Gabriela Rodríguez
Difícil
de comprender el retroceso en la resolución del pasado 12 de abril de
la 47 sesión de la Comisión de Población y Desarrollo de la ONU. A 20
años de la conferencia de 1994, en que se mostró que no tiene por qué
haber conflicto entre las demandas de desarrollo y los derechos
humanos, Nafis Sadik abrió la sesión afirmando: no es lo mismo
considerar a la población como objeto que reconocer que está conformada
por individuos autónomos y tomadores de decisiones. Aunque el
crecimiento poblacional ha descendido, la población continúa creciendo:
para 2030 se agregarán otros mil millones.
Alimentar a 8 mil millones
de personas requiere incrementar la producción de alimentos en 50 por
ciento, 45 por ciento más de energía y 30 por ciento más de agua
potable, y se desconoce cómo enfrentar los efectos del cambio
climático. El crecimiento poblacional depende de decisiones
individuales y libres; cuando las mujeres eligen el número de sus hijos
las familias pueden invertir más en cada hijo, y cuando se invierte más
en las hijas se logran mejores niveles de educación y salud para las
nuevas generaciones. Estas tendencias multiplican los efectos en las
comunidades y en las naciones, porque contribuyen al desarrollo
económico, al combate a la pobreza y, en gran escala, a la adaptación
del cambio climático. Actualmente mil 400 millones viven en extrema
pobreza, con menos de un dólar y medio al día.
La distancia entre ricos
y pobres es abismal: los 10 países más pobres manejan la misma masa
económica que el hombre más rico del mundo. El mayor crecimiento de la
pobreza y de la población se encuentra en los países de África y al sur
de Asia. Pero en todo el orbe persisten desigualdades entre mundo
urbano y rural, hombres y mujeres, poderosos y excluidos. Las
desigualdades de género afectan la vida de las mujeres en la casa y en
el empleo, en la vida privada y pública. La salud sexual y reproductiva
es un factor vinculado a la pobreza. La mayoría de las mujeres pobres
tienen poca escolaridad y no tienen acceso a los anticonceptivos ni a
la atención apropiada de sus partos. Más de la mitad de las niñas de
países con bajo desarrollo ya están casadas y sufren graves
consecuencias por maternidad temprana: trabajo duro, débil salud y
corta vida. Ellas no tienen la opción de elegir, los partos amenazan su
vida y salud, cada año mueren 47 mil mujeres por abortos inseguros y
millones acarrean consecuencias por embarazos inoportunos.
Muchos
países pobres tienen leyes restrictivas y, aun donde el aborto es
legal, el acceso se complica. No se entiende por qué sigue siendo un
asunto tan sensible, cuando se trata de una práctica necesaria e
inevitable, porque la anticoncepción no es universal ni es perfecta y
los seres humanos son falibles. El incremento de las violaciones
aumenta la necesidad del aborto. La educación sexual y la salud
reproductiva son deficientes: ni siquiera las mujeres casadas están
protegidas de embarazos no deseados. No hay peor amenaza a los derechos
humanos que reproducir el actual patrón desigual de desarrollo, la
explotación irracional de recursos y el desbalance entre población y
cambio climático.
Sin
controversia se firmó el consenso para promover el desarrollo
sustentable y la atención a las necesidad de todos los grupos de edad y
marginados. El único avance sustantivo fue la protección de los
derechos humanos de los migrantes, así como reconocer las
responsabilidades de los países de origen, tránsito y destino.
Pero el tema que dividió a los representantes del mundo en la ONU
fue el de los derechos sexuales y reproductivos. Las posiciones
estuvieron totalmente polarizadas. Los del bloque oscuro llegaron a
afirmar que
la igualdad de género no es una prioridad,
los derechos sexuales no son derechos humanos,
la educación sexual de los niños atenta contra los derechos de los padres de familia,
la religión no inhibe sino promueve los derechos de las mujeres. Sorprendió un nuevo alineamiento geopolítico: Rusia, Egipto, los países árabes y africanos se aliaron con el representante del Vaticano. Este último se quejó de las recurrentes referencias
al sexoy recomendó como solución
promover la vida familiar y la fertilidad.
Recurrió a las palabras del papa Francisco: “Entre los más vulnerables
la Iglesia desea atender con un amor particular y preocupación a los
niños no nacidos, los más indefensos e inocentes (…) y no esperen un
cambio de posición al respecto, porque no es avance intentar resolver
los problemas eliminando la vida humana”. Sin ningún prurito el
Vaticano se pronunció contra la difusión de los derechos sexuales a los
niños y adolescentes ya nacidos, acción que bien podría alertarlos para
defenderse de los abusos sexuales. La actitud es más que inadmisible
después de la acusación que la propia ONU hiciera al Vaticano por
propiciar la continuación de los abusos sexuales al no denunciar ante
la policía a los sacerdotes pederastas. El Papa tendría que actuar para
proteger a los niños y no sólo pedir perdón a los familiares de las
víctimas o canonizar a su predecesor que encubrió a los criminales
durante 27 años.
En el bando progresista se destacaron la Unión Europea, Sudáfrica,
China, Estados Unidos, Filipinas, y especialmente 19 países de América
Latina, con el liderazgo de Argentina, al pronunciarse abiertamente a
favor de la inversión en la juventud y la promoción de los derechos
sexuales y reproductivos. Sin mayor presencia, México se alineó a este
bloque en la última sesión.
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