Recuperar al IFE

José Antonio Crespo

Todos los partidos políticos, según las circunstancias, acusan a las autoridades electorales estatales, y al IFE a nivel nacional, de no mostrar la autonomía e imparcialidad a que están obligados por ley. Y, en efecto, una democracia electoral exige una actuación imparcial del árbitro electoral, para evitar una organización electoral sesgada en favor de algún partido, o la falsificación de datos y resultados electorales. En efecto, los institutos electorales (estatales y nacional) han perdido en los últimos años la relativa autonomía y credibilidad de que gozaron en algún momento. Muchas de las denuncias (no todas) de los partidos sobre actos de parcialidad de estos órganos tienen fundamento. Pero, ¿quién tiene la responsabilidad de ello? Los propios partidos. Fueron ellos los que en aras de la equidad, transparencia e imparcialidad, erigieron el IFE como la joya de la corona democratizadora, y fueron ellos también los que lo golpearon y desvirtuaron, degradándolo a la calidad de trapo que se usa y se tira. Y eso sirvió como luz verde para hacer otro tanto en los estados.
El quid del problema está en la fórmula para integrarlos al Consejo General. En 1994, en plena crisis electoral (provocada por la aparición pública del EZLN en Chiapas, y después el asesinato de Luis Donaldo Colosio), se decidió que los partidos —a través de la Cámara baja— propusieran a quienes tendrían voz y voto en el Consejo General, para así quitar al gobierno esa prerrogativa. Aunque se habló de “ciudadanización”, en realidad se trataba de una “partidización”. Con todo, la fórmula funcionó suficientemente bien en ese año y más tarde en 1996. Había al menos suficientes equilibrios y equidad en el nombramiento por parte de las principales fuerzas políticas. Pero en 2003 se introdujo informalmente un principio de proporcionalidad; a más votos por cada partido, más consejeros podía proponer, tal como se hacía con los representantes partidistas en la Comisión Federal Electoral (y que garantizaba el mayoriteo por parte del partido oficial). A partir de esas cuotas, y del recelo que la autonomía del consejo presidido por José Woldenberg despertaron en los partidos, en 2003 nombraron personajes más manejables, además de que PRI y PAN dejaron fuera al PRD en el proceso de nombrar consejeros. Con ello, el IFE perdió el consenso que era parte central de su fuerza y credibilidad, lo cual se dejó ver en 2006, contribuyendo a la confusión y desconfianza, en lugar de atemperarlas (que es la razón de ser del IFE). Y como consecuencia de todo ello, el descabezamiento prematuro del Instituto, tratando de enmendar tardíamente el golpe que se le propinó en 2003 (cuyos efectos fueron vislumbrados y avisados por muchos analistas y por el propio Woldenberg).
El retraso de ocho meses para nombrar a tres consejeros pendientes no hace sino reflejar con claridad la absoluta falta de respeto que sienten por el IFE, así como al total agotamiento de la fórmula para nombrar consejeros. El atoro se explica porque el PRI considera que, a partir del cuotismo proporcional, le corresponden dos consejeros en lugar de uno. Los seguimientos que se han hecho del desempeño y decisiones de los consejeros reflejan que, con excepciones, éstos defienden el interés y la perspectiva del partido que los nombró. Cuando no lo hacen, el partido les reclama su “deslealtad”, que tarde o temprano acaba por cobrárselas. Hoy vemos esto mismo a partir de la defensa que el PRI ha asumido de los intereses de los consorcios mediáticos en su permanente conflicto con el IFE (desde la reforma de 2007, que afectó las finanzas de esos consorcios). Quien hasta ahora había enarbolado la defensa de los medios era el Partido Verde, pero su peón en el IFE salió ya. Por alguna razón, el PRI, que fue el principal promotor de la reforma de 2007, y exigía agilizar los tiempos de entrega de los spots, ahora ha asumido la defensa de los medios, lo cual se refleja en que los consejeros priístas lo hacen también (como lo refleja la renuncia de Francisco Guerrero a la presidencia de la Comisión de Radio y Televisión, si bien su rechazo radical a las medidas tomadas por sus compañeros —y que reprueban los medios— ameritaba su renuncia al IFE mismo, y no sólo a una comisión). Hoy el PAN y el PRD se dicen afectados por la parcialidad del árbitro electoral, pero ellos han contribuido a ello, y no parecen dispuestos a ciudadanizar genuinamente los órganos electorales. La despartidización sería el mejor antídoto contra la parcialidad y el sesgo que hoy prevalecen y del que se quejan PAN y PRD (y el PRI, donde es oposición).
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Investigador del CIDE