Arturo Rodríguez y Pedro Matías
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El consejero jurídico de la Presidencia, Humberto Castillejos, y el vocero, Eduardo Sánchez. Foto: Miguel Dimayuga |
MÉXICO,
D.F. (apro).- El presidente Enrique Peña Nieto escaló su pretensión de
concretar la reforma educativa a un nuevo nivel, al interponer cuatro
controversias constitucionales contra presuntas “omisiones” de los
Congresos de Oaxaca, Chiapas, Sonora y Michoacán.
Además, el consejero jurídico de la Presidencia, Humberto
Castillejos, advirtió que el análisis de las leyes locales continúa y
se interpondrán las controversias que sean necesarias para que la
Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) obligue a los poderes
legislativos de cada entidad que se sometan a la reforma federal
aprobada por el Congreso de la Unión.
En rueda de prensa, el vocero presidencial Eduardo Sánchez y el
consejero jurídico Humberto Castillejos pormenorizaron los artículos de
las leyes locales que, conforme al análisis realizado por la
Presidencia, incumplen con la reforma federal.
En los casos de Chiapas, Michoacán y Sonora, el argumento
controversial radica en que se invaden ámbitos de competencia federal,
pero el énfasis fue en Oaxaca, donde el reclamo se basa en la omisión
total de cumplir con la nueva Ley General del Servicio Profesional
Docente.
Los aspectos aludidos por Castillejos son aquellos que implican
temas que han sido rechazados por los integrantes de la Coordinadora
Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), fuerza magisterial que
tiene una importante presencia en Oaxaca, Chiapas y Michoacán.
En Chiapas, la impugnación es por cuatro artículos relacionados con
la regulación de alimentos, la reinscripción de docentes aun cuando no
acrediten las evaluaciones y la apertura a la participación sindical en
la toma de decisiones.
En el caso de Michoacán, se trata de cuatro artículos relacionados
también con la evaluación a los maestros; en tanto, para Sonora se
están controvirtiendo 27 artículos que van más o menos en el mismo
sentido de las anteriores.
Oaxaca y Sonora tienen gobernadores que cuentan con mayoría en sus
Congresos locales y son de partidos de oposición al PRI; en el caso de
Chiapas, el gobierno es del PVEM, en alianza con el PRI, y Michoacán es
el único donde mandatario y mayoría legislativa son priistas.
Acatará Cué resolución de la Corte
El gobierno de Gabino Cué reiteró hoy su disposición a acatar la
resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) respecto
de la controversia constitucional que presentó el presidente Enrique
Peña Nieto por omitir la armonización de la ley estatal de educación
con la reforma del sector y sus leyes secundarias aprobadas por el
Congreso de la Unión.
Mientras, la Sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la
Educación (SNTE-CNTE) manifestó su repudio a “la controversia
constitucional que plantea el gobierno espurio de Peña Nieto a Oaxaca,
Michoacán, Sonora y Chiapas, al tiempo que hizo un llamado al Poder
Judicial para que verdaderamente realice la revisión del tercero
constitucional”.
En un comunicado, el gobierno de Cué Monteagudo manifestó “su
respeto irrestricto al derecho y obligación del Poder Ejecutivo Federal
para cumplir y hacer cumplir el mandato de la Constitución General de
la República en materia educativa”.
Sin embargo, aclaró, que “con ese propósito y bajo la conducción de
la LXII Legislatura del Congreso local, desde el 10 de marzo se llevan
a cabo 37 foros de consulta en las ocho regiones del estado, con el
objetivo de incorporar las iniciativas y propuestas de la sociedad
civil en la nueva ley educativa de Oaxaca”.
Por consiguiente, Cué reiteró “su disposición de continuar
cumpliendo a cabalidad el mandato de la Ley General de Educación
Pública vigente y asimilar sus efectos en la legislación educativa
local, a la luz del proceso legislativo que actualmente se encuentra en
marcha y que prevé la aprobación de una renovada ley estatal de
educación debidamente armonizada, antes de que inicie el ciclo escolar
2014-2015”.
Y agregó que su gobierno “tiene absoluta certeza de que el proceso
de transformación educativa que abraza al país constituye una valiosa
oportunidad que se debe aprovechar, no sólo para armonizar la ley
estatal de educación con las leyes nacionales, sino capitalizar esta
trascendental coyuntura de nuestro tiempo, en aras de ofrecer a las
niñas, niños y jóvenes de nuestra entidad una educación a la altura de
los desafíos de Oaxaca y de la nación”.
En tanto, la Sección 22 hizo un llamado a los ministros para
preservar “el derecho social a la educación y su progresividad, a la
que el Estado está obligado, y no fijarse en la minucia que constituye
la falta de armonización cuando hay un proceso de construcción para una
verdadera reforma educativa en Oaxaca y en todo el país”.
Los docentes aclararon, en un comunicado, que el 25 de marzo
iniciaron un proceso de construcción, análisis y opinión a través de
foros sectoriales que se realizaran en toda la entidad para construir
la ley estatal de educación.
Los maestros explicaron que, “como parte de un ejercicio
democrático, estos foros sectoriales recaban la participación de
autoridades municipales, padres de familia, estudiantes, organizaciones
sociales, compañeras y compañeros maestros dedicados a la labor de la
enseñanza, teniendo como objetivo contar con todas las aportaciones e
intentos de una construcción de una nueva ley, no sólo en el estado
sino en el país”.
Sin embargo, denunciaron que la “reforma educativa” que el gobierno
federal impulsa se ha construido bajo una visión homogénea,
“estandarizada, sustentada bajo el espejismo de la competitividad y el
progreso, generando una visión individualista que destruye el entramado
social y violenta la dignidad humana, sin considerar la diversidad
cultural, económica, climática y orográfica del país”.
Además, cuestionaron que “organismos internacionales y nacionales
como Mexicanos Primero, junto con medios al servicio del Estado,
aplaudan la supuesta reforma educativa del gobierno federal porque
saben que les traerá beneficios económicos a sus empresas, por ello se
dedican a denostar al magisterio democrático de México, que lucha por
una verdadera reforma que combata el olvido en que por años el gobierno
ha tenido al sector educativo
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