A Carlos Puig, quien lleva aquí el mayor mérito
El sábado, al mediodía, Olimpia Velasco me llamó atónita. Judiciales del DF habían detenido a Mariel, una periodista colaboradora suya que el MP acusó de cómplice de un asesinato.
Le dije que era apremiante conocer las condiciones de la detención y la consistencia de la acusación, antes de hacer cualquier reivindicación gremial, sin descuidar, claro, el trato de la Procuraduría.
Sobrevino el peor escenario: al estilo del vejatorio sistema de justicia penal mexicano; el juez había dictado ya “prisión preventiva”, enviando a Mariel a Santa Martha Acatitla. El sistema funcionaba de maravilla: policías, fiscales y jueces encerraban a alguien que según la Constitución tenía derecho a que se le supusiera inocente.
El aparato de justicia del DF aplastando a una muchacha de 23 años indefensa. La misma brutal acechanza de la que somos víctimas todo el tiempo a manos de nuestros propios gobernantes.
Pero, ¿qué hicimos medios y periodistas? Muchos acudieron de forma sumisa y cómplice a la conferencia de prensa. Tomaron nota e imagen, y corrieron a consumar el “juicio mediático”, erigiéndose en apéndices de un aparato penal que, sin más, viola derechos.
En estos casos las oficinas de comunicación institucional y nuestros propios medios nos sitúan en un papel denigrante: condenar a un ciudadano antes de que un tribunal lo haga, sin siquiera recoger su versión. Pero también ponemos de nuestra cosecha. Y aquí la autocrítica es obligada. EL UNIVERSAL también reprodujo en web dicha versión, tomada de la agencia Notimex, el 9 de julio.
Al final, ¿qué indicios tenía la Procuraduría del DF gracias a su “trabajo de inteligencia”? Un video donde aparece una supuesta cómplice sin parecido con Mariel. La ambigua y tardía declaración de un homicida. Y el testimonio de los agentes según el cual ella trató de huir y mintió sobre su nombre y dirección. Pura basura, gracias a lo cual Mariel está libre, algo que pocos consiguen.
El caso exhibe la urgencia de que el gobierno del DF abandone su pasividad y se comprometa con implementar la reforma penal vigente desde 2008 y, que la Procuraduría del DF deje de abusar de la “prisión preventiva” y de “presentar” a personas imputadas no juzgadas. Se debe crear la Defensoría Ciudadana de Víctimas de la Prensa, no para afectar la libertad de expresión, sino armonizarla con el debido proceso y los derechos de personalidad.
*Periodista
Editorial La Jornad
aidentificaa la universitaria, a pesar de que quien aparece en la imagen es una mujer de complexión y rasgos palmariamente distintos.
Con tales precedentes, el reconocimiento público que hizo ayer la procuraduría capitalina sobre la inocencia de la acusada y su decisión de desistir acción penal en su contra es una decisión acertada. Sin embargo, el hecho mismo de que Solís haya pisado la cárcel y enfrentado la kafkiana situación de tener que demostrar su inocencia –a pesar de que la Constitución demanda la presunción de ésta hasta que se demuestre lo contrario– exhibe el grado de vulnerabilidad en que se encuentra prácticamente cualquier ciudadano en el país ante la propia autoridad, y pone en evidencia el exasperante extravío de los aparatos de procuración e impartición de justicia, en los que el abuso del poder, la fabricación de culpables, el empleo faccioso y discrecional de las leyes, la impunidad, la corrupción, la discriminación y la violación a las garantías individuales son parte del patrón de conducta de las instituciones supuestamente encargadas de salvaguardar el estado de derecho.
