Cedehm pide acatar fallo de CoIDH por secuestro de 3 jóvenes
Por Gladis Torres Ruiz
México, DF, 13 jul 11 (CIMAC).- El Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (Cedehm) alertó que en nuestro país el delito de desaparición forzada está más que vigente al formar parte de la guerra emprendida por Felipe Calderón contra el crimen organizado, y que tiene a mujeres y jóvenes entre sus víctimas.
En un comunicado, Luz Estela Castro, coordinadora del Cedehm, se refirió a la desaparición forzada a manos del Ejército de dos mujeres y un joven en Buenaventura, Chihuahua, el 29 de diciembre de 2009, caso por el que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitió la recomendación 43/2011 al gobernador César Duarte y a las secretarías de la Defensa Nacional y de Seguridad Pública federal.
Castro destacó que este caso de desaparición forzada ocurrido en la presente administración federal es el primero que se litiga ante instancias internacionales.
La abogada explicó que la recomendación de la CNDH confirma lo que Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) expusieron el mes pasado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) respecto a “que fueron militares y policías quienes se llevaron a los muchachos y que el Estado Mexicano ha protegido a funcionarios que cometen abusos contra mujeres y jóvenes, en lugar de investigarlos y sancionarlos”.
Cabe recordar que el 29 de diciembre de 2009, 10 militares subieron a la fuerza a un vehículo a José Ángel Alvarado Herrera y a su prima Nitza Paola Alvarado Espinoza. Luego los uniformados fueron al domicilio de Rocío Irene Alvarado Reyes para también llevársela. En ningún caso hubo orden judicial. Hasta la fecha los tres están desaparecidos.
En entrevista telefónica, Alma Gómez, también abogada del Cedehm, consideró que la recomendación de la CNDH confirma las acusaciones de las OSC sobre la participación de las fuerzas de seguridad del Estado en casos de desaparición forzada.
“Hasta el momento lo que ha hecho el Estado mexicano ante la Corte y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) es evadir sus responsabilidades; con esta recomendación queda claro que no es sólo nuestro dicho, ni el de las y los peticionarios, por lo que formará parte de los razonamientos que abogadas y abogados haremos valer ante la Corte”, detalló.
Las organizaciones que litigan el primer caso de desaparición forzada relacionado con la guerra emprendida por Felipe Calderón ante la CoIDH son, además del Cedehm, Justicia para Nuestras Hijas, el Centro de Derechos Humanos Paso del Norte y la Comisión de Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos (Cossydhac).
En el comunicado, las cuatro organizaciones consideraron que el caso demuestra que en Chihuahua y en México la desaparición forzada “no es cosa del pasado sino que está presente en la vida de cientos de familias”.
EN BÚSQUEDA DE JUSTICIA
Cabe señalar que la CoIDH, mediante las resoluciones del 26 de mayo de 2010, 26 de noviembre de 2010 y 15 de mayo de 2011, ordenó a México adoptar las medidas necesarias para proteger la vida e integridad personal de Rocío Irene Alvarado Reyes, Nitza Paola Alvarado Espinoza y José Ángel Alvarado Herrera, así como de 33 familiares y de la representante Emilia González Tercero.
El 28 de junio de 2011, la CoIDH convocó a una audiencia pública para analizar los argumentos de las peticionarias y familiares de las víctimas, quienes sostienen que “el Estado Mexicano no ha implementado ninguna medida para proteger a las víctimas y sus familias; la falta de resultados en las investigaciones; y el acoso del Ejército mexicano en contra de la familia y las organizaciones que los acompañan en su búsqueda de justicia”.
El pasado 30 de junio la CNDH emitió la recomendación 43/2011, en la que confirma que fueron elementos del Ejército y de la Policía Federal (PF) los responsables de la detención arbitraria y posterior desaparición forzada de los tres jóvenes.
Luz Estela Castro afirmó que ésta es una oportunidad inigualable para que el gobierno de Calderón acate la recomendación de la CIDH y demuestre con hechos reales el compromiso con los Derechos Humanos que dice tener.
Castro demandó que se localice a las víctimas que detuvo el Ejército y la PF y que permanecen desaparecidas, y que se castigue a los responsables.
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