Las
transformaciones que ha tenido el narcotráfico en México a partir de la
década de los 80 hacen necesaria una rectificación conceptual que nos
permita comprenderlo mejor. En efecto, durante esta década los grandes
cárteles mexicanos sentaron las bases para extender y profundizar sus
actividades económicas. Del simple cultivo y trasiego de mercancías
(narcóticos) comenzaron a controlar toda la cadena productiva y, en la
actualidad, a competir en el mercado mundial y a consolidarse como
grupo de poder con influencia local y nacional en los procesos
políticos y electorales. Por tanto, los cárteles mexicanos del
narcotráfico dejaron de ser tales y ya no se les puede denominar así.
Los grandes cárteles ahora tienen todas las características, principios
y propósitos de una empresa tipo corporación nacional y, a veces
transnacional, es decir son parte fundamental de la gran burguesía.
Como toda empresa burguesa fundamentan sus actividades económicas en la
propiedad privada de los medios de producción, en la explotación, en el
trabajo asalariado y tienen como propósito el lucro por medio del
mantenimiento de la tasa de ganancia bajo cualquier medio, sea legal,
ilegal o violento.
Las narco empresas o empresas ilícitas,
como cualquier empresa burguesa, cuentan con el apoyo del gobierno,
explotan a sus trabajadores, producen mercancías, crean y controlan
mercados internos y externos, construyen o se apoderan de rutas
comerciales, se apropian de territorios urbanos o rurales para
refuncionalizarlos como mercados o áreas proveedoras de fuerza de
trabajo y de recursos naturales; gestionan recursos y mejores
condiciones para su actividad, compiten con otras empresas por los
mercados y por negocios con el poder político formal y trato
privilegiado en el ámbito judicial, fiscal y financiero; realizan
espionaje industrial y comercial, llevan a cabo fusiones empresariales,
especulan con los precios, acaparan mercancías, sobornan, extorsionan y
financian campañas políticas al igual que eliminan enemigos. En suma,
una gran empresa parte de la burguesía, sólo que ilegal en el discurso
del gobierno e ilegítima en su moral.
En este contexto, es
importante considerar el discurso mediático y gubernamental como
instrumento de dominación ideológica cuando contribuye a la
manipulación de la realidad. Es un discurso de dobles criterios y de
dobles sentidos. Cuando se refiere a actividades económicas de las
narco empresas cambia los términos aunque se trate de la misma
actividad en empresas legales. Por poner unos ejemplos, se le denomina
“cártel” a las narco empresas, a las rutas comerciales les llaman
“rutas de trasiego”, a los pequeños distribuidores y vendedores de
mercancías se les dice “narcomenudistas”, a los trabajadores encargados
de la seguridad de la empresa se les nombra como sicarios y no guardias
de seguridad privada. A la pugna y dominio de mercados y territorios
les llaman respectivamente “calentar la plaza” y “controlar la plaza”.
Al control de exportaciones y embargo de mercancías le dicen
“decomiso”, a las operaciones financieras, transferencias de dinero,
contabilidad oculta o doble, e inversión de capital en otros rubros, le
denominan “lavado de dinero”. Es decir, el uso del doble criterio y
doble moral para designar y juzgar, esencialmente. la misma actividad.
De este modo, dicho discurso oculta lo que significa la actividad
empresarial en términos de su relevancia para las economías en su marco
nacional. Para la economía mexicana, por ejemplo, la actividad
empresarial, ilegal de este sector burgués es fundamental. Cálculos de
especialistas y de agencias estadounidenses afirman que la suma de
dinero que las actividades económicas de las narco empresas inyectan a
la economía nacional, es de alrededor de 50 mil millones de dólares
anuales. Esta enorme cantidad de dinero se distribuye -como cualquier
otra empresa capitalista lo hace- en reinversiones en su actividad
fundamental de producción, manufactura y distribución de drogas
ilícitas. Otra parte importante se destina a invertir en cientos de
grandes y medianas empresas para “blanquear” el dinero. Casas de
cambio, corredurías de bolsa, empresas agroindustriales, de seguridad
privada, hoteles, restaurantes, entre muchos otros, son algunos de los
rubros preferidos por la matriz de los narcóticos para diversificar
inversiones. Una empresa narco burguesa trasnacional con enclaves por
todo el planeta para surtirse de materias primas y para abastecer la
demanda mundial.
Los empresarios narco burgueses dedican
buena parte de estos recursos a la seguridad y los sobornos que, al
volverse costumbre se transforman en sueldos integrando a la nómina
desde policías rasos hasta los más altos funcionarios del gobierno.
Así, policías, mandos y jefes de todos los niveles se transforman en la
policía privada de la narco burguesía junto con los ejércitos de
mercenarios integrados por los sectores sociales más marginados,
empobrecidos y corrompidos, empleados asesinos a sueldo, impunes en
regiones igual de marginadas y empobrecidas.
