Por: Teresa Ulloa Ziáurriz**
Que Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre sea expulsado del Partido Revolucionario Institucional (PRI) del cual fue presidente en el Distrito Federal (DF) es la acción mínima que una sociedad sedienta de justicia espera, sobre todo cuando hay antecedentes desde el 2003. De hecho, el PRI se ha visto lento al tomar la decisión, incluso en denunciarlo ellos mismos por el quebranto a su patrimonio, ya que inclusive puede llevarlos a la pérdida de su registro en el DF.
La sociedad no se ha olvidado del escándalo de pederastia que destapó la periodista Lydia Cacho, entre ellos el ex gobernador priísta de Puebla, Mario Marín Torres, quien no recibió ningún castigo, a pesar de las grabaciones de las conversaciones sostenidas entre el “góber precioso” y el empresario poblano, Kamel Nacif, ambos parte de la red de pederastia ligados a Jean Succar Kuri, quien en días recientes recibió la ratificación de una sentencia de 112 años y seis meses de prisión por los delitos de corrupción de menores y pornografía infantil agravada.
Ahora bien, lamentablemente la Procuraduría General de Justicia del DF (PGJDF) empezó a actuar debido a la denuncia presentada por el Partido de la Revolución Democrática (PRD). Y digo que lamentablemente, porque la investigación se debió de haber iniciado de oficio porque es un delito grave. Además, existen los elementos suficientes para acreditar el delito, como las grabaciones de la reportera infiltrada y los testimonios recabados de las víctimas, también difundidos en el noticiero conducido por Carmen Aristegui en NoticiasMVS.
De hecho, esto resulta sumamente preocupante, ya que el nuevo Código Procesal Nacional le da la facultad al Ministerio Público de llevar a cabo todas las actuaciones necesarias para llegar a la verdad de los hechos, con víctimas o sin ellas.
Aquellas viejas prácticas de girar 32 oficios, esperar las respuestas y revictimizar a las víctimas, se acabaron. Todas las actuaciones en las investigaciones del delito de trata y todas las formas de explotación, esclavitud y servidumbre deben realizarse bajo el principio pro-persona, con la debida diligencia y la garantía de la no repetición, además que el consentimiento otorgado por la víctima no es causa excluyente de la responsabilidad penal.
Pero aún más, yo insisto en que es la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) de la Procuraduría General de la República (PGR), la competente para llevar a cabo las investigaciones, en tanto la Ley Federal de Delincuencia Organizada estipula que si tres o más personas se asocian de manera permanente para delinquir, estamos frente a un caso de delincuencia organizada, de competencia exclusiva de SEIDO-PGR. Ya casi todo el trabajo se los hizo el equipo de reporteros de NoticiasMVS y Sanjuana Martínez.
De verdad que no entiendo el por qué las Procuradurías Estatales y los Poderes Judiciales no respetan lo establecido en el Artículo 20, Apartado “C”, en lo que se refiere a proteger la identidad de las víctimas, usando como pretexto que hay conflicto de derechos: el de los presuntos al debido proceso y el de las víctimas de que se les garantice la protección de su identidad y, por consiguiente, su derecho a la vida, a la integridad y a la seguridad.
La situación de prostitución y trata de personas en el DF es un problema de fondo, en donde existe sí, una sociedad permisiva, pero también una red de complicidades entre el poder político y el económico que quedó al descubierto con éste y otros escándalos. Lo cierto es que la trata de mujeres y todas las formas de esclavitud, explotación y servidumbre requieren de intervenciones integrales, esto es: prevención, protección y asistencia a las víctimas y persecución y sanción.
Los operativos realizados en los men’s club son actividades que se han utilizado como publicidad de ciertas funcionarias, junto con otras personas que dicen ser “activistas” y lo único que hacen es exponer a las víctimas ante los medios de comunicación. Digamos que ha sido el juego perfecto. Hago operativos, “te paso” a las víctimas y salimos en los medios, sin ofrecer alternativas reales a las “mujeres rescatadas”.
Hablando de víctimas, es cierto que tenemos contacto con varias de ellas de esta presunta red de trata de mujeres y prostitución operada supuestamente por Gutiérrez de la Torre. Muchos medios me piden tener acceso a ellas para dar a conocer la triste experiencia que vivieron al ingenuamente solicitar empleo. Sin embargo, lamentablemente, en el país existe un clima de complicidad y simulación que genera un entorno hostil para ellas y para el equipo de la Coalición contra el Tráfico de Mujeres y Niñas en América Latina y el Caribe (CATWLAC), ante lo que se puede desatar.
Si no tienen nada que esconder y son mentira los testimonios de las víctimas y si se trata de una revancha política, ¿por qué Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre no se ha presentado a ofrecer pruebas en su defensa o a ratificar la denuncia que hizo?, ¿por qué buscó el amparo de la justicia federal una de las enganchadoras, Claudia Priscila Martínez González, mismo que ya le fue negado? Está claro para todas y todos los ciudadanos que en la grabación se les informa que iban a ser contratadas como secretarias, recepcionistas o auxiliares administrativas, incluso después de revisar la nómina del PRI-DF, se pudo constatar que esta mujer cobraba varios sueldos, por lo que sostenemos que hay por lo menos: la persona que contrataba los anuncios, la enganchadora Claudia Priscila, Sandra que era la asistente de Cuauhtémoc Gutiérrez, el representante del PRI en el IFE-DF, el mismo Cuauhtémoc Gutiérrez, la persona que hacía la nómina, y otras personas integrantes de su Movimiento Territorial, sin mencionar las últimas denuncias que han circulado sobre lo que pasaba en el “Feudo” del llamado “Rey de la Basura” y en su “Palacio Negro”, todavía sujeto a investigación.
**Mtra. Teresa Ulloa Ziáurriz, Directora de la Coalición contra el Tráfico de Mujeres y Niñas en América Latina y el Caribe, (CATWLAC por sus siglas en inglés).
@CATWLACDIR
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