QUINTO PODER
Por: Argentina Casanova*
A pesar de que la Reforma Constitucional del 2011 creó un nuevo
escenario legal de ciudadanización en la elección de las personas
titulares de las Comisiones de Derechos Humanos, éste sigue como un tema
pendiente en la agenda de México.
En la mayoría de las entidades sus titulares son designados por réplica
de los Congresos de la decisión del gobernante en turno. Un tema más
para la agenda de la Evaluación Periódica Universal que el Estado
mexicano deberá responder en 2018.
Que sea abogado, sí hombre de leyes y lo demás, es lo de menos. Así
parece ser la norma de muchas de las Comisiones Estatales de Derecho en
los procesos de renovación que insisten en mantener perfiles
patriarcales, dogmáticos e incondicionales de los gobernantes, cerrando
el paso a las y los abogadas derecho humanistas, pero también a
cualquier persona experta en el área que no haya cursado la licenciatura
en derecho, o siéndolo, haya dedicado su trabajo a la defensa de los
Derechos Humanos (DH).
En el estado de Campeche acaba de concretarse la renovación-imposición,
bajo el mismo procedimiento y desde la persistente línea
institucional-gubernamental, una vez más dejando fuera todo
reconocimiento y escucha a la ciudadanía representada por la sociedad
civil, especialmente por las organizaciones de defensa de Derechos
Humanos que impulsaron perfiles derecho-humanistas.
Es el absoluto autoritarismo por ejercer el control y el poder y mandar
el mensaje de que no se tiene interés por mediar y escuchar, por tomar
acuerdos con la sociedad civil que defiende los DH y que apoyan
candidaturas independientes, y de defensa a los derechos de las mujeres.
Si algo persiste es la intromisión del gobernante en la decisión. No
pueden dejar ese “cabo suelto” que consideran más una extensión de sus
secretarías que un organismo autónomo para la vigilancia del
cumplimiento al respeto de los DH.
Esto evidencia que no hay interés de respetarlos o que su cumplimiento avance en el sentido más amplio.
El mismo caso se presenta en Querétaro en donde se prepara la reelección
del actual titular, que ha estado rodeado de acusaciones en su contra
por acoso y hostigamiento laboral, y una vez más como una decisión
tomada desde fuera y desde el poder, más pensando en los intereses
institucionales y no en los DH.
El escenario es el mismo y no ha cambiado a pesar de la reforma
constitucional del 2011, que trajo consigo nuevos criterios y
compromisos –de ley- aunque no de facto, y son escasos los estados de la
República en donde hay verdaderos defensores o defensoras al frente de
las Comisiones, aunque dentro de las instituciones cada vez es más
frecuente encontrar aliadas y aliados que conocen y saben de la
responsabilidad real que implica estar en la institución.
El más grave riesgo es el desconocimiento de lo que implica ser y
asumirse como una persona defensora de DH y tener claro que no es para
hacerle el trabajo sucio al gobernante en turno, ocultar o quizá por ahí
bajarle los criterios de evaluación a las faltas cometidas por su
policía o sus servidores públicos. No, eso ya no funciona. Para eso
tenemos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
El mejor ejemplo que debiera servir de modelo de lo mal que pueden
quedar las Comisiones Estatales de Derechos Humanos si no hacen su
trabajo, incluso la propia Comisión Nacional, es lo que sucedió con la
denuncia de las mujeres víctimas de tortura sexual en el Estado de
México, donde fueron violadas por los policías que haciendo mal uso del
poder y el control que tuvieron durante la detención las sometieron a la
violencia sexual.
México ha postergado su informe ante el Comité de Expertas de la CEDAW,
pero se espera que a más tardar en 2017 esto se concrete, y/o
posiblemente se junte con el Examen Periódico Universal (EPU) en el que
estamos casi seguras que México saldrá reprobado.
Este tipo de actuaciones de los gobiernos de los estados de manipular
los procesos de decisión de las Comisiones de DH constituye la prueba
más concreta de que no les interesa la opinión que las organizaciones
defensoras tienen, ni las trayectorias que avalan.
Los titulares de las Comisiones sólo salen en tiempos de renovación para
buscar su aval, pero son escasos los que representan realmente los
intereses ciudadanos, que los respalde y escuchen, tal es el caso de San
Luis Potosí, donde no sólo fue la promovente de la solicitud de la
Alerta de Violencia de Género, sino que trabaja de la mano con las
organizaciones defensoras de los derechos de las mujeres.
Otro caso parecido es el de la Comisión de Baja California que incluso
trabajo en la promoción de la profesionalización de las corporaciones
policiacas en materia de género e investigación de delitos de alto
impacto contra las mujeres. Pero la última palabra siempre la tendrán
las ONG defensoras de cada entidad que conocen mejor sus contextos.
Hay excepciones que dan puntos positivos al Estado Mexicano, pero en
términos generales y sobre todo en algunos estados de hegemonías
políticas, las Comisiones de Derechos Humanos y su ciudadanización son
el gran pendiente del que deberá rendir cuentas el Estado Mexicano en el
EPU y que tendría que aparecer en el Informe CEDAW por el desinterés en
los derechos de las mujeres.
* Integrante de la Red Nacional de Periodistas y del Observatorio de Feminicidio en Campeche.
CIMACFoto:César Martínez López
Cimacnoticias | Campeche.- 
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