La digna voz
El 14 de marzo de este
año, el fiscal de Veracruz, Jorge Winckler Ortiz, indicó a la prensa que
habían sido encontrados 250 cráneos en un predio de la metrópoli
porteña, y sugirió que podía tratarse de la fosa clandestina más grande
del mundo.
Estos hallazgos confirman lo que grupos de la sociedad
organizada han denunciado durante los últimos 10 años: a saber, que
Veracruz es un vertedero de cadáveres, y la sede de un narco-holocausto.
(Glosa marginal: de 2007 a 2016, en el país se localizaron 855 fosas
clandestinas).
Lo cierto es que el estado de Veracruz cobró una
notoriedad insólita en el último año. De hecho, las investigaciones
sobre la crisis de derechos humanos en México a menudo acuden a Veracruz
como estudio de caso para entender las causas del drama nacional. Un
recuento de los costos humanos, pone de manifiesto que el narcoestado
tiene en Veracruz a uno de sus más estratégicos campos de guerra. Las
cifras dan cuenta de una tragedia humanitaria, y de una yuxtaposición de
facultades, jurisdicciones e imperios: en México, el narcotráfico
cogobierna con el PRI-Estado.
No obstante, si bien está
ampliamente documentada la crisis veracruzana por los propios actores
sociales, especialmente periodistas, lo cierto es que priva en el país
un desconcierto y un déficit en materia de análisis e interpretación.
En este sentido, urge problematizar adecuadamente el caso de Veracruz,
formular preguntas que orienten el análisis, y perfilar algunas
hipótesis que ayuden a entender la catástrofe del estado.
Por
ahora, interésanos acudir a dos preguntas absolutamente pertinentes:
¿qué razones explican la crisis multidimensional en Veracruz?; y ¿por
qué Veracruz es el epicentro de la tragedia nacional?
Para
responder a estas preguntas es preciso atender tres factores: la
relación PRI-estatal-nacional, el narcotráfico (como actor político), y
los efectos de la guerra.
Sólo a modo de contextualización, parece pertinente recapitular algunos de los horrores documentados por la prensa:
- En los últimos 10 años, Veracruz se convirtió en el lugar más peligroso de América Latina para el ejercicio profesional del periodismo. Sólo en los seis años de la administración de Javier Duarte de Ochoa, fueron asesinados 19 periodistas
- En el marco de la guerra contra el narcotráfico, Veracruz se convirtió en un laboratorio de la alquimia militarista (mando único policial, gendarmería nacional etc.). Y nadie puede objetar que esos experimentos militares se tradujeron en un estado de barbarie
- De acuerdo con estimaciones oficiales, de 2006 a 2014 cerca de dos mil personas fueron desaparecidas. Se calcula que cerca de 70 por ciento de esas desapariciones involucran a funcionarios públicos o agentes del estado
- Veracruz llegó ocupar el segundo lugar nacional en materia de secuestros, solo detrás de Tamaulipas, el estado vecino
- De 2011 a 2016, que es casi toda la administración de Javier Duarte de Ochoa, murieron por homicidio cerca de 3,500 personas ( Panorama Noticieros 14-X-2016)
- La justicia está en bancarrota: las organizaciones civiles documentan que la impunidad es casi del 100 por ciento
Estos
son sólo algunos de los costos sociales más tangibles de la catástrofe
veracruzana. Pero falta explicar por qué Veracruz es el epicentro de la
tragedia humanitaria en México.
De 2004 a 2010, el estado fue
gobernado por Fidel Herrera Beltrán del PRI, quien desde esos años ha
sido señalado por favorecer la creación de una especie de “consejo de
gobierno" extrainstitucional (“La Compañía”), conformado, entre otros
actores, por personal de los cárteles de la droga. En 2013, en una corte
de Austin, Texas, testigos protegidos confesaron que el cártel
Golfo-Zetas invirtió 12 millones de dólares en 2004 para que Fidel
Herrera alcanzara la gubernatura, a cambio de protección política en
Veracruz, “para operar el trasiego de drogas hacia Estados Unidos, lavar
dinero, extorsionar y secuestrar con libertad” ( Aristegui Noticias 9-IX-2014).
En
2007, cuando Felipe Calderón arrancó la agenda de la guerra, salieron a
la calle 45 mil militares. El estado de Veracruz alojó a una décima
parte del total. Es decir, cerca de 5 mil elementos castrenses.
Múltiples analistas han identificado que atrás del ejército estaba el
cártel de Sinaloa.
Parece que hasta allí se mantenía una especie
de alianza bipartita en el estado, con el cártel del Golfo-Zetas, y con
el cártel de Sinaloa, que era el cártel protegido del gobierno federal.
Una especie de pax mafiosa (no tan diferente del Pacto por México de Enrique Peña Nieto), que sin embargo ya comenzaba a cobrar algunas víctimas.
