Miércoles 13 de julio de 2011, p. 4
La resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de acotar el fuero militar obliga al Congreso a asumir su responsabilidad y legislar en la materia, consideraron ayer senadores y diputados de PRI y PRD.
Integrantes de las comisiones de Defensa Nacional, Derechos Humanos y Relaciones Exteriores de San Lázaro se mostraron satisfechos con el fallo del máximo tribunal de justicia del país para que jueces civiles puedan conocer de delitos cometidos por soldados; consideraron que la resolución de los ministros obliga a dejar en claro en la Ley de Seguridad Nacional que serán los juzgados ordinarios los que procesen los abusos cometidos durante operativos contra la delincuencia organizada.
Enoé Uranga (PRD), secretaria de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, evaluó que en el debate sobre la reforma a la Ley de Seguridad Nacional debe ratificarse, como propone el anteproyecto de decreto, que si un militar comete un delito contra civiles, sean jueces del fuero común los que lleven a cabo el proceso.
Planteó que la Cámara de Diputados está obligada a dictaminar las cinco iniciativas que para modificar el fuero de guerra están pendientes desde el año pasado en las comisiones de Defensa y de Puntos Constitucionales.
Acierto de los ministros
Porfirio Muñoz Ledo (PT), presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, quien el año pasado presentó una iniciativa de reforma constitucional para que los crímenes de guerra sean imprescriptibles y que en tiempos de paz no subsista el fuero de guerra, definió el fallo de los ministros como un acierto
.
Esto –indicó–, porque el Ejecutivo federal está obligado a respetar los tratados internacionales en materia de derechos humanos, y con ello, si Felipe Calderón quiere tratar de proteger al Ejército y utilizarlo para combatir el crimen organizado, necesita declarar oficialmente una guerra
.
Ponderó que se trata de un triunfo para quienes durante años han exigido que en tiempos de paz el Ejército se dedique a labores de disciplina interna y que no exista el fuero de guerra.
En tanto, el priísta Arturo Zamora, integrante de la Comisión de Defensa, expuso que la opción de que los jueces civiles determinen si inician procesos a militares, también mantiene el monopolio de la acción penal en el Ministerio Público.
Estos dos aspectos son clave, porque si se inicia una averiguación previa contra soldados o marinos que cometan abusos contra civiles, dependerá del criterio de los procuradores estatales y de la Procuraduría General de la República para cada caso concreto, o bien si declinan esa competencia y derivan los expedientes en favor del fuero militar, que subsiste
, explicó.
Además, resaltó que la aplicación de la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación debe verse a partir de que la eficiencia penal de los tribunales militares es de 95 por ciento y, en contraste, en los civiles la impunidad es de 97 por ciento.
En el Senado, el perredista Tomás Torres subrayó que al dictaminar la Ley de Seguridad Nacional, la Cámara de Diputados debe tomar en cuenta el criterio de los ministros sobre la competencia de tribunales civiles en el caso de integrantes de las fuerzas armadas que violen derechos humanos de la población
.
Destacó que desde hace casi un año está congelada en el Senado la propuesta de reforma al Código de Justicia Militar, debido a que el proyecto enviado al Congreso por el presidente Felipe Calderón a finales de octubre de 2010, debe corregirse y ser votado pronto.
Expulsión de académico colombiano evidenció desacato
Miércoles 13 de julio de 2011, p. 4
La organización Sin Fronteras advirtió que en la deportación del académico colombiano Miguel Ángel Beltrán –en mayo de 2009– se acreditó ante un juez que el gobierno mexicano rechazó una solicitud de asilo, lo que rompe con todos los preceptos y leyes en la materia que debió acatar México.
De manera independiente al proceso jurídico que se siguió a Beltrán en su país (fue absuelto tras dos años de permanecer en una cárcel de máxima seguridad, La Jornada, 11 de julio 2011), este caso puso en evidencia los riesgos de privilegiar la seguridad nacional por encima de otras circunstancias, como una solicitud de asilo, lo que rompe toda la tradición de México en la materia.
“Cuando el gobierno da prioridad a la seguridad nacional, pasa por encima de gente como Miguel Ángel sin haber seguido las formalidades –de un tratado de extradición, por ejemplo–, incluso cuando el inculpado tenga acusaciones de tipo penal en México o el extranjero”, señaló Perseo Quiroz, subcoordinador de defensoría de Sin Fronteras.
Esta organización civil dedicada al auxilio de extranjeros señaló que aunque el caso de Beltrán es emblemático, no es el único. La deportación en referencia y otras que han ocurrido en los años recientes tampoco pasan por el procedimiento que dictan la ley y la operación del sistema judicial.
“En cambio –añadió Quiroz–, se echa mano de una institución opaca, sin controles, como el Instituto Nacional de Migración (INM), para dar la vuelta a los derechos y convenciones firmados y ratificados por México, especialmente para el caso del refugio”, indicó.
Recordó que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido la ilegalidad y violación a las garantías básicas cuando se privilegian los criterios de seguridad nacional.
Cuando Beltrán fue deportado se promovió en México un amparo directo para evitar la expulsión, trámite que derivó en dos demandas: una por la propia devolución y otra por el rechazo del gobierno mexicano a aceptar su solicitud de asilo.
En el segundo caso, el juez acreditó que el extranjero solicitó el asilo, petición ignorada por las autoridades de la Secretaría de Gobernación.
Como informó este diario, el colombiano demandará su retorno a México –por medio del asilo– y analiza la vía para exigir la reparación del daño, porque asegura que fue objeto de tortura y vejaciones sicológicas de agentes mexicanos.
En su momento, el juez de distrito avaló la existencia de una solicitud de asilo y, en consecuencia, la negativa de este derecho. Sin embargo, alegó que la petición de amparo fue presentado de manera extemporánea.
Otro juez también avaló que la orden de deportación fue irregular, sin fundamento, y que estaba valorada excesivamente la prohibición del retorno de Beltrán, al impedirle volver a pisar territorio mexicano en los próximos 40 años.
El Ministerio Público Federal apeló esta decisión y asevera que no pueden otorgar el amparo porque Miguel es un peligro para México, siendo que él ya fue absuelto por la justicia de su país
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