(apro).- Ante la existencia de más de 4 mil 700 veriguaciones previas a nivel federal por tortura frente a un reducido número “desproporcionadamente bajo” de sentencias condenatorias, expertos de la ONU exhortaron al gobierno de Enrique Peña Nieto combatir la impunidad en torno a la tortura y legislar al respecto conforme a los estándares internacionales.
En un comunicado, el
Subcomité para la Prevención de la Tortura (SPT) de Naciones Unidas
urgió al Estado mexicano a “la pronta adopción de la Ley General en
materia de Tortura”, hasta ahora en suspenso, y llamó a “focalizarse más
en la lucha contra la impunidad”.
Al recordar que el abatimiento
de la impunidad “es una de las medidas preventivas más eficaces que
pueden adoptarse contra la tortura y malos tratos”, Felipe
Villavicencio, quien encabeza el grupo, advirtió que “las diversas
definiciones del delito de tortura continúan generando lagunas reales o
potenciales para la impunidad”.
En el documento se destacó que los
expertos realizaron una vista de trabajo al país del 12 al 21 de
diciembre, luego de que la anterior se realizara hace ocho años, en
tanto que en esta ocasión presentaron sus observaciones preliminares de
forma confidencial ante autoridades mexicanas con quienes se “mantuvo un
diálogo cooperativo y fructífero”, así como con los integrantes del
Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura.
De acuerdo a las
cifras oficiales proporcionadas al SPT, “a nivel federal actualmente
existen más de 4 mil 700 investigaciones abiertas por hechos relativos a
tortura”, pero “el número de sentencias a perpetradores es
desproporcionadamente bajo”.
El grupo de expertos de la ONU,
integrado también por Enrique Font, Emilio Ginés Santidrián y Nora
Sveaass, visitó 32 centros de detención (reclusorios, estaciones
migratorias, centros psiquiátricos y prisiones militares, entre otros),
en Baja California, Ciudad de México, Coahuila, Guerrero, Morelos,
Nuevo León y Veracruz, donde “mantuvo un importante número de
entrevistas individuales y colectivas confidenciales con personas
privadas de su libertad”.
En el comunicado fechado en Ginebra, se
resalta que la delegación del SPT se reunió también con autoridades,
miembros de la sociedad civil y de la Comisión Nacional de Derechos
Humanos, lo que le permitió “identificar sólidos hallazgos sobre el
fenómeno de la tortura y los malos tratos al momento de la detención,
traslado y permanencia en los lugares donde las personas están privadas
de su libertad, los que fueron compartidos de manera confidencial con
autoridades mexicanas”.
Sin definirse la fecha, se señala que el
SPT presentará sus observaciones y recomendaciones finales para la
prevención de la tortura y los malos tratos de las personas privadas de
su libertad en “un informe confidencial”.
“Como a todos los otros
Estados partes del Protocolo Facultativo, el SPT alienta a México a
hacer público el informe, como ya lo hizo luego de su visita en 2008”,
señala el comunicado.
Villavicencio celebró “la cooperación
brindada por las autoridades”, que dieron “acceso irrestricto e
inmediato” a los sitios que el equipo del SPT quiso visitar “de manera
no anunciada”.
Para el jefe de la delegación, con ello “el
compromiso de México con la prevención de la tortura fue demostrado”,
tras recordar que México “fue uno de los pioneros de la adopción del
Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura”.
Al
término de la visita, el jefe de la delegación hizo votos porque ésta
“contribuya a los avances en la lucha contra la tortura y los malos
tratos en México y lleve a un mayor respeto de los derechos de las
personas privadas de su libertad”.
En tanto, en un comunicado
conjunto de las secretarías de Gobernación, Relaciones Exteriores y la
Procuraduría General de la República, se informó sobre la reunión en la
que los expertos entregaron su informe preliminar.
En el encuentro
estuvieron el subsecretario de Asuntos Multilaterales y Derechos
Humanos, Miguel Ruiz Cabañas; el subsecretario de Derechos Humanos de la
Segob, Roberto Campa Cifrián; y los subprocuradores de Derechos Humanos
y de Investigación de Delitos Federales de la PGR, Sara Irene Herrerías
y Felipe de Jesús Muñoz. Se menciona, sin mayor detalle, la presencia
de representantes del Consejo de la Judicatura y del Senado de la
República.
De acuerdo a la versión oficial, el subsecretario Ruiz
Cabañas consideró que las observaciones del mecanismo internacional de
derechos humanos “serán de relevancia para el fortalecimiento de las
acciones de las autoridades en los tres niveles y órdenes de gobierno,
para la prevención efectiva de la práctica aberrante de la tortura y los
malos tratos o penas crueles, inhumanos y degradantes, y avanzar así en
su erradicación”.
Campa Cifrián se refirió al proyecto de Ley
General sobre Tortura y se pronunció por un “proceso de diálogo con el
Congreso de la Unión, que permita asegurar que la eventual legislación
se apegue a los más estrictos estándares internacionales y pueda ser
aprobada lo más pronto posible”.
En tanto, el subprocurador Muñoz
Vázquez se comprometió a erradicar la tortura “y destacó la prioridad
que representa para la institución el fortalecimiento de las capacidades
de los agentes del Ministerio Público, para atender adecuadamente los
desafíos en la materia”.
Según el comunicado del gobierno federal,
los expertos de la ONU tuvieron acceso a personas aseguradas en centros
de readaptación social, estaciones migratorias, centros psiquiátricos y
prisiones militares, en tanto que tuvieron “encuentros de alto nivel
con autoridades de las Secretarías de Gobernación, de la Defensa
Nacional, de Marina-Armada de México, de Salud, así como de la Comisión
Nacional de Seguridad, del Órgano Administrativo Desconcentrado de
Readaptación Social, del Instituto Nacional de Migración y de la PGR”.
Asimismo,
tuvieron reuniones con integrantes del Consejo de la Judicatura
Federal, de la CNDH, que tiene como funciones la operación del Mecanismo
Nacional de Prevención de la Tortura, y con senadores.
El
comunicado señala que con la visita del SPT “el gobierno de la República
reafirma la importancia de la apertura y cooperación con los mecanismos
internacionales de derechos humanos, para complementar y fortalecer las
acciones para una efectiva protección y promoción de las libertades
fundamentales de toda las personas en nuestro territorio, en especial en
lo que toca a la prevención y erradicación de la tortura y los malos
tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes”.
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