismo ocurre con la maestra de inglés en Ciudad Juárez, Ana Isela Martínez Ayala, quien luego de ser acusada de transportar marihuana y pasar 45 días en la cárcel municipal, al fin se ha aceptado que es inocente.
En ambos casos, no fue la pericia de las policías la que les hizo recular, sino la fuerte presión social y de los familiares, así como el excelente trabajo de defensa que hicieron en las redes sociales, en donde pudieron demostrar la inocencia de ambas.
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