4/16/2014

Los periodistas pal café . . .



Pemex (es decir, la administración peñista) ha decidido invertir en otro tipo de exploraciones: sumergir en aguas jurídicas profundas, con altos costos en cuestión de litigio y tiempo, a activistas y partícipes en protestas pacíficas, para así desgastarlos, intimidarlos, cansarlos y hacerlos desistir en función de lo oneroso y enredado de un prolongado proceso legal. La técnica es conocida como slapp ( a strategic lawsuit against public participation: un pleito jurídico estratégico contra la manifestación pública) y es utilizada por diversas corporaciones en varios países (http://bit.ly/1hMyUlc , en inglés).
El arranque de ese proyecto, que forma parte del más general que busca criminalizar la protesta social, tuvo como plataforma una acción pacífica de la sección mexicana de Greenpeace, seis de cuyos activistas ingresaron el pasado 1º de marzo, con permiso y previo registro, a la torre de Pemex Refinación en Veracruz. Dos de ellos descendieron a rapel desde la azotea del edificio, adonde aseguran que también llegaron con permiso, y desplegaron una manta de 128 metros cuadrados con una imagen que provocó marcado enojo en la administración federal, al tocar la figura de Enrique Peña Nieto, mostrándolo manchado de petróleo en una reproducción de la famosa portada de Time a la que, además, agregaron un signo de interrogación en el encabezado, también muy conocido, Saving Mexico? Greenpeace organizó esa protesta “para cuestionar que el gobierno federal pretenda ‘salvar a México’ utilizando más combustibles fósiles, los mismos que generan el cambio climático que nos afecta a todos” (http://bit.ly/1qe4H5u ).
Esa protesta pública y pacífica motivó que los seis activistas fueran detenidos durante 29 horas, primero por la autoridad naval y luego en separos de la Procuraduría General de la República. Ya ante un agente del Ministerio Público (MP), la acusación contra todos fue por allanamiento de morada y por daños contra Rosina González específicamente, joven poblana de 26 años, de los cuales seis ha dedicado a Greenpeace, el último de ellos como parte de la estructura organizadora. González es licenciada en cultura física y ha participado en protestas en la Estela de Luz y en el Senado. Las irregularidades del caso hicieron que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos aceptara la queja de los activistas el pasado 10.
La desproporción de las acusaciones y la aplicación de las técnicas del slapp quedan de manifiesto especialmente en el caso de Rosina. A ella se le había amenazado con una condena hasta de diez años de cárcel bajo el señalamiento de que una cámara de las llamadas GoPro, que se llevan en el casco de los equipos de rapel, habría caído sobre un reflector de esas oficinas de Pemex, al que habría dañado irreversiblemente. Greenpeace afirma que cuenta con fotos de ese mismo reflector funcionando perfectamente los días posteriores al supuesto daño, durante eventos públicos que se encuentran en la red.
El equipo jurídico de la ONG ambientalista afirma que esa averiguación previa lleva varias irregularidades, entre ellas, que no se ha presentado factura del supuesto reflector de 78 mil pesos, que no hubo un estudio de causalidad entre la caída de la cámara y el reflector roto, tampoco hay argumento jurídico que sustente la retención durante 29 horas de los activistas. Esa averiguación se formó a partir de declaraciones de un testigo, que a su vez contó a la Marina que vio una cámara GoPro en el suelo; la Marina a su vez contó al MP esa versión y de ahí basan su 'averiguación' para inculpar a Rosina. Sobre el allanamiento de morada, es un cargo que no puede proceder pues los activistas entraron con permiso y al tratarse de un edificio público de todos los mexicanos, como es Pemex, no puede configurarse el allanamiento de morada ante un edificio de dichas características.
El problema no es de dinero. La agrupación ecologista, con oficinas en 43 países, está dispuesta a pagar hasta el último centavo si se cumplen los requisitos legales para tipificar el delito y éste es demostrado en contra de Rosina (a última hora, el agente del MP consignó ante el juez una acusación por daño intencional, que tiene una penalidad menor a la inicialmente sugerida por Pemex). Pemex, por su parte, esgrime un argumento mayor: le es imprescindible defender el estado de derecho y castigar toda violación a la ley. Tolerancia cero en una institución histórica y demostradamente permeada por la corrupción y el incumplimiento de las leyes. Tolerancia cero en el caso exclusivo de una lámpara, en un país diariamente conmovido por los escandalosos casos de corrupción, injusticia, ilegalidad e impunidad.
Esa defensa extrema del imperio del derecho ha sido sostenida en dos reuniones en el Distrito Federal por Javier Romo, asesor jurídico de Emilio Lozoya, director general de Pemex; Javier Guerra Fernández, subdirector jurídico de control de proyectos y procesos, e Ignacio Durán Lomelí, gerente de comunicación social. Rosina ha sido el blanco de las intimidaciones, con los funcionarios dirigiéndose exclusivamente a ella y no al resto de los partícipes que son miembros de Greenpeace, y enfatizando que cometió un delito y podría pasar varios años en prisión (en defensa de Rosina hay una página, http://bit.ly/1p1O7Zt ).
Durante 20 años de actividades en México, Greenpeace nunca se había enfrentado a una situación parecida. Su lectura es que “lo que Pemex está haciendo es implementar una estrategia de slapp, una vía legal con el objetivo de intimidar y censurar las críticas bajo la amenaza de los grandes costos que implicaría una defensa, mientras la parte acusadora llega a desistirse del caso, para obligar a frenar las críticas u oposición a algo, generalmente una táctica implementada por las grandes corporaciones. La corporación gana cuando, debido al miedo y altos costos, el crítico u opositor renuncia a luchar por una causa”. ¡Hasta mañana, con el Foro Pemex 2014 programado del 22 al 24 de este mes en Expo Banamex!
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Por salud cartesiana, es conveniente enterarse de puntos de vista dialécticamente antitéticos a lo expuesto por Bajo la Lupa, como el reciente abordaje muy polémico de LEAP2020 (Laboratoire Européen d’Anticipation Politique), prominente centro de pensamiento geoeconómico, con sede en París, que se ha caracterizado por ser muy crítico de la unipolaridad de Estados Unidos (EU) y de favorecer el renacimiento del poder europeo en alianza con los BRICS (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica). El entusiasmo de LEAP2020 llega a tal grado que ha establecido una red de la relación Euro-BRICS.Marie-Helene Caillol, presidenta de LEAP2020 (4/4/14), adopta un punto de vista muy pesimista sobre el devenir de la Unión Europea (UE) y la multipolaridad. Para ella, la crisis de Ucrania es intencionada: la fuerza a escoger entre la UE y Rusia.



