Reportaje Especial
Tan
ríspidas están las cosas en el Senado que los legisladores se
sacudieron cuando la Organización para la Cooperación y el Desarrollo
Económicos (OCDE) les envió un breve documento con sus recomendaciones
sobre la ley de telecomunicaciones. Agudo, certero, el texto de cinco
páginas centra sus críticas en el artículo 131 –que alude a la tarifa
cero en materia de interconexión–; incluso pide suprimirlo. En ello
coinciden el especialista Jorge Fernando Negrete y la excomisionada de
Cofetel Clara Luz Álvarez, quien asegura que la parte más incómoda del
escrito de la OCDE fue su recomendación de incrementar de 10 a 15% las
multas tanto en telecomunicaciones como en radiodifusión.
MÉXICO,
D.F. (Proceso).- A petición del senador panista Javier Corral,
integrante de la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía, la
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE)
envió el viernes 4 sus comentarios al Senado sobre la iniciativa de ley
del Ejecutivo federal en materia de telecomunicaciones, lo que generó
una molestia mayúscula en el gobierno, especialmente en la Secretaría
de Comunicaciones y Transportes (SCT).
En cinco cuartillas, el
documento enviado por Eugenia Garduño, directora de la OCDE para México
y América Latina, propone la eliminación o modificación de varios
artículos: el 131, relativo a las interconexiones asimétricas; el 67 y
170, respecto de la figura de la concesión única; el 198, en materia de
asignaciones de funciones a la Procuraduría Federal del Consumidor
(Profeco), en lugar del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT),
y el 201 y el 210, para defender las facultades del IFT; además
recomienda incrementar las multas de 10 a 15% tanto en
telecomunicaciones como en radiodifusión.
Más contundente que los
propios comisionados del IFT, la OCDE defiende la autonomía del
organismo regulador y sentencia que “existen serias deficiencias en el
texto actual que deben resolverse”, al tiempo que la iniciativa del
Ejecutivo federal “introduce una rigidez innecesaria en un sector que
se transforma a un ritmo acelerado y, al mismo tiempo, se genera el
riesgo de que la regulación se vuelva obsoleta rápidamente”.
Las
críticas y sugerencias de la OCDE se sumaron a una serie de documentos
que llegaron a las comisiones dictaminadoras del Senado y califican la
iniciativa de Peña Nieto como violatoria de derechos de libertad de
expresión, persecutoria y censora en internet, elaborados por la
Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal y la Sociedad de
Internet capítulo México (Isoc, por su acrónimo en inglés).
La
explicación técnica y las críticas de la OCDE provocaron molestia e
incomodidad no sólo porque éste es el organismo cuyo informe de enero
de 2012 inspiró la reforma constitucional de abril de 2013, sino porque
el gobierno federal y los defensores de la iniciativa presidencial no
habían considerado que una opinión tan dura provocara lo que no
querían: llamar la atención sobre las deficiencias e impedir una
aprobación fast track.
El especialista Jorge Fernando Negrete,
director de Mediatelecom, explica a Proceso que uno de los puntos
fundamentales del documento de la OCDE es su crítica al artículo 131,
que ordena una “tarifa cero” en materia de interconexión, la gran
batalla entre Telmex-América Móvil y sus competidores.
“Este
artículo 131 le quita su naturaleza al Instituto Federal de
Telecomunicaciones. Le secuestra la posibilidad de regular las tarifas
entre empresas telefónicas y le quita su naturaleza al propio IFT”,
sentencia Negrete.
Las tarifas de interconexión constituyen “el
alma del sistema de capitalización del sistema de telecomunicaciones” y
un artículo de este tipo “llevará a la descapitalización del sector
porque nadie va a reinvertir ni tampoco existirá cobertura donde no es
negocio la telefonía, como las zonas rurales”, afirma el entrevistado.
Y
abunda: La “tarifa cero” que ordena la ley implicaría una pérdida de
ingresos de 11 mil millones de pesos para América Móvil, pero también
“un fracaso regulatorio”.
En torno a este artículo, la OCDE
asienta: “La iniciativa es demasiado detallada en cuanto a la
regulación de interconexión. Por ejemplo, el texto no debería
establecer ‘facturación y retención’ (‘compensación recíproca del
tráfico’) o ‘tarifas de interconexión asimétricas’, como señala el
artículo 131. Estas son decisiones que el IFT debería tomar, con base
en los resultados de un análisis cuidadoso. Si se mantiene tal nivel de
detalle, podría minar gravemente la capacidad del IFT para regular el
sector, así como para adaptarse a un entorno que cambia con rapidez.
Por tanto, recomendamos eliminar el citado artículo 131”.
A su
vez, la especialista Clara Luz Álvarez considera que la parte más
incómoda del documento de la OCDE es su recomendación de incrementar de
10 a 15% las multas tanto en telecomunicaciones como en radiodifusión,
justo cuando los concesionarios de televisión, especialmente la CIRT,
Televisa, TV Azteca y otras compañías radiofónicas habían pedido lo
contrario en los foros organizados por el Senado.
La OCDE
sostiene en su documento: “Las penalidades máximas son relativamente
bajas (5% de los ingresos anuales para las empresas de
telecomunicaciones, según se estipula en el artículo 296-E, y 2.5% para
la radiodifusión, de acuerdo con el artículo 306-C). Recomendamos
aumentar las multas a 10 o 15% y que sean armonizadas para las empresas
tanto de telecomunicaciones como de radiodifusión, en concordancia con
el espíritu ‘convergente’ de la ley”.
