Si
algo ha cambiado durante la presidencia de Enrique Peña Nieto en
materia política es una cosa: los gobernadores de los estados del país
ya no gozan del poder omnímodo y omnipotente del que gozaron durante
los 12 años de gobiernos panistas. Desde la Presidencia en este sexenio
se ha emprendido toda una estrategia para acotar y controlar la
actuación de los Ejecutivos estatales y evitar los excesos en que
incurrieron en la última década.
Una prueba de ello han sido los efectos que en la práctica tienen
varias de las reformas impulsadas por el presidente Peña Nieto con el
apoyo de los partidos en el Pacto por México, desde la reforma
político-electoral que rompió con el control de los gobernadores sobre
los órganos electorales de sus estados y por tanto la manipulación de
los comicios, hasta las nuevas leyes fiscales y General de Deuda
Pública que regulan la contratación de endeudamiento financiero de los
gobiernos estatales y municipales y les ponen topes a la adquisición de
créditos con la banca comercial.
Las resistencias desde los estados a varias de estas leyes y al
acotamiento político emprendido desde Los Pinos no se han hecho
esperar. Varias de las reformas peñistas enfrentaron de manera
soterrada o abierta amagos de rebelión y desconocimiento de los
estados, ya fuera porque se trastocaban facultades o poderes de facto
para los mandatarios o porque se les imponían a las entidades
federativas nuevos lineamientos constitucionales y legales que, al
tiempo que reforzaban la rectoría federal, les quitaban a ellos
potestades.
Uno de los casos más claros de resistencia en las entidades
federativas ha sido la reforma educativa. En algunos casos presiones de
la CNTE o de algunas secciones del SNTE y en otras, atribuciones que se
tomaron los Congresos locales, derivaron en una suerte de rebelión en
contra del espíritu original de las nuevas leyes educativas que le
confieren al Ejecutivo federal, a través de la SEP o a instituciones
autónomas como el INEE, la rectoría en materia de educación a nivel
nacional.
Eso no sólo incomodó a algunos estados donde dominan las facciones
más radicales de la CNTE, como Oaxaca, Michoacán y Guerrero, en los que
hubo seria resistencia a que se realizara la homologación de sus leyes
estatales con la reforma educativa; al final sólo Oaxaca se negó a completar el proceso antes del 12 de
marzo, que fue la fecha establecida en las leyes secundarias para
hacerlo. Y aunque el resto de las 31 entidades sí homologaron sus
legislaciones, en varios estados los Congresos locales se tomaron
libertades y licencias a la hora de legislar y terminaron
contradiciendo a la Constitución y a la Ley General de Educación.
Por esa razón, y en una prueba más de sujetar a los gobiernos
locales al marco federal, el presidente Peña Nieto inició ayer
controversias constitucionales en la Suprema Corte de Justicia de la
Nación en contra de cuatro estados por contravenir el espíritu
constitucional de la reforma educativa. De esas cuatro controversias,
anunciadas ayer por el vocero presidencial, Eduardo Sánchez, y el
consejero jurídico de Los Pinos, Humberto Castillejos, una es contra
Oaxaca por omisión al no haber realizado la homologación, y las otras
tres contra Chiapas, Michoacán y Sonora porque sus Congresos aprobaron
disposiciones que contravienen a la legislación federal.
Ayer los representantes del presidente advirtieron que a estas
cuatro controversias podrían sumarse otras más contra los estados una
vez que se concluya el análisis de las legislaciones aprobadas por
varios de ellos; es decir, que en Los Pinos no están jugando y así como
en otras ocasiones, como en la rebelión que intentaron algunos
gobernadores contra la reforma político-electoral actuaron con firmeza
para sofocar las resistencias, ahora, en la reforma educativa, la
confrontación llegará al máximo tribunal del país en lo que representa
un claro y contundente mensaje: el tiempo de los virreinatos en los
estados del país se terminó.
NOTAS INDISCRETAS…Hablando de virreinatos, una de las entidades en
las que se desató mayor escándalo por el tema del endeudamiento del
gobierno estatal fue en Coahuila. Tal vez por eso ayer el gobernador
Rubén Moreira firmó un convenio de cooperación técnica con la
organización OSC Fundar, con la cual el estado se compromete a reformar
su Ley de Transparencia para hacerla la más avanzada y clara del país,
además de que el gobierno de Coahuila acepta abrir públicamente sus
gastos en imagen y publicidad oficial. En la firma del convenio con el
organismo de la sociedad civil, el gobernador se comprometió también a
que en adelante su imagen personal no aparecerá más en los spots de
gobierno, ni siquiera en los tiempos de ley. Así que Rubén Moreira se
propone hacer de Coahuila el estado “más transparente del país” en algo
que, inevitablemente remite al ejercicio de su hermano y antecesor en
el cargo, Humberto Moreira. ¿Se sigue deslindando el mandatario
coahuilense? Los dados se guardan en el cajón por vacaciones. Volverán
a girar el lunes 28 de abril en espera de más Escaleras y menos
Serpientes. Hasta entonces apreciados lectores y ¡felices pascuas!
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