Asa Cristina Laurell
La Jornada
Las protestas
de los trabajadores de salud se han convertido en un acontecimiento
cotidiano al igual que las manifestaciones de descontento de los
usuarios por las largas esperas o la falta de medicamentos y otros
insumos. Mientras las autoridades aseguran que están mejorando los
servicios, los directamente involucrados, trabajadores y usuarios, viven
una realidad diferente.
Un problema acuciante es la falta de personal y las contrataciones
irregulares, particularmente en la Secretaría de Salud (Ssa) y los
sistemas estatales del sector (SES), aunque los institutos de seguro
social también lo padecen. La reforma que creó el Seguro Popular (SP) en
2003 vino a agravar los álgidos problemas de personal en los SES que
son los que atienden a los afiliados. Las reglas de uso de los recursos
del SP y su dependencia del número de afiliados llevaron a un incremento
importante en las contrataciones precarias con salarios bajos y sin
prestaciones de ley. En un intento de regularizar la situación se
propuso a los gobiernos estatales crear plazas pagadas con recursos del
SP a condición de que los estados asumieran el costo de las prestaciones
laborales, especialmente la parte correspondiente a las futuras
pensiones, que representarían una carga financiera muy importante.
Es de suponer que en los gobiernos panistas se apostaba a un aumento
importante en la compra de servicios privados con fondos del SP que
hubiera trasladado la
cuestión laborala los prestadores privados, liberando al sector público del problema. El modelo del SP busca justamente provocar la competencia entre los prestadores privados y públicos y un proceso creciente de privatización. Hasta la fecha esto no ha ocurrido, pero el problema de las contrataciones anómalas ha crecido exponencialmente. Es el fondo del descontento de los trabajadores que, además, con frecuencia laboran sin los elementos básicos para prestar los servicios. Sus condiciones laborales precarias se traducen en una atención a la salud igualmente precaria. Así, el aspecto laboral es uno de los problemas estructurales del sistema público de salud cuya solución es requisito imprescindible para su buen funcionamiento.
En 2013 se lanzó el Programa de Formalización Laboral para
acotar el problema que para entonces alcanzaba a decenas de miles de
trabajadores. En este contexto hay que recordar que la descentralización
de los servicios de salud significó el congelamiento de los puestos
federales, ciertamente insuficientes, y desde entonces no se han creado
plazas federales regulares. El programa consiste en formalizar las
plazas precarias de los estados, pero excluye la posibilidad de reservar
la plaza y de acceder al escalafón, o sea, las nuevas plazas de base
quedan congeladas en el nivel más bajo de cada categoría. El programa
está condicionado a que haya suficiencia presupuestal para dedicar
recursos canalizados a través del ramo 33, FASSA, y entregados
directamente a los gobiernos estatales. Esta condición no se ha cumplido
debido a los sucesivos recortes del presupuesto de salud en los pasados
tres años. Ha habido una danza de cifras, pero no está claro cuántos
trabajadores han efectivamente sido regularizados. En todo caso en
febrero de 2016 había todavía 30 mil plazas por formalizar, según el
secretario de Salud.
Uno de los aspectos que confieren poca transparencia a la
formalización de plazas es que el sindicato de la Ssa (SNTSA), afiliado a
la FSTSE, desempeña un papel central en el proceso. Como otros
sindicatos corporativos priístas, usa las plazas para fortalecer la
lealtad de los afiliados a la dirigencia sindical y hay denuncias
sistemáticas sobre la venta de las mismas. Esto significa que las nuevas
no necesariamente se utilicen para regularizar el personal temporal o
que se den a personas que cumplan el perfil requerido y reglamentario.
Por otra parte, los gobiernos estatales también han hecho uso turbio de
las nuevas plazas. Ejemplo de ello son las maniobras de la Secretaría de
Salud de Ciudad de México, que promete regularizar y no lo hace,
permite la venta de plazas, etcétera, y otro, la huelga de hambre de
enfermeras en Chiapas. La consecuencia lamentable de estos abusos es que
la regularización de plazas no sirve para mejorar la prestación de
servicios. El actuar cotidiano de los sindicatos charros contrasta
con sus airadas protestas respecto del convenio de intercambio de
servicios médicos excedentes, que no es muy diferente a los otros que se
han firmado iniciando en 2011, sosteniendo que no hay personal
suficiente. De allí las continuas protestas de trabajadores y usuarios.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario