Cuentan con un inmenso poder económico para presionar políticamente, pero los concesionarios (¡con-ce-sio-na-rios!) de radio y televisión han puesto el grito en el cielo. Alegan que la cantidad de anuncios electorales, para el nuevo espacio y tiempo que les agendaron, son demasiados y en sus programaciones no tienen cabida.
Para transmitir programas de toda clase de violencia y de incultura les sobra tiempo, ya que cobran los comerciales a las mismas empresas que ahora se suman a los gritos de radiodifusores y del duopolio Televisa-Tv-Azteca, para impugnar las medidas del IFE (Instituto Federal Electoral, que sigue usurpando facultades de un Congreso de la Unión, que debería ya haber dictado las leyes con esos fines para que su reglamentación les imprima máxima legalidad), sobre que han de acatar la transmisión de esos anuncios de orientación procesal electoral.
La discusión, a la que indudablemente tienen derecho los concesionarios, no es para oponerse con base a un capricho donde sus lágrimas son una actuación, pues la difusión de tales anuncios no les generará millones de pesos, como están acostumbrados, rechazando que sean tantos los espot. Si estos fueran pagados sobre sus altas tarifas, me canso que sacrificarían sus tiempos de sobra, para difundirlos. Es una maniobra de esos poderosos medios de comunicación, a los que tampoco les parece que radioescuchas y televidentes, como los partidos y sus candidatos, tengan derecho de réplica. Si no en los exagerados términos que plantea el IFE, sí, a como dé lugar, han de tener la obligación de atender las réplicas de sus auditorios.
Hace tiempo que directivos, dueños y corifeos, de radio y televisión, se oponen a tener una inspección a su programación de violencia, de excesos sociales (como propuso el afianzador de la sociedad abierta, de la democracia y del republicanismo Karl R Popper, y con él otros más). No tienen defensores de sus audiencias y violentan a cada rato sus mentados códigos de ética o de plano son adornos de sus programaciones. No quieren transmitir anuncios electorales para educación del público. Ni quieren que se convalide el derecho de réplica. Y quiere que nada limite sus libertinajes e intentonas de golpismo para manipular a los gobernantes que no les pagan millones de pesos (como Peña Nieto).
Alegar que no tienen tiempo para transmitir por sus frecuencias concesionadas los mensajes electorales que les ha reglamentado el IFE es pura farsa; son ganas de crear una disputa sin materia, ya que de sobra se sabe que sí tienen los espacios para cumplir al pie de la letra. Empero, es hora de que el Congreso de la Unión expida una legislación al respecto para apuntalar más las funciones del IFE en esos fines, ya que de lo contrario los concesionarios y empresarios, como es su antidemocrática costumbre, se irán a los amparos para entorpecer sus obligaciones y mientras se resuelven no cumplir con transmitir los mensajes electorales. No hay otra manera de obligarlos, sino con sanciones de que pueden perder la concesión.
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