La pretendida evaluación imparcial de los conocimientos –sea a través de exámenes o entrevistas con presuntos expertos en los temas– se fortalece como el instrumento para intentar mitigar los impactos negativos de las cuotas partidistas en la selección y designación de los integrantes de los órganos de gobierno de organismos autónomos. Sin embargo, el proceso del organismo electoral no sólo no arroja buenos resultados, sino que evidencia que seguir por esta vía puede ser más contraproducente que benéfico.
La explicación de los malos resultados es que la pretendida solución tiene dos grandes problemas de origen: la aceptación de las cuotas partidistas –no busca acabar con ellas, sino acotar el margen de maniobra de las cúpulas de los partidos– y que el elemento indispensable para ejercer un cargo en dichos órganos es el dominio absoluto del tema; se deja de lado que todos esos organismos cuentan con equipos ejecutivos que realizan las labores técnicas y que los ciudadanos son los integrantes de los órganos de gobierno que no deben hacer labores operativas sino de planeación, control, evaluación e incluso políticas, en muchos casos.
Por supuesto que los integrantes de los órganos de gobierno deben conocer la materia de la que tratan, pero salvo en el caso de instituciones con actividades fundamentalmente técnicas, como el INEGI o el Coneval, no puede ser el criterio definitorio, porque los principales problemas que enfrentarán sus integrantes no serán de esa índole.
En todos los casos las entidades reguladas (partidos, gobiernos, grandes empresas, sindicatos, etc.) por estos órganos de control son poderes constitucionales o fácticos, con lo cual el mayor reto de los titulares de los órganos de gobierno es no sucumbir ante las presiones de toda índole que enfrentarán repetida y constantemente, y el objetivo es que sus decisiones y acciones logren someter especialmente a los más poderosos al imperio de la ley. Y para esto el conocimiento del tema e, incluso de la normativa vigente, no es el elemento indispensable, sino la independencia de los regulados, el carácter y el compromiso democrático, entre otros.
Por consiguiente, cuando el último filtro es la cercanía con las entidades reguladas, sea directamente –como en el caso del INE, donde los partidos políticos son los regulados y hacen la designación– o indirectamente, como en el caso del Instituto Federal de Telecomunicaciones, a través de la telebancada, el fracaso de los órganos reguladores está garantizado, pues las autoridades estarán sometidas a los regulados.
En el caso de la autoridad electoral este problema ya había aflorado en la designación de los integrantes de los consejos de los organismos estatales, donde los integrantes de los equipos ejecutivos o de los consejos de las autoridades electorales acapararon las nuevas posiciones. Esta tendencia aniquila el sentido de la ciudadanización, pues lo que sucede es que los profesionales de los procesos electorales monopolizan todas las posiciones –ciudadanas y profesionales–, con lo cual no hay equilibrio.
Este problema se extendió ahora al Consejo General del INE. Ciertamente sus tres nuevos integrantes no son profesionales técnicos, sino parte de los órganos de gobierno y, por lo tanto, ciudadanizados. Pero aunque dicha posibilidad no debe cerrarse absolutamente, sí puede generar dos efectos perniciosos: uno, ser un mecanismo de control de los partidos políticos sobre los consejeros de los órganos estatales –su posibilidad de llegar al Consejo General del INE depende de que no afecten los intereses de los mismos partidos–; y dos, la inevitable distancia que genera con el ciudadano el hecho de formar parte de estos órganos públicos –aunque sean organismos autónomos, viven del erario– y cuando estos ciudadanos se eternizan en dichas instancias, se burocratizan.
Hoy más de la mitad de los integrantes del Consejo General del INE han hecho toda su carrera como servidores públicos; es decir que siempre han vivido del presupuesto (y aquí excluyo a quienes han trabajado en las universidades o centros de educación superior o investigación públicos), con lo cual se pierde totalmente el sentido de ciudadanización que debía tener dicha instancia. El resto de sus miembros viene de la academia, pero no hay uno solo cuyo origen sea el sector privado, el ejercicio profesional independiente o las organizaciones de la sociedad civil.
La evolución del criterio de selección y el proceso de designación desfiguraron la ciudadanización del Consejo General del INE, fortalecieron la injerencia de los partidos en el Consejo y en toda la institución, al jugar con las expectativas de los consejeros de las instancias estatales y locales para obligarlos a cumplir con sus solicitudes. Un paso más en la dirección equivocada.