Adicionalmente, y si se toma en cuenta que un componente ineludible de la excarcelación de Mariel Solís fue la presión ejercida por estudiantes y académicos de la UNAM a través de las redes sociales y la exhibición del caso en los medios de comunicación, es pertinente preguntarse cuántas personas en el país se encuentran en una situación similar sin que sus casos hayan salido a la luz pública. En ese sentido, y aunque en la hora presente las críticas se centren –y con razón– en el dislate cometido por la procuraduría capitalina, es pertinente señalar que los vicios señalados se reproducen en todos los niveles, incluido el federal: un dato revelador es el elevado porcentaje de personas –casi tres de cada cuatro– que han sido presentadas por el actual gobierno federal como integrantes de la delincuencia organizada y que han debido ser liberadas posteriormente por falta de pruebas, por deficiencias en la integración de los expedientes acusatorios, por corrupción de jueces o por una combinación de esos factores. No parece descabellado suponer que, en más de uno de esos casos, los acusados ha padecido circunstancias similares a las que sufrió Mariel Solís Martínez.
Finalmente, mal haría el gobierno capitalino en considerar zanjado este asunto solamente con la excarcelación consumada ayer. Por el contrario, hay indicios de irregularidades cometidas por agentes judiciales y del Ministerio Público que detuvieron y encarcelaron a una mujer manifiestamente inocente. Lo procedente, en este caso, es emprender acciones orientadas a reparar el daño a Mariel y a esclarecer y sancionar a los malos funcionarios que la privaron injustamente de su libertad. Las sanciones legales a que dé lugar este atropello deben ser vistas como un paso ineludible para impedir la persistencia y la repetición de injusticias como la cometida contra esta estudiante universitaria.
José Antonio Caballero
Mariel y la presunción de inocenciaLa detención y liberación de Mariel Solís, acusada de participar en el asalto y homicidio de un académico, es ejemplo de los errores de las instituciones de seguridad cuando informan de su labor. Claro que nos interesa conocer si procuradurías o policías tienen progresos. Cabe preguntarse por la forma en que lo hacen.
Hace días un juez me comentó: “Si ya los detuvieron, ya dijeron que son culpables y lo dieron a conocer a todo el mundo, entonces para qué me los traen. Yo no certifico, yo juzgo”. La exhibición de detenidos —cual trofeos de caza— no deja dudas, los culpables están ahí. El espectáculo es grotesco. Se presenta a detenidos, armas y policías encapuchados que los custodian. El efecto es generar un juicio paralelo en medios. A nadie queda duda de la culpabilidad. “Si no es por eso, seguro es por otra cosa. Si no, no estarían detenidos”. La resolución es inapelable. El margen de jueces se reduce. No sin razón, muchos se quejan: los detenidos llegan con etiqueta de culpables.
Más aún. Los agravios a los detenidos no sólo consisten en su exhibición. Irónicamente, la exhibición también da cuenta de los malos tratos que suelen recibir. Los videos y fotos documentan personas severamente golpeadas. En otros casos se muestra a menores de edad, con la consecuente violación de leyes y tratados. Una última ironía, nos presentan a los detenidos como culpables y después los arraigan para investigarlos. ¿Si no había datos para culparlos desde su presentación, por qué los presentaron con esa calidad?
Alguien podría decir que nuestras quejas contra la exhibición de detenidos fomentan la opacidad. No nos confundamos. Los partes informativos pueden ser públicos. Lo que no puede hacerse es calificar a detenidos como irremediablemente culpables. Recordemos que es en beneficio de todos que los procesos sean públicos y que se respete la presunción de inocencia. Sólo debemos acostumbrarnos a no hacer juicios previos. Esa decisión le corresponde a un juez, no a un procurador, no a un jefe de la Policía y no al aplausómetro.
En el caso de Mariel, el final es mejor que en otros. El procurador Mancera fue sensible. Tras revisar el asunto, ordenó el retiro de la acusación. Rectificar tras exhibir a un detenido es costoso. Incluso ante lo absurdo de las acusaciones. No olvidemos el caso de las tres indígenas acusadas de secuestrar a varios agentes federales. La PGR nunca rectificó. Felicitaciones al procurador por actuar rápido y con decisión. Queda pendiente mejorar la calidad de las investigaciones y evitar abusos. El ejemplo es claro para otras instituciones. A los ciudadanos nos queda una lección: todos podemos estar en el lugar de Mariel. Respetemos la presunción de inocencia.
*Investigador del CIDE
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