Impactantes
revelaciones sobre lo ocurrido a las niñas víctimas de abuso sexual por
efectivos de las fuerzas de paz en República Centroafricana se dieron a
conocer en una conferencia de prensa de la Campaña Código Azúl el 12 de
abril de 2017. Crédito: SVT
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Varias sobrevivientes de abusos sexuales a manos de efectivos de las
fuerzas de mantenimiento de la paz en República Centroafricana siguen
sin recibir la atención debida de la Organización de las Naciones Unidas
(ONU), concluyó un equipo de investigación sueco.
Tres años después de que surgieran los primeros casos de abusos
sexuales y de explotación por efectivos de la misión de paz en ese país
africano, un equipo de documentalistas suecos se contactó con varias
sobrevivientes, quienes dijeron que nunca llegaron los fondos prometidos
por el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef).
“Lo que exponemos no es que se hayan cometido esas atrocidades, sino
que entonces les prometieron un apoyo y simplemente desapareció”,
explicó una de las directoras del AIDS-Free World y de la Campaña Código Azúl, Paula Donovan, al ser consultada por IPS.
“La ONU necesita salvarse de sí misma”: Paula Donovan.
La organización primero documentó los casos de abuso sexual cometidos por efectivos de las fuerzas de paz en 2015 y que causaron indignación pública.
Niñas de entre ocho y 15 años, residentes de un campamento de
refugiados, denunciaron que las obligaron a tener relaciones sexuales a
cambio de alimentos y de otros bienes. Hay 14 soldados franceses
implicados en los hechos.
Tras reunirse con representantes de Unicef en República
Centroafricana, quienes dijeron que las niñas estaban atendidas y los
casos seguidos, la periodista Karin Mattisson y su equipo hablaron con
algunas víctimas que dieron una versión diferente de los hechos.
Una de las sobrevivientes, Martha, quedó embarazada y contrajo el VIH
(virus de inmunodeficiencia humana), causante del sida (síndrome de
inmunodeficiencia adquirida), cuando tenía 14 años, a raíz del abuso
perpetrado por un efectivo de la misión de paz.
“Al principio, Unicef dijo que se aseguraría que el soldado fuera
detenido, y que se ocuparían de la madre y del bebé para ayudarnos. Pero
luego, nada, nadie vino a vernos. Nosotros tuvimos que hacernos cargo
del niño”, relató su amiga.
Martha dijo que lo único que recibieron fue un “regalo” monetario de
unos 15 dólares, un saco de arroz, leche y azúcar. Mientras, el soldado
fue repatriado y no se sabe si se tomaron medidas punitivas.
Dos niños, también violados y que declararon en el marco de la
investigación inicial de la ONU, también dijeron que no habían recibido
ninguna ayuda. “Estamos tratando de salir adelante por nuestra cuenta.
Le vamos a buscar agua a la gente, lavamos autos, así hemos vivido desde
entonces”, relató uno de ellos.
La portavoz de Unicef, Najwa Mekki, dijo a IPS que la agencia ofreció
asistencia a los menores de los casos que conocen y que reforzaron su
procedimiento de denuncia, de asistencia a las víctimas y la
capacitación del personal desde 2015.
“Hacemos un seguimiento de los niños identificados en el programa de
televisión sueco, ofrecemos asistencia cuando corresponde y seguiremos
otorgando el apoyo necesario a cualquier víctima de explotación sexual y
de abuso que se presente o del que nos informen”, dijo a IPS.
El ex secretario general adjunto y alto representante de la ONU, el
embajador Anwarul Chowdhury, quien participa en la Campaña Código Azul,
explicó que la burocracia de la ONU perjudica la implementación de
medidas al impedir en ese tipo de casos que la información clara y
concisa siga la cadena de mando.
“Para cuando la información finalmente llega al secretario general,
está totalmente diluida”, dijo a IPS. Y sin todas las pruebas, cualquier
investigación se vuelve un “estudio falso”, añadió.
Y a pesar de las medidas tomadas por el foro mundial en 2015 para
hacer frente al escándalo, como la creación un grupo de revisión que
calificó de “enorme fracaso institucional” la respuesta de la ONU a la
explotación y el abuso sexual, no se tomaron medidas de sanción.
De hecho, en enero, concluyó una investigación francesa sobre esos
casos sin imputaciones. Además, los altos funcionarios de la ONU
acusados de abuso de autoridad por eliminar información en vez de
denunciar los casos, también permanecen impunes, observó Donovan.
El “enorme fracaso institucional” no hizo más que continuar, añadió.
“La justicia se demora y se les niega”, subrayó, por su parte, Chowdhury.
Donovan también señaló el uso problemático de “gente de adentro de la
ONU” para hacer frente al problema debido a sus preocupaciones por su
propio legado y reputación.
“Las personas que forman parte del problema quedaron encargadas de la
solución. No quieren presentarse y decir ‘esto es lo que está tan mal y
es horrible de la ONU y decidí arreglarlo’ porque ellos estuvieron a
cargo de todo”, explicó.
A principios de este año, el secretario general António Guterres anunció la creación de un grupo de investigación para analizar la respuesta de la ONU a la explotación y el abuso sexual.
Entre los integrantes del equipo se encuentra la subsecretaria
general para las fuerzas de paz Jane Holl Lute y el asesor militar del
Departamento de Operaciones de Paz, teniente general Carlos Humberto
Loitey.
Pero según Chowdhury, ningún grupo de investigación servirá para
nada. “Si es con gente de adentro de la ONU, no harán nada para poner lo
propio en el abuso”, explicó a IPS.
Donovan y Chowdhury pidieron un mecanismo judicial especial para atender los abusos sexuales de efectivos de las fuerzas de paz.
Chowdhury, por su parte, subrayó la necesidad de una unidad
independiente para realizar investigaciones y denunciar casos, y así
contribuir a que se tomen medidas contra los responsables y cuyas
acciones suelen gozar de la protección de sus compañeros.
“La ONU necesita salvarse de sí misma”, resumió Donovan.
Traducido por Verónica Firme
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