Becas como gancho indigno

Es lamentable y penoso que los altos mandos de las fuerzas armadas avalen con su presencia una ceremonia que lesiona la dignidad del Ejército y la Armada de México

Guillermo Fabela Quiñones |

Es lamentable y penoso que los altos mandos de las fuerzas armadas avalen con su presencia una ceremonia que lesiona la dignidad del Ejército y la Armada de México, como aconteció el jueves 14 cuando se anunció en Los Pinos el Programa Bécalos por su Valor, mediante el cual un importante sector de la iniciativa privada se erige como benefactor de las tropas, cuando corresponde el Estado la responsabilidad de velar por el bienestar de los soldados, de conformidad con el ordenamiento constitucional. Es por demás grotesco ver a los titulares del Ejecutivo, de Marina y de la Defensa Nacional junto al propietario de Televisa, Emilio Azcárraga Jean, haciendo gala de su predominio e influencia.

Dicho programa consta de una bolsa de 75 millones de pesos, de los cuales 45 millones son aportados por el gobierno federal y 30 por el Consejo Mexicano de Hombres de Negocios (CMHN), la Asociación Mexicana de Bancos y la Fundación Televisa. Ni siquiera se trata de una aportación total del sector privado, sino de una parte menor a la que le sacarán el mayor jugo posible tanto en la Secretaría de Hacienda como en su trato cotidiano con los altos mandos de las fuerzas armadas. Constatamos así que los poderes fácticos lo son de hecho y no se conforman con aparentar poder sino que lo ejercen a plenitud.

Quieren tropas a su servicio, no un Ejército y una Armada que salvaguarden la soberanía nacional, y ahora que hacen una aportación que resulta ridícula teniendo en cuenta las extraordinarias riquezas que ostentan, no es difícil imaginar cómo será en adelante su relación con los altos mandos de ambos cuerpos. Por eso les urge la aprobación de una Ley de Seguridad Nacional donde se oficialice la participación de las fuerzas armadas en calidad de salvaguardas de los intereses de la oligarquía, simples guaruras de los que podrían disponer como les diera la gana, a cambio de bonitos espots televisivos y radiofónicos, laudatorios del trabajo de las tropas.

Sería inevitable que se sintieran con derechos sobre las fuerzas armadas, quienes aparecen ahora como benefactores de las familias de los soldados. No es ocioso insistir en el imperativo de evitar que los militares pierdan su institucionalidad, en aras de gozar de supuestos beneficios colaterales a los que por ley les debe ofrecer el Estado. Sería el colmo que el titular de la Armada o el de la Secretaría de la Defensa tuvieran que recibir órdenes del propietario de Televisa para actuar en determinado conflicto donde los intereses de sus empresas estuvieran en riesgo por razones de tipo social. Esto que parece un absurdo no sería descabellado, de conformidad con la correlación de fuerzas en este momento en el país.

Desde luego, este asunto se da porque Felipe Calderón aprueba la iniciativa de los oligarcas que buscan quedar bien con los altos mandos de las fuerzas armadas. En otras circunstancias no se habría producido, debido a que no sólo se rompe la institucionalidad del Estado mexicano, sino que se presta a situaciones inconvenientes, como la que se apuntó renglones atrás. Se podrá argumentar que la Carta Magna no prohíbe un hecho así, pero lo cierto es que se trata de algo tan fuera de lugar que no se contempló por el legislador.

Con esta maniobra política de la oligarquía, Calderón está propiciando una innoble injerencia de ésta en los asuntos más trascendentales del Estado mexicano que son de interés público. Lo dijo muy claramente Eugenio Garza Herrera, presidente del CMHN: “Nuestras empresas crecen y se desarrollan mejor cuando viven en un ambiente en el que se respeta el Estado de derecho, se cumplen las obligaciones y se es solidario con las responsabilidades que, en nuestro caso, es la empresarial”. ¿Qué se puede entender de tales declaraciones? Que quieren contar con la “solidaridad” de las fuerzas armadas para gozar de mayor seguridad en sus negocios.

Y todo por la mísera cantidad de 30 millones de pesos o menos, teniendo en cuenta que la aportación de los banqueros sería a cuenta de los usuarios de los cajeros automáticos. Vista esta situación con plena objetividad, se trata de una limosna que debiera ser rechazada por los altos mandos de las tropas, pues es fácil advertir que 650 pesos mensuales son insuficientes para un estudiante en el primer año de la beca, 700 el segundo y 750 pesos el tercero. Con todo, es preciso insistir en que la culpa de esta “negociación” es de Calderón, no de los titulares de las secretarías de la Defensa y de Marina.

Ni que decir tiene que debió haber rechazado de entrada una propuesta tan indigna que revela la pobreza en que se mantiene a quienes arriesgan su vida en una “guerra” sin sentido. Sin embargo, la aceptó. De hecho, el beneficio no será para los hijos de soldados, marinos y policías, sino para los oligarcas que se sentirán con derechos y autorización presidencial para disponer de las fuerzas armadas como lo crean conveniente a sus intereses particulares.