La diputada Mariela Castro Espín
Cuba abogó hoy en Naciones Unidas por la voluntad política y la
educación integral como cuestiones clave para garantizar el acceso
universal a los derechos sexuales y reproductivos, informó Prensa
Latina.
Esos derechos no son nuevos, son inherentes a todas las personas, a
su condición humana, independientemente de su clase, estatus social,
edad, género, estado civil, condición migratoria, etnia, raza,
orientación sexual e identidad de género, afirmó la diputada Mariela
Castro Espín.
La directora del Centro Nacional para la Educación Sexual de Cuba intervino en una reunión del Grupo de Trabajo de Alto Nivel sobre la Conferencia Internacional de Población y Desarrollo, donde expuso las experiencias de su país en la lucha contra todas las formas de discriminación.
En ese sentido, señaló que el ejercicio pleno de los derechos humanos sexuales y reproductivos requiere de compromiso político, para facilitar procesos inclusivos de transformación social profundos.
Se trata de la voluntad de promover el análisis crítico de los modelos de dominación históricamente impuestos por los grupos privilegiados, que sustentan el poder económico y continúan utilizando la sexualidad como pretexto para el control social y la manipulación, en función de sus intereses hegemónicos, advirtió.
Castro Espín destacó además el papel de la educación integral de la sexualidad para la emancipación plena del ser humano y su formación como sujeto de derecho.
"Por tanto, es responsabilidad de los Estados y Gobiernos, el desarrollo de programas nacionales de educación integral de la sexualidad y de atención a la salud sexual y reproductiva, basados en un enfoque de derechos humanos", subrayó en el foro.
De acuerdo con la integrante del Grupo de Trabajo de Alto Nivel, la lucha contra la discriminación, desde un paradigma emancipatorio, y los logros en el ejercicio de los derechos de las mujeres, crearon en Cuba las condiciones propicias para la aprobación de la educación sexual como política del Estado, desde 1975.
"Su implementación es responsabilidad de las principales instituciones sociales, familia, educación, salud, cultura y organizaciones de la sociedad civil. Una población informada y culta, goza de mayor libertad para decidir con sentido de responsabilidad individual y colectiva", expuso.
La parlamentaria aseguró además que la educación de la sexualidad constituye un excelente mecanismo para la integración social, sobre la base de la justicia, la equidad y la participación.
Al respecto, estimó que ese tipo de enseñanza es imprescindible para avanzar en los temas de población y desarrollo después del 2014, y en la agenda post-2015, la cual sustituirá a los Objetivos del Milenio fijados hace 14 años.
Además de Castro Espín, en la reunión intervinieron personalidades como la alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Navi Pillay, y el expresidente de Mozambique Joaquim Chissano.
El encuentro del Grupo de Trabajo de Alto Nivel es uno de los eventos paralelos de la Comisión de Población y Desarrollo de la ONU, la cual celebra toda esta semana su 47 sesión.
La Comisión pasa revista a los avances y retos en el cumplimiento del Programa de Acción de la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo, realizada en El Cairo en 1994, en particular a temas como la mortalidad materna-infantil, la planificación familiar, la educación y el acceso a los derechos sexuales y reproductivos.
La directora del Centro Nacional para la Educación Sexual de Cuba intervino en una reunión del Grupo de Trabajo de Alto Nivel sobre la Conferencia Internacional de Población y Desarrollo, donde expuso las experiencias de su país en la lucha contra todas las formas de discriminación.
En ese sentido, señaló que el ejercicio pleno de los derechos humanos sexuales y reproductivos requiere de compromiso político, para facilitar procesos inclusivos de transformación social profundos.
Se trata de la voluntad de promover el análisis crítico de los modelos de dominación históricamente impuestos por los grupos privilegiados, que sustentan el poder económico y continúan utilizando la sexualidad como pretexto para el control social y la manipulación, en función de sus intereses hegemónicos, advirtió.
Castro Espín destacó además el papel de la educación integral de la sexualidad para la emancipación plena del ser humano y su formación como sujeto de derecho.
"Por tanto, es responsabilidad de los Estados y Gobiernos, el desarrollo de programas nacionales de educación integral de la sexualidad y de atención a la salud sexual y reproductiva, basados en un enfoque de derechos humanos", subrayó en el foro.
De acuerdo con la integrante del Grupo de Trabajo de Alto Nivel, la lucha contra la discriminación, desde un paradigma emancipatorio, y los logros en el ejercicio de los derechos de las mujeres, crearon en Cuba las condiciones propicias para la aprobación de la educación sexual como política del Estado, desde 1975.
"Su implementación es responsabilidad de las principales instituciones sociales, familia, educación, salud, cultura y organizaciones de la sociedad civil. Una población informada y culta, goza de mayor libertad para decidir con sentido de responsabilidad individual y colectiva", expuso.
La parlamentaria aseguró además que la educación de la sexualidad constituye un excelente mecanismo para la integración social, sobre la base de la justicia, la equidad y la participación.
Al respecto, estimó que ese tipo de enseñanza es imprescindible para avanzar en los temas de población y desarrollo después del 2014, y en la agenda post-2015, la cual sustituirá a los Objetivos del Milenio fijados hace 14 años.
Además de Castro Espín, en la reunión intervinieron personalidades como la alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Navi Pillay, y el expresidente de Mozambique Joaquim Chissano.
El encuentro del Grupo de Trabajo de Alto Nivel es uno de los eventos paralelos de la Comisión de Población y Desarrollo de la ONU, la cual celebra toda esta semana su 47 sesión.
La Comisión pasa revista a los avances y retos en el cumplimiento del Programa de Acción de la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo, realizada en El Cairo en 1994, en particular a temas como la mortalidad materna-infantil, la planificación familiar, la educación y el acceso a los derechos sexuales y reproductivos.
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