En
2010, el delfín de Fidel Herrera, Javier Duarte de Ochoa, también del
Partido Revolucionario Institucional, ganó las elecciones por escaso
margen. Como gobernador electo, anunció que iba a apoyar la estrategia
contra el narcotráfico del presidente Felipe Calderón. Es decir,
profundizó la relación con el gobierno federal, en detrimento de los
arreglos precedentes. Eso implicó un reacomodo de las estructuras
criminales en el estado, y, por consiguiente, una conflagración abierta
con el cártel de Los Zetas en provecho del cártel del gobierno federal:
es decir, el de Sinaloa, o más tarde, cártel Jalisco Nueva Generación,
Si
bien ya no tenía exclusividad, la evidencia sugiere que allí expiró la
alianza del PRI-estatal con Los Zetas, por disposición de los mandos
federales, y con la venia del gobierno de Veracruz. Y estalló la guerra.
Un testimonio de un jefe de Los Zetas, recogido por Vice News,
convalida esta conjetura: “ Ha habido enfrentamientos para rompernos la
madre a nosotros, pero ahí viene disfrazada la Marina, Policía Federal,
Mando Único. Vienen mezclados con los grupos (criminales). Prácticamente
estamos peleando contra fuerzas federales” ( https://news.vice.com/es/article/secretos-jefe-los-zetas-gobierno-abrio-puerta-pacta-otro-cartel ).
Por
otro lado, hay que recordar que Fidel Herrera dejó una deuda de 11 mil
millones de pesos en el estado, y Javier Duarte de Ochoa, en los
primeros años de gestión, se encargó de elevarla a más de 44 mil
millones de pesos.
En este sentido, el reacomodo delincuencial
debió responder a un acuerdo entre el gobierno federal de Felipe
Calderón, que demandó “limpiar la plaza” (minar la presencia de Los
Zetas para abrir el flanco a Sinaloa), y el gobierno estatal de Javier
Duarte, que aceptó el arreglo por la urgencia de recapitalizar las arcas
del estado con dinero de la federación, y desde allí operar la elección
presidencial de 2012. Ese año, dos empleados de Duarte fueron detenidos
en el aeropuerto de Toluca , Estado de México (entidad
natal-operativa-residencial de Enrique Peña Nieto), por transportar en
un avión dos maletas con 25 millones de pesos en efectivo ( Animal Político 30-I-2012).
Es importante destacar que Veracruz es el segundo estado más poblado,
con más de 8 millones de habitantes –sólo por detrás del Estado de
México– y la entidad con el segundo padrón electoral más alto, con más
de 5 millones de votantes. También es uno de los bastiones históricos
del PRI, porque hasta el año pasado (2016) el partido gobernó
ininterrumpidamente durante casi un siglo. De tal modo que es una
entidad clave para la política del país, en general, y para el PRI, en
particular.
Y, efectivamente, Veracruz fue una pieza clave en
la restauración priista de 2012. Ese año ganó la elección presidencial
Enrique Peña Nieto del PRI, y desde ese momento varios elementos de la
clase política estatal engrosaron las filas del gobierno federal. Poco
antes de la toma de protesta de Peña Nieto, Javier Duarte anunció:
“Vienen cambios importantes en la estructura federal; muchos
veracruzanos participarán en ellos…”
Tal vez ahora produce risa
o llanto, pero en esa misma oportunidad, el ahora prófugo exgobernador
remató: “Ya recibí invitación del presidente electo para participar en
su administración, solamente que es para enero de 2017” ( La Jornada 21-XI-2012).
Por
añadidura, en ese año de transición federal, y acaso como pago por
servicios electorales, Veracruz consiguió el tercer presupuesto más alto
para seguridad pública en todo el país, cerca de 390 millones de pesos,
sólo detrás del Estado de México y el Distrito Federal. El PRI nacional
concedió licencia para matar y delinquir en Veracruz, con márgenes
irrestrictos de impunidad.
Es evidente a todas luces que Veracruz es botín, laboratorio y base de operaciones de las agendas del PRI nacional.
Que
Veracruz figure como el epicentro de la tragedia nacional se explica
por la suma de tres factores: la relación satelital y rastrera del PRI
estatal en relación con el PRI nacional (y el PAN); el ensamblaje
integral del PRI estatal con el narcotráfico; y la habilitación de la
entidad como teatro de guerra para ensayar fórmulas de ocupación militar
y despojo a gran escala de recursos.
En suma, la crisis
humanitaria de proporciones holocáusticas en Veracruz, es el resultado
de las maquinaciones políticas del PRI-partido (en contubernio con
facciones del Partido de Acción Nacional).
Por eso el
exgobernador Javier Duarte –que sigue en calidad de prófugo– es un
protegido clave del gobierno federal. Y acaso por los arreglos con el
PRI, Felipe Calderón consiguió que el PAN postulara a Margarita Zavala
–su esposa– como candidata a la presidencia para la elección de 2018, a
pesar de la fuerte oposición de su partido.
La presidencia de
Enrique Peña Nieto, y la candidatura de Margarita Zavala, están
sostenidos en arreglos inconfesables con el narcotráfico, y en un
vertedero de cadáveres que comprende toda la geografía nacional, pero
cuyo epicentro está en Veracruz.
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