Simultáneamente
esta narco burguesía – que casi no se diferencia en nada de la
burguesía legal- lo mismo invierte en política electoral que en
política social. Igual financia campañas electorales de todos los
partidos políticos que reparte despensas y patrocina fiestas populares,
con lo que se hace de base social y política. Es decir, hace también
política con los de arriba y los de abajo. El carácter irrefutable de
toda esta evidencia hace imposible afirmar que esta actividad narco
empresarial se realiza sin la complicidad y apoyo del aparato del
Estado, del régimen político y de las personas que lo dirigen. Como en
todos los ámbitos donde el capitalismo penetra y corrompe, aquí se
difumina la línea entre lo legal y lo ilegal.
De este modo,
encontramos en México diferentes efectos del mismo fenómeno con
Michoacán como el caso más paradigmático en este momento, sin olvidar
otras regiones y estados del país. Este estado del centro occidente del
país concentra –aunque no de forma exclusiva- las características
geográficas, económicas y sociales para ser objeto de disputa por su
dominio. Y las autodefensas son en este contexto la expresión más
nítida de la disputa interburguesa que tiene a su pueblo en vilo y
donde los gobiernos local y federal han tomado parte por uno u otro
grupo burgués.
Michoacán tiene una posición estratégica
doble: primero al ser un punto de paso obligado para el comercio de
mercancías por el Pacífico de sur a norte. Es una ruta marítima natural
y rápida, favorecida por las corrientes marinas desde los puertos
sudamericanos como Lima y Trujillo en Perú, Guayaquil en Ecuador y
Buenaventura, Colombia, todos países productores de cocaína. Así la
costa michoacana es una zona portuaria con Lázaro Cárdenas como enclave
comercial Sur-Norte. El segundo aspecto de su carácter estratégico es
su posición como principal zona de comercio con Asia. Entonces,
controlar esta región implica el dominio sobre el comercio de
mercancías, legales e ilegales, entre México como enclave y abastecedor
de recursos naturales, con destino a Sudamérica Asia y Norteamérica.
Por otro lado, Michoacán posee abundantes minerales entre los que
destaca el hierro, recurso por el que empresas trasnacionales y narco
empresarios pelean su posesión para venderlo a China. Ambos grupos en
un principio, mediante sus guardias privados o sicarios, ocuparon
tierras ejidales y comunitarias ricas en hierro desplazando poblaciones
enteras en complicidad con el gobierno. A esta estrategia de despojo y
desplazamiento para la obtención de recursos de le conoce como
refuncionalización del territorio y de las personas, que va de forma
simultánea con la contrainsurgencia. A través de diversos tipos de
violencia se infunde el miedo con amenazas, extorsiones, violaciones,
secuestros, desapariciones forzadas y asesinatos con la consecuente
ruptura del tejido social y la ocupación militar con el pretexto del
combate a la inseguridad.
Exportada de Colombia la estrategia
de la refuncionalización del territorio dejó allá alrededor de 5.6
millones de desplazados y un gran negocio controlado por las mineras y
agroindustrias estadounidenses en el marco del Plan Colombia. Y este
mismo esquema con nuestro Plan Mérida, se aplica en todo México,
intensificado en Michoacán para controlar los sectores estratégicos de
la economía, para poner orden las disputas interburguesas y garantizar
el suministro de recursos minerales, energéticos y financieros hacia
los países matrices de las empresas. Lo mismo que con los minerales
ocurre con las maderas preciosas traficadas hacia Norteamérica y China,
o el agronegocio del limón y aguacate que representan cerca de mil
millones de dólares anuales cada uno.
En este panorama es
donde surgen las autodefensas con al menos tres orígenes y tendencias
distintos. Con esta situación enfrente los grandes empresarios de la
agroindustria y de la minería, al verse despojados de sus negocios y
ante la omisión del gobierno, comienzan a azuzar y a organizar a sus
trabajadores que, sumado a la explotación y miseria, padecen con mayor
intensidad la violencia de los narco empresarios. Luego, otros gérmenes
de carácter popular se autorganizan con sus propios recursos y
aspiraciones legítimas producto del hartazgo. Y, la tercer fuente del
origen de quienes participan en las autodefensas es anterior a las
otras dos y más cercana al modelo de la policía comunitaria
guerrerense. Es aquella que se basa en el arraigo de las costumbres
comunitarias y con objetivos políticos y sociales que van más allá del
discurso de la seguridad. Esta última tendencia es la que mayor peligro
representa para el gobierno y para los burgueses sean narcos o no.
Ostula y Cherán, entre otros, es contra quienes se dirige la implacable
contrainsurgencia, cuyas consecuencias han quedado ocultas y es preciso
no olvidarlas. De esta forma, tenemos en las autodefensas a un
conglomerado heterogéneo de grupos sociales de orígenes, pretensiones y
destinos diferentes.
Michoacán en crisis cambió del Estado de
excepción, dominado por los ahora narcoburgueses, al Estado de sitio
controlado por el gobierno, en medio de una disputa interburguesa que
se materializa en un guerra entre civiles armados, con el pueblo y sus
recursos como rehenes.
Javier Saldaña Martínez. Posgrado en Derechos Humanos, Universidad Autónoma de la Ciudad de México.
Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.
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