Para que todo quede en el olvido –cuando menos en lo legal– y se borre cualquier rastro del delito denunciado, lo mejor es crear una comisión especial en el Congreso mexicano para que investigue a fondo tal o cual caso. A la fecha hay de dulce, de chile y de manteca, y la constante es que ninguna de las muchas existentes arroja resultados y el presunto delito se queda en el aire, porque en esta República de la impunidad todo se arregla en lo oscurito.
Entre las que vienen a la memoria se cuentan la Comisión Especial para el caso de la Guardería ABC, creada por la Junta de Coordinación Política en septiembre de 2009; cuatro años y medio después de tal decisión, los responsables de la tragedia en Hermosillo se mantienen impunes. También en esa fecha nació la comisión especial para investigar a los beneficiarios de los regímenes tributarios especiales, y en los hechos las empresas y empresarios que le han sacado todo el jugo al citado régimen lo siguen gozando sin nada ni nadie que los altere.
No puede quedar fuera del recuento la Comisión Especial para Conocer las Responsabilidades y Origen de la Tragedia de la Mina Pasta de Conchos, creada en diciembre de 2006, diez meses después de la (a todas luces) evitable explosión en aquella mina coahuilense, en la que perdieron la vida 65 trabajadores; los cuerpos de 63 de ellos no fueron rescatados y la mina fue cerrada para borrar cualquier rastro. A estas alturas, Germán Larrea y su Grupo México se mantienen impunes, y los restos de los 63 mineros permanecen en el mismo lugar, con todo y que en enero de 2007 el entonces inquilino de Los Pinos, Felipe Calderón, prometió darles cristiana sepultura, y su secretario del Trabajo, Javier Lozano (hoy despachando en el Senado) ofreció a los deudos castigar a los culpables.
Por esas fechas la Junta de Coordinación Política también creó las siguientes comisiones especiales: para la reforma del Estado; del café; para cuenca de Burgos; para el campo; para investigar agresiones a periodistas y medios de comunicación; de apoyo y promoción de la citricultura; para la defensa y los derechos sociales del agua; de braceros; de promoción digital de los mexicanos; de la no discriminación; encargada de impulsar y dar seguimiento a los programas y proyectos del sur-sureste de México, y de prospectiva para la definición del futuro de México. Echen cuentas y midan resultados.
Una más es la Comisión especial para dar solución a la problemática de los trabajadores mineros en Cananea y de toda la República Mexicana, creada con el fin de conocer los asuntos laborales, salubres y de seguridad social de todos los mineros en el país y concretamente en la histórica mina sonorense. En este capítulo nuevamente aparece involucrado, e impune, Germán Larrea y su Grupo México, para lo cual contó con el decidido servicio policial de Felipe Calderón y Javier Lozano. Nada se sabe de las investigaciones legislativas en torno a este caso, pero todavía tiene tiempo, pues sus trabajos, oficialmente, se mantendrán vigentes hasta agosto de 2015, de acuerdo con el propio documento que avala su creación. ¿Alguien conoce un solo resultado de aunque sea una sola de esas comisiones?
Desde luego que las citadas no son las únicas. De acuerdo con su propia información, la Cámara de Diputados cuenta con 56 comisiones ordinarias (que van desde la dedicada a agricultura y sistemas de riego, hasta la que atiende los temas de vivienda); 32 comisiones especiales (desde agenda digital y tecnologías de la información hasta tecnologías de la información y comunicación, que no es lo mismo pero es igual) y dos comisiones de investigación (Contratos celebrados por Petróleos Mexicanos, sus empresas subsidiarias y filiales de 2006 a la fecha, y revisión del funcionamiento de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, en términos de lo dispuesto en el artículo 93 de la CPEUM).



