La Jornada
La detención en Italia
del ex gobernador tamaulipeco Tomás Yarrington, prófugo desde 2012 por
cargos relacionados con narcotráfico y corrupción y reclamado tanto por
la justicia mexicana como por la estadunidense, es el más reciente
recordatorio de una serie de casos judiciales protagonizados por ex
gobernadores o por altos funcionarios estatales en el país.
Cabe recordar que César Duarte Jáquez y Javier Duarte Ochoa, quienes
recientemente dejaron las gubernaturas de Chihuahua y Veracruz, se
encuentran prófugos; que Roberto Borge, Guillermo Padrés Elías, Humberto
Moreira, Luis Armando Reynoso Femat y Rodrigo Medina de la Cruz (ex
gobernadores de Quintana Roo, Sonora, Coahuila, Aguascalientes y Nuevo
León, respectivamente) han debido enfrentar en meses recientes
acusaciones penales en México o en el extranjero, y que el ex fiscal de
Nayarit, Édgar Veytia, y el ex secretario de Hacienda de Coahuila,
Carlos Villalobos Organista, fueron detenidos con diferencia de días en
territorio estadunidense; uno en San Diego, California, acusado de
tráfico de estupefacientes, y el otro, en Phoenix, Arizona, por presunto
desvío de recursos.
Más allá de la pésima imagen del país que proyecta la persecución
internacional de mandatarios y de altos cargos estatales mexicanos, es
innegable que las imputaciones y arrestos de gobernadores y de sus
cercanos colaboradores, sea en el territorio nacional o fuera de él,
conforman un retrato alarmante y exasperante de la descomposición
institucional que padece el país, de la incapacidad oficial para
controlar la desbordada corrupción y de la insolvencia de los mecanismos
de fiscalización y rendición de cuentas federales y estatales;
particularmente, en ese segundo nivel, es claro que tales mecanismos
suelen ser una mera simulación al servicio de los propios gobernadores.
Pero la alarmante repetición de casos como los referidos, en
los que se ven involucrados representantes de diversos partidos, resulta
también indicativa del descuido y la falta de responsabilidad de esos
institutos políticos, los cuales son, al fin de cuentas, los que
postulan a quienes realizan una labor gubernamental que culmina en
averiguaciones, arrestos e imputaciones, pero sólo por excepción en
penas de cárcel significativas.
La abundancia de casos de corrupción gubernamental lleva
obligadamente a preguntarse en qué medida las instancias en las que se
deciden las candidaturas pueden estar contaminadas por intereses
inconfesables y acuerdos previos para la obtención de beneficios
ilícitos, y si no es necesario plantearse escrutinios más rigurosos
sobre los ciudadanos que aspiran a cargos públicos.
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