Por una política pública de comunicación y género

Por Sandra Chaher | 13.7.2011

La firma del Decreto 936, que prohíbe los avisos de prostitución en los medios de comunicación, despertó una polémica sobre las políticas públicas –o la falta de ellas- en torno a la trata de personas y sobre la pertinencia de la prohibición en el caso de considerarse a la prostitución un trabajo. Sin embargo, no fue visto como un gesto de política pública en comunicación y género.

En el acto en el que anunció la firma del decreto, la presidenta Cristina Fernández destacó los dos aspectos centrales del mismo: la lucha contra la trata de personas (80% de las cuales son mujeres, y 79% de las cuales son tratadas con fines de explotación sexual, según la Organización de las Naciones Unidas) y contra la discriminación y humillación de las mujeres. Como la trata de mujeres es un problema urgente y calentísimo de la agenda feminista y de la agenda pública, el primero de los ejes enunciado por la presidenta fue el que más recepción tuvo, sobre todo por el debate en torno a la actual Ley de Trata, por los cuestionamientos hacia la política gubernamental sobre el tema, y por la resistencia de las trabajadoras sexuales organizadas.

El segundo aspecto del enunciado presidencial quedó más relegado y sin embargo no es menos importante. Suele decirse muchas veces que los aspectos simbólicos son secundarios a los materiales en las luchas sociales. Quienes trabajamos con el imaginario colectivo, decimos que la puja por el sentido simbólico debe ir de la mano con las demás.

En 1995, durante la Conferencia Mundial de la Mujer de Beijing, las personas que allí debatieron cómo lograr la igualdad social y disminuir la discriminación hacia las mujeres, valoraron a los medios de comunicación como una de las doce áreas prioritarias de incidencia y necesidad de política pública. En Beijing se plantearon dos objetivos que aún siguen vigentes e incumplidos: la necesidad de eliminar las imágenes estereotipadas y sexistas de las mujeres en los medios y la importancia de que las mujeres ocupemos espacios en los medios de comunicación como hacedoras, sobre todo en los cargos directivos a los que tanto nos cuesta llegar.

En Argentina, estas propuestas no se habían hecho carne más que en la sociedad civil. Desde los organismos gubernamentales no hubo a fines de los ’90 ni en la primera década de este siglo propuestas tendientes a reequilibrar las situaciones de discriminación en los medios ni en sus emisiones.

El primer gesto en este sentido se dio con la sanción, en marzo del 2009, de la Ley de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones personales –conocida como Ley de Violencia de Género- en la que se define la violencia simbólica y a la violencia mediática como una de sus formas de manifestación. Esta figura jurídica habilitó, por ejemplo, que en el marco del Observatorio de Violencia del Consejo Nacional de las Mujeres, se firmara un acuerdo con la Universidad de Quilmes para analizar los contenidos sexistas y la violencia simbólica en las pautas publicitarias que ya está dando resultados.

En octubre del 2009, con la sanción de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual –conocida como Ley de Medios- se dio un paso más al ser posible la sanción de los contenidos sexistas en la radio y televisión a través de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual, el organismo que debe implementar el cumplimiento de la Ley de Medios. En el marco del cruce de ambas leyes, AFSCA inició, por ejemplo, en el 2010 un expediente contra Showmatch (ver Por un mejor trato hacia las mujeres en los medios).

La reciente firma del Decreto 936 da un paso más en esta línea de reconocimiento del valor simbólico de la violencia hacia las mujeres y su aporte en la perpetuación del sexismo. En una sociedad que no discriminara a las mujeres en el lenguaje, en las canciones, en los chistes, en los medios de comunicación y en la construcción ficcional, difícilmente habría violencia física y feminicidios. La violencia de género requiere de una condición fundamental para reproducirse: la naturalización y el consenso social. Y éste no se da sin una construcción simbólica que apoye esa violencia.

Las mujeres que aparecen –o aparecían- desnudas o semidesnudas en los avisos que ofertan prostitución son reducidas a la venta y exposición de un solo aspecto de ellas mismas: los atributos corporales y sexuales. Y aunque el aviso no lo diga, hay un acuerdo tácito de que esta cosificación, que ya es violencia, habilita que la misma se manifieste en forma física porque justamente alguien que sólo vale por su cuerpo no es mucha cosa.

Saludamos entonces la firma del decreto 936 en la confianza de que en el futuro sea parte de una política pública integral de comunicación y género que bregue por la ausencia de sexismo en los medios y la construcción de imágenes más igualitarias de mujeres y varones.