En Historias de caballos y hombres, su debut como realizador, el actor islandés Benedikt Erlingsson (protagonista en El jefe de todo esto, de Lars von Trier), ofrece un relato coral sorprendente.Varias anécdotas conectadas entre sí, con el ojo de un caballo como elemento de transición narrativa, describen la vida cotidiana de una comunidad rural islandesa. Lo que pudiera ser una crónica costumbrista, maliciosamente se transforma en una comedia negra con tintes líricos y una carga muy aguda de observación social. La premisa es sencilla: mostrar las equivalencias y contrastes entre la conducta humana y el instinto animal, tomando como objeto de estudio a los propietarios de caballos y a los propios cuadrúpedos que en todo tiempo parecen observarlos.


 

El gobierno federal anunció ayer la interposición de cuatro controversias constitucionales ante la Suprema Corte de Justica de la Nación (SCJN) en contra de los estados de Oaxaca, Michoacán, Chiapas y Sonora, por supuestas faltas en la armonización de sus legislaciones locales respecto de la reforma educativa, cuya ley secundaria fue aprobada el año pasado. En el caso de las tres últimas entidades, de acuerdo con los voceros de la administración encabezada por Enrique Peña Nieto, las legislaciones estatales invadieron atribuciones exclusivas de la Federación o violaron contenidos de la reforma educativa. Por lo que corresponde a Oaxaca, el Ejecutivo señaló que hay una omisión total, pues esa entidad no hizo adecuación alguna para alinear sus leyes educativas con la referida reforma.

Acerca de la nota de la empresa Evya
Me refiero a la nota publicada ayer, titulada La empresa Evya, vinculada con Calderón, protagonista del nuevo desfalco a Banamex, que a la letra dice:

El debate educativo se ha centrado principalmente en un objetivo abstracto: la calidad educativa. Este objetivo cualitativo (que es fundamental, y con el cual sería difícil no estar de acuerdo) se relaciona a su vez con una meta mucho más inmediata: la preparación de los jóvenes para un mejor desempeño en el mercado laboral. Y esta meta se orienta, a su vez, a otra meta de mediano plazo, que a veces parecería justificarlo todo: la búsqueda de crecimiento económico.

Primas hermanas, las artes de la guerra y la política no son bellas. Y la realidad social tampoco. Por esto los luchadores que buscan cambiarla saben distinguir y relacionar las partes con el todo. De lo contrario, carecerían de brújula, y sólo les restaría el consuelo de la fuerza moral… sin estrategia.

El Papa Francisco ha pedido perdón por los múltiples actos de pederastia perpetrados por sacerdotes católicos romanos en diversas partes del mundo. Al mismo tiempo se alista para proclamar santo en unos días, el 27 de abril, a Juan Pablo II. Ambos actos son contradictorios y muestran la incongruencia institucional que maniata al Papa en turno.

Los modelos productivos y de gobierno de México y Venezuela divergen en sus posturas y lineamientos ideológicos. No sólo eso, sino que sus aliados externos son, también, diversos. Pero la mayor distancia entre ellos la forman sus resultados en el bienestar de sus mayorías. El venezolano es asediado por la derecha interna y, con virulencia desmedida, por la internacional. El mexicano, en cambio, ha recibido, aunque con menor volumen e intensidad según los tiempos y los actores principales, el beneplácito casi unánime de esas mismas conformaciones políticas. Destacan en todo este enredo de estiras y aflojes de presiones los de naturaleza económica, así como los geoestratégicos, empujados por las hegemonías mundiales. En ambos casos, ya sean los apoyos para uno como las férreas oposiciones para el otro, se convierte al gobierno estadunidense en jugador estelar.

En estas semanas el Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC) ha estado dando a conocer su quinto informe de evaluación. Se trata de los estudios más completos sobre el tema y están disponibles en el portal del IPCC. Pero este acontecimiento se produce en el contexto de un debate interesante sobre la relación entre gases invernadero y cambio climático.

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