La tibieza del IFT
En
la defensa de las funciones del IFT, el documento de la OCDE fue mucho
más claro que el propio organismo regulador. En su documento de 10
cuartillas, los siete comisionados del instituto evitaron pronunciarse
sobre la presunta invasión de sus facultades por parte de la SCT, de la
Secretaría de Gobernación o de la Profeco.
Más bien, sugirieron a
los legisladores que los doten de “flexibilidad” para regular las
concesiones de uso social, y “adecuar eficazmente el marco regulatorio
a la realidad cambiante del mercado”.
En materia de regulación de
contenidos y de publicidad, los comisionados sostienen: “En nuestra
opinión las facultades del instituto de vigilancia, supervisión y
sanción en estas materias, que podrían considerar facultades para
ordenar la suspensión de transmisiones contrarias a la normatividad, no
excluyen la competencia de otras autoridades conforme a las leyes
vigentes”.
Ni siquiera se pronunciaron en contra de la prórroga
hasta diciembre de 2017 del llamado “apagón analógico”. Sólo sugieren
“prever mecanismos orientados a mantener la continuidad del servicio de
televisión abierta para la población de zonas semiurbanas y rurales,
así como en comunidades indígenas”.
–¿No cree usted que la OCDE
dijo muchas cosas que el IFT debió decir en su opinión sobre la ley de
Peña Nieto? –se le cuestiona a Clara Luz Álvarez, quien fue comisionada
de la Cofetel.
–La opinión del IFT fue demasiado moderada. Debió
haber sido mucho más contundente. Me hubiera gustado ver al IFT
defendiendo su autonomía constitucional. Los del IFT reaccionaron como
si fueran la Cofetel, que era un organismo desconcentrado y no
autónomo. Por supuesto, la OCDE hizo mejor su trabajo para cuidar las
funciones del IFT que ellos mismos.
Presiones contra la OCDE
Apenas
se ventilaron en la prensa las opiniones críticas de la OCDE, desde la
SCT hubo fuertes presiones para que el organismo “tutor” de la reforma
en telecomunicaciones matizara o modificara su postura.
Cinco
días después, el miércoles 9, la OCDE emitió un comunicado de prensa
para aclarar que la opinión del viernes 4 era tan sólo “un documento de
trabajo, con una circulación restringida”. Sin embargo, no se desdijo
de las sugerencias.
También afirmó que, en aras de que la opinión
pública tenga “un punto de vista integral”, daba a conocer todos
aquellos elementos “que no fueron mencionados en nuestra nota original,
pero que son fundamentales para poner en su correcta dimensión la
trascendencia de las telecomunicaciones en México”.
Para el
organismo dirigido por José Ángel Gurría, excanciller y exsecretario de
Hacienda, la iniciativa tiene avances importantes en la estructura del
IFT, en “la incorporación de un nuevo capítulo sobre los recursos de
numeración, denominación y direccionamiento”, la “inclusión de ofertas
mayoristas de referencia”, la “red compartida mayorista”, así como la
determinación de “agentes económicos preponderantes”.
El jueves
10, el senador Javier Lozano, presidente de la Comisión de
Comunicaciones y Transportes, afirmó que la OCDE “aclaró” su posición.
“Lo que había habido, pues, era la opinión al parecer de un asesor,
pero no necesariamente de la organización como tal”, minimizó.
La postura de la CDHDF
De
todos los documentos ventilados tras los foros en el Senado, el más
claro y contundente fue el de la Comisión de Derechos Humanos del
Distrito Federal (CDHDF), que considera que la iniciativa de Peña Nieto
“vulnera la libertad de expresión y el derecho de acceso a la
información, establece controles ilegítimos a medios de comunicación
públicos y sociales, introduce mecanismos de censura previa, retira
facultades especiales del IFT, carece de perspectiva de género, amenaza
la privacidad de las personas y controla el internet, afectando los
derechos que se ejercen de manera digital en este espacio”.
La
CDHDF advierte que la iniciativa “contiene artículos preocupantes, como
el 197, fracción VII, que permite bloquear, inhibir o anular servicios
de telecomunicaciones en eventos y lugares críticos para la seguridad
pública y nacional, cuestión que podría violentar los derechos a
personas que transitan en el Distrito Federal”.
La comisión
recuerda que este artículo, contenido en el capítulo más polémico de la
ley denominado “Colaboración con la Justicia”, tiene disposiciones
prohibidas por la Declaración conjunta sobre la libertad de expresión e
internet, de los relatores de libertad de expresión de la ONU y la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
La opinión de
la CDHDF ha contrastado con el silencio de la Comisión Nacional de los
Derechos Humanos (CNDH), que no ha emitido ninguna posición con
respecto a las constantes críticas a las violaciones contenidas en la
iniciativa del Ejecutivo federal.
“Uno hubiera esperado de la
CNDH un pronunciamiento de este tipo porque lo más grave de la
iniciativa es la violación a las libertades”, comenta Clara Luz Álvarez
a Proceso.
La posición de la CDHDF coincide con la adoptada por
la Red de Defensa de los Derechos Digitales, que organizó la primera
marcha contra la iniciativa el pasado jueves 10, y con la de la Isoc
capítulo México.
La Isoc envió un documento al Senado en el que
considera como “ambigua” e “incierta” la definición que la misma
iniciativa del Ejecutivo federal le da al servicio de internet, y
critica todas las disposiciones relacionadas con la vigilancia a la red.
“La
vigilancia de las comunicaciones debería ser considerada como un acto
altamente intrusivo que interfiere los derechos a la privacidad y la
libertad de opinión y de expresión, amenazando los cimientos de una
sociedad democrática”, afirmó la Isoc, citando el documento Principios
internacionales sobre aplicación de los derechos humanos a la
vigilancia de las comunicaciones.
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