Lesiones permanentes en sobrevivientes
María, Alejandro, Martha, Juan Carlos, Manuela y Alonso son nombres de
mujeres, hombres, niños y niñas escogidos al azar de entre los 45 que
aparecen en la lista de las personas que fueron asesinadas el 22 de
diciembre de 1997 en la comunidad de Acteal, del municipio de Chenalhó,
en el estado de Chiapas, al sureste de México.
Ya han pasado 19 años de la matanza de Acteal -zona de influencia
zapatista- perpetrada por un grupo paramilitar contra los miembros de la
Sociedad Civil Las Abejas cuando éstos hacían una jornada de ayuno y
oración por la paz en Chiapas.
Desde entonces, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las
Casas (Frayba), en conjunto con integrantes de la comunidad, emprendió
un camino de búsqueda de la verdad y reparación del daño para las
víctimas y sobrevivientes de la matanza. En estos años ha tocado
diversas puertas de instancias para encontrar justicia, pero la
impunidad persiste.
El 2 de marzo del 2005, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
(CIDH), recibió la petición de admisibilidad del caso Manuel Santiz
Culebra y otros (Masacre de Acteal) México; y en noviembre de 2010 lo
admitió.
En octubre de 2015, un mes antes de su admisibilidad, se realizó la
audiencia pública durante el 156 periodo de sesiones de la CIDH, donde
estuvieron representantes del Estado mexicano, del Centro de Derechos
Humanos (DH) Fray Bartolomé de las Casas e integrantes de la comunidad
de Acteal.
En la audiencia, el director del Fray Bartolomé (Frayba) Pedro Faro
Navarro, narró ante los comisionados que en 1995, el presidente Ernesto
Zedillo recién arribado al poder (en 1994) inició una nueva etapa en el
conflicto armado interno en Chiapas.
El defensor de DH llamó a esta etapa de contrainsurgencia, que consistió
en socavar el apoyo de la población civil a la guerrilla, en las zonas
Altos y Norte con acciones policiacas y paramilitares, bajo el mando del
Ejército mexicano y su Fuerza de Tarea Arcoíris comandada por el
General Mario Renán Castillo.
A decir del defensor, la estrategia fue develada en un documento
conocido como “Plan de Campaña Chiapas 94” y por información de la
Agencia de Inteligencia de la Defensa (DIA) sobre archivos
desclasificados obtenidos por Caty Doyle.
Según esta información existió apoyo directo del Ejército mexicano a
grupos armados en Chiapas y describe una red clandestina de “equipos
humanos de inteligencia” creados a mediados de 1994 con la aprobación
del entonces presidente, Carlos Salinas, que trabajaban dentro de las
comunidades indígenas para recabar información de inteligencia de los
“simpatizantes” zapatistas.
Y narró también que los “equipos humanos de inteligencia” daban
“entrenamiento y protección de las agencias del cumplimiento de la ley y
unidades militares que patrullaban la región”.
El plan de campaña Chiapas 94, agregó el defensor de DH, privilegió la
acción paramilitar, cometiendo ataques sistemáticos en contra de la
población, considerada por el Ejército mexicano como la “secretaría de
masas” de la guerrilla.
Ante los comisionados narró que “los grupos paramilitares eran
constituidos en su mayoría por campesinos indígenas que pertenecían al
Partido Revolucionario Institucional (PRI), quienes cometían
ejecuciones, desapariciones, amenazas, robos, quemas de casas,
desplazamientos forzados, se reunían previamente para planear los actos a
ejecutar, seleccionando a sus víctimas; contaban con el apoyo de
diversas autoridades desde los ámbitos municipales, estatales y
federales, utilizaban armas de fuego de uso exclusivo del Ejército y
uniformes del tipo de la Policía de Seguridad Pública.
Recordó cómo en Chenalhó, se suscitaron diversos avisos para alertar de
la situación de riesgo a la vida e integridad personal que estaba
sufriendo la población civil.
El 4 de diciembre de 1997-18 días previos a la matanza- la Misión Civil
Nacional e Internacional de Observación para la Paz en Chiapas anticipó
que si el gobierno no detenía la violencia y la militarización en la
entidad habría una masacre derivada de una guerra civil.
Faro Navarro dijo que desde agosto de 1996, la violencia se incrementó
como respuesta a la creación del Municipio Autónomo Rebelde Zapatista de
San Pedro Polhó. Desde entonces las amenazas, robos, homicidios,
desapariciones, despojos, secuestros, entre otros, se habían convertido
en eventos cotidianos en la región, que provocaban el desplazamiento
forzado de miles de familias que
huían de dichas agresiones.
En la misma audiencia, el representante de los sobrevivientes de la
masacre de Acteal- quien perdió a su padre en la matanza- Juan Vázquez
Luna, relató que el 22 de diciembre a las 11 horas, en el campamento de
desplazados “Los Naranjos” ubicado en la comunidad de Acteal, fueron
ejecutadas 45 personas “más 4 que aún no nacían”.
Afirmó que el crimen fue cometido por el grupo paramilitar priísta
creado, entrenado y financiado por el gobierno mexicano y que actuaba
impunemente en el municipio.
Frente a los comisionados, narró cómo los hechos se prolongaron hasta
las 5 de la tarde sin que la policía que se encontraba a escasos 200
metros actuara para impedir la masacre.
“El resultado de este ataque fue la ejecución de: 18 mujeres adultas,
cuatro de ellas con embarazos de entre 5 y 8 meses de gestación,
7 hombres adultos, 16 mujeres adolescentes o niñas de entre los 17 años y
8 meses de edad, 4 niños entre los 15 y 2 años de edad”, recordó.
Entre los heridos, dijo, se contaron 26, en su mayoría menores de edad.
Aseveró que los sobrevivientes viven con lesiones permanentes como
dolores, cicatrices y algunos más presentan afectaciones en algunos de
sus órganos.
El también dirigente de Las Abejas, explicó que los 45 cuerpos fueron
llevados a Tuxtla Gutiérrez, a una distancia de más de 4 horas de
camino. “Nunca se tomó el consentimiento de sus familiares para ese
traslado; todos ellos fueron amontonados en un convoy de redilas, de la
misma policía, sin tomar ninguna medida, sin compasión. Allá en Tuxtla
les quitaron sus órganos, nos los entregaron todos vacíos y algunos con
un alto grado de descomposición. Eso fue muy duro para nosotros porque
esa no es nuestra costumbre tsotsil, esa no es la forma de vivir el
duelo”, agregó.
Para los defensores de Derechos Humanos del Frayba, y para la propia
comunidad de Acteal, la masacre respondió a la política sistemática del
Estado mexicano diseñada con el objetivo de eliminar y aniquilar al
Ejército Zapatista de Liberación Nacional y sus bases de apoyo, así como
a las organizaciones sociales y comunitarias que trabajan por la paz en
Chiapas; tal es el caso de la Organización de la Sociedad Civil Las
Abejas, tal cual lo manifestaron en la audiencia de la CIDH.
Especial Por: la Redacción* Cimacnoticias | Ciudad